JOSE MANUEL SALAZAR ALONSO y Otros.
Expediente 178/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- EDUARDO MENDOZA CASTRO y Otros.
- JOSE MANUEL SALAZAR ALONSO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, al que acompaña el exhorto 545/2018-II (662/2018), de su libro de gobierno, debidamente diligenciado, derivado del diverso 38/2018-IV, del índice de este Juzgado. Finalmente, como está ordenado en proveído de uno de marzo del año en curso, envíese al archivo el presente cuaderno como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene al oficiante acusando recibo del cuaderno de amparo 178/2018, del índice de este Juzgado, asimismo, informa que dicho Juzgado asumió la competencia planteada. Consecuentemente, al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente cuaderno es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso existan documentos que por sus características deban devolverse a las partes. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón de cuenta levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo la notificación a los quejosos ********************, el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, por los motivos que indica En consecuencia, tomando en consideración que de la demanda de amparo se desprende que los directamente agraviados se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en las instalaciones del referido Centro de Reinserción Social, a fin de que notifique personalmente el presente proveído, así como del diverso de veintitrés de los corrientes, a los quejosos de referencia. Notifíquese; y hágase personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. "Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón de cuenta levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo la notificación a los quejosos ********************, el acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, por los motivos que indica En consecuencia, tomando en consideración que de la demanda de amparo se desprende que los directamente agraviados se encuentran privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en las instalaciones del referido Centro de Reinserción Social, a fin de que notifique personalmente el presente proveído, así como del diverso de veintitrés de los corrientes, a los quejosos de referencia. Notifíquese; y hágase personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por JOSE MANUEL SALAZAR ALONSO, EDUARDO MENDOZA CASTRO y JOSÉ RICARDO GUTIÉRREZ BARRERA, contra actos del DIRECTOR GENERAL DEL CEFERESO NÚMERO 12 CPS, CON RESIDENCIA EN OCAMPO, GUANAJUATO, y de otras autoridades, que estimaron violatorios de los artículos 1°, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 178/2018-IV. Ahora bien, a efecto de determinar cuál órgano jurisdiccional es el legalmente competente para conocer del escrito de demanda en comento, en principio es menester precisar la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará la pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el aludido artículo 37 de la Ley de la materia, es la aplicable en el caso concreto. En esa virtud, de inicio se tiene que la parte quejosa señaló en la demanda como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "[.] 3°- Autoridades Responsables con su doble carácter, ordenadora y ejecutora. I. Director General del CEFERESO No 12 Cps Guanajuato. II. Coordinadora del Área de Servicios Médicos, del CEFERESO No 12 CPS Guanajuato. III Subdirector del Área de Seguridad y Custodia, del CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato" "Actos Reclamados 1°- La Negativa de proporcionarnos la insistente Atención Médica que requerimos los hoy quejosos.. Quejoso: José Manuel Salazar Alonso. 2°- La negativa de proporcionarnos la atención Médica requerida para sanar mis padecimientos. Quejoso: Eduardo Mendoza Castro. 3°- La negativa de proporcionarnos la insistente Atención Médica... Quejoso: José Ricardo Gutiérrez Barrera. 4°- La Negativa de contestar las diversas peticiones donde se les a solicitado la insistente atención Médica..". En el caso que nos ocupa, como se puede advertir de la anterior transcripción, los actos que reclaman los aquí quejosos consisten en la negativa de proporcionarles la atención médica solicitada, así como de contestar diversas peticiones en las cuales ha solicitada la aludida atención médica. Asimismo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que estos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, de ahí que resulta claro que al señalar como autoridades responsables tanto ordenadora como ejecutora a las ubicadas en ese lugar, es allí en donde se ejecutan los actos reclamados y que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, ya que -como se ha visto- consisten en la negativa a proporcionarles la atención médica que requieren en su lugar de reclusión. Bajo la anterior premisa, procede determinar cuál de las reglas de competencia por territorio que se disponen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es la aplicable en el asunto que nos ocupa. Del referido precepto, se obtienen las siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que es aplicable la primera regla de competencia referida, puesto que como ya se dijo, conlleva una ejecución material y en la especie incluso se ejecuta en el lugar antes indicado donde los quejosos se encuentran privados de su libertad, al grado de señalar como autoridades ejecutoras a las áreas de servicios médicos y de seguridad y custodia del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS, Guanajuato, ubicado en el Municipio de Ocampo de la citada entidad federativa, así como a su Director General, sin señalar ninguna autoridad responsable en esta diversa ciudad. Lo cual incluso tiene razón de ser en que la negativa de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. Por lo que la competencia para el conocimiento de la demanda de mérito recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde se ubica el centro penitenciario o de reclusión donde se encuentran internos los quejosos. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.16 K (10ª.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: III, julio de 2016, visible en la página 2093, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión.". En el caso, es pertinente destacar que por Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. De lo anterior, resulta inconcuso que si, como refieren los quejosos en su escrito de demanda, se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, y lo que están solicitando es la atención médica en dicho centro de internamiento, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de garantías, se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, pues es dentro de esa jurisdicción donde se ejecuta el acto reclamado. Por consiguiente, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo, por considerar que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; por lo que con fundamento lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir de plano los presentes autos al Juzgado de mérito, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de amparo y del presente proveído. Además, vistos los efectos del acto reclamado, beneficia a los hoy quejosos, en virtud que estos podrán lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de sus derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al conocer del asunto un Juez de Distrito del lugar donde se encuentran recluidos. Solo resta señalar que, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la Materia, en el caso, no resulta procedente proveer sobre la suspensión de los actos reclamados pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En diversa tesitura, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente.
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