José Manuel Saiz Pineda
Expediente 809/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Manuel Saiz Pineda
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el ocho de noviembre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José Manuel Saiz Pineda; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las compulsas certificadas del expediente 181/2013, constante de veintiséis tomos, así como la copia certificada del toca penal 24/2018-I, las que adjuntó a su oficio 20343 y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 809/2021-4, promovido por ********************, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio PIII-686, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, al que adjuntó testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el amparo directo penal 823/2018, se declaró legalmente incompetente, el cual fue recibido el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el toca 24/2018-I, a través del cual se confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar, emitido por el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco. SEGUNDO. SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ADMITE LA DEMANDA. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito aceptó la competencia planteada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, y se avocó al conocimiento del asunto, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 809/2021-4; no se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado, toda vez que ya obraba en autos; tampoco se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados por ya obrar en autos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: ? La resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 24/2018-I, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco (fojas 9 y 10) y la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco (foja 24), al rendir su respectivo informe justificado aceptaron los actos que se les reclaman. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, la certeza de la resolución reclamada se robustece con las constancias que en copia certificada acompañó a su informe justificado, relativas a la causa penal 181/2013 constante de veintiséis tomos, y toca 24/2018-I; documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 623 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. En razón del sentido que se da a este fallo conviene relatar algunos antecedentes que emergen de las constancias certificadas de la causa penal 181/2013 y del toca 24/2018, que adjuntó a su informe con justificación la Sala Penal responsable. 1. El seis de febrero de dos mil catorce, la Jueza Tercero Penal del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, dictó auto de plazo constitucional en la vertiente de formal prisión, en contra del aquí quejoso en la causa penal 181/2013 de su índice, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el artículo 243, fracción I y su último párrafo, con relación a los artículos 8º, fracción III, 10, párrafo segundo y 69, todos del Código Penal del Estado de Tabasco (fojas 12299 a 12783 del tomo XII de prueba); 2. Inconforme con dicha resolución, el inculpado instó amparo indirecto, del cual correspondió conocer a este juzgado federal, quien lo registró con el número 986/2015, quien mediante sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, negó la protección constitucional solicitada (fojas 36395 a 36483 del tomo XXIV de pruebas); 3. En contra de dicho fallo el promovente del amparo, interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, quien lo registró como amparo en revisión 91/2016 y por ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 36925 a 37297 del tomo XXIV de pruebas), revocó la sentencia impugnada y concedió la tutela constitucional solicitada para los siguientes efectos: "En las relatadas consideraciones, al no reunir, la resolución combatida, las exigencias del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede REVOCAR la sentencia recurrida y CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por ********************, para el efecto de que el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de término constitucional de veintitrés de abril de dos mil quince, en la causa penal 181/2013. b) En su lugar emita otra resolución, en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia, haciendo nuevamente el estudio del cuerpo del delito en comento, determine que las pruebas de autos son insuficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad del referido quejoso en la comisión del ilícito de peculado, previsto y sancionado por el numeral 243, fracción I, en relación con el párrafo ultimo de dicho precepto; y, en consecuencia, decrete auto de libertad por falta de elementos para procesar y ordene su excarcelación; única y exclusivamente por lo que hace a la referida causa penal 181/2013." 4. En cumplimiento al fallo protector, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 37481 a 37483 del cuaderno XXIV de pruebas), la jueza penal de primer conocimiento, dictó en favor del indiciado y aquí quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, con relación exclusiva a la causa penal 181/2013; 5. Inconforme con dicha resolución, **************, a través de su defensor particular, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, quien (conjuntamente con los recursos de apelación interpuestos por diversos coencausados y el ministerio público) los registró con el toca 24/2018 y por resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, confirmó en sus términos el auto de libertad impugnado (fojas 923 a 2847 del tomo XXVII). Esta resolución es la que constituye el acto que se reclama en esta instancia constitucional. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide a la suscrita cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por el quejoso **********************, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Los conceptos de violación que expresa el quejoso son infundados en sus diversos aspectos y sin que se advierta deficiencia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con el propósito de justificar jurídicamente la anterior afirmación, es pertinente realizar las siguientes consideraciones de la resolución reclamada: Por su trascendencia, se estima oportuno en esta parte, transcribir las consideraciones que la Sala responsable emitió en respuesta a los motivos de impugnación propuestos por el defensor particular de José Manuel Saiz Pineda, en los siguientes términos (fojas 804 a 805 idem): "Bien, relación a los agravios expresados por los defensores particulares de los inculpados ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO Y ********************, relativo a que no se debió dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar sino un auto de sobreseimiento, en favor de sus respectivos defendidos. En efecto, es verdad, que el artículo 174 del referido Código procesal, dispone lo siguiente: "Artículo 174. Cuando no se satisfagan los requisitos para disponer el procesamiento, el Juez dictará auto de Libertad por falta de elementos para procesar. Si lo que corresponde es el sobreseimiento se dictará este, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si solo resuelve la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público podrá impugnar la resolución judicial que la disponga o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. La libertad tendrá carácter definitivo cuando transcurran reaprehensión o la presentación del inculpado. La libertad tendrá carácter definitivo cuando transcurran dos años desde que se dispuso aquella sin que se expida nueva orden de captura o presentación sin perjuicios de los plazos para que opere la prescripción. Las nuevas pruebas que promueva el ministerio público serán desahogadas en presencia del inculpado y del defensor, salvo que no comparezcan a pesar de haber sido citados legalmente. Cuando el ausente sea e defensor particular, el Juez designará a un defensor de oficio." De este precepto, se desprende que el juzgador podrá emitir cuando no se reúnan los requisitos para someter al inculpado a proceso. Alude también que cuando se advierta la procedencia de un sobreseimiento deberá declararse libertad absoluta del inculpado. Al respecto, los altos tribunales han sostenido que el auto de libertad por falta de elementos para procesar se emite cuando no se acredita dentro de las setenta y dos horas siguientes a su detención el cuerpo del delito, con la condicionante de que si el Ministerio Público se allega de pruebas suficientes, se reanuda el proceso penal (el proceso penal queda en suspenso); y que el auto de libertad absoluta se emite cuando el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de la responsabilidad o se demuestra que el indiciado no es responsable del delito que se le acusa, entonces el proceso penal finaliza. En concordancia a ello, el encasillado 14, fracción I y II, del Código Penal en vigor, dispone que se excluirá al inculpado de su responsabilidad, cuando el hecho se realiza sin la voluntad del inculpado (fracción I) y cuando falte alguno de los elementos descritos en el tipo penal (II). Por su parte, el numeral 188, fracción II, del mismo Código Instrumental dispone que procederá el sobreseimiento solo cuando se compruebe plenamente una excluyente de responsabilidad penal (fracción II). Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, este tribunal considera, contrario a lo sostenido por los disconformes, que la juzgadora estuvo en lo correcto al emitir auto de libertad por falta de elementos para procesar, dado que no hay elementos para sobreseer la causa, y por ende decretar la libertad absoluta de los consignados ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO Y ********************; habida cuenta que no está plenamente comprobado que en favor de dichos inculpados existan las causas eximentes de responsabilidad que mencionan. Es así, porque si bien es verdad que la autoridad jurisdiccional consideró en los autos apelados que no se acreditaban dos de los elementos del cuerpo del delito de peculado, como tampoco la probable responsabilidad penal de aquellos, en orden a la comisión del aludido ilícito, sin embargo, también se aprecia que ello, fue en razón de una insuficiencia probatoria; empero no porque estuviera plenamente probado el cuerpo del delito, ni la probable responsabilidad penal. Sin que se pierda de vista que tal decisión, en acatamiento a la orden del tribunal federal que concedió el amparo y protección de aquellos; quienes le ordenaron emitiera un auto de libertad por falta de elementos para procesar, dado que se carecía de elementos probatorios suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los inculpados, en virtud de la insuficiencia probatoria para tenerlo por acreditado. Incluso, el Tribunal Colegiado que otorgó el amparo y protección a los inculpados, en sus efectos ordenó a la A quo, dejar insubsistentes los respectivos autos de formal prisión emitidos en contra de ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO Y ********************, por el delito de peculado, y que en su lugar dictara otro en el que entrara al estudio del cuerpo del delito y determinara que las pruebas eran insuficientes para acreditar la probable responsabilidad de aquellos, en el delito de peculado, y emitiera un auto de libertad por falta de elementos para procesar y ordenara su excarcelación únicamente en la causa penal 181/2013. Luego, es legal la determinación de la Juzgadora, al emitir auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO Y JOSÉ MANUEL SAIZ PINEDA, por el delito de peculado; pues no procede emitir ni un auto absolutorio y por ende el de sobreseimiento de la causa." Por su parte, el peticionario del amparo, en sus conceptos de violación expresa esencialmente que: I. La resolución reclamada contraviene los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14, fracción II del Código Penal para el Estado de Tabasco, pues a pesar de que se actualizan diversas hipótesis de exclusión de su responsabilidad penal, se omitió decretar el sobreseimiento en la causa penal de origen; II. Refiere que los medios de prueba existentes no lograron acreditar los elementos del tipo penal y ello da nacimiento a la hipótesis de exclusión del delito ya citada. NATURALEZA JURÍDICA DEL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. Previo a dar respuesta a los motivos de inconformidad reseñados con antelación, es pertinente analizar la naturaleza jurídica del auto de libertad por falta de elementos para procesar y para ello se atiende al contenido de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación y rubro siguientes: Décima Época, Registro: 2010316, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 60/2015 (10a.), Página: 1525, "AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).", que en la parte que interesa establece: "VI. ESTUDIO DE LA CONTRADICCIÓN 76. Sentado lo anterior, se tiene que en la aludida contradicción de tesis 138/2006-PS, fallada el diez de enero de dos mil siete, esta Primera Sala abordó el tema consistente en si los autos de libertad bajo reserva de ley constituían una resolución que pusiera fin a la vía procesal penal. La respuesta fue negativa. (12) 77. Para ello, se dio una explicación preliminar sobre los tipos de determinaciones jurisdiccionales que podía tomar un juzgador en el término constitucional de setenta y dos horas, previsto en el artículo 19 constitucional, y se dijo que los autos de libertad bajo reserva no podían entonces ser recurribles a través de la vía directa del juicio de amparo, al no cumplir con el principio de definitividad requerido. Por medio de ese tipo de auto de libertad, se aclaró, no se daba por terminado de manera permanente el proceso penal, pues se abría la posibilidad al Ministerio Público para allegarse de nuevos elementos o pruebas para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado. Las consideraciones más importantes son las que se transcriben a continuación: "QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer. En aras de establecer el criterio que debe prevalecer, esta Primera Sala estima conveniente realizar algunas consideraciones a partir de los siguientes tópicos: a) Cuáles son las posibilidades para que el órgano jurisdiccional pueda actuar en el término constitucional de setenta y dos horas, previsto en el artículo 19 constitucional; b) Naturaleza jurídica del auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley; y, c) procedencia del juicio de amparo directo. "Con base en los tópicos relacionados en el párrafo precedente, se deberá establecer el criterio a prevalecer en esta contradicción de tesis. "A) Es importante destacar, en primer lugar, que una vez que se consigna la averiguación previa ante el órgano jurisdiccional competente, y se emite el auto de radicación del proceso -lo que implica el primer acto dentro del proceso- el órgano jurisdiccional cuenta con un plazo de setenta y dos horas para determinar la situación jurídica del indiciado. Lo anterior cobra vigencia a partir del contenido del artículo 19, primer párrafo, de la Ley Fundamental, en el que se consigna la garantía fundamental de no ser retenido por más de setenta y dos horas ante la autoridad judicial, estableciendo como excepción el que medie un auto de formal prisión que, necesariamente, deberá contener el delito que se impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. "Como consecuencia de lo anterior, el órgano jurisdiccional está en posibilidad de actuar bajo alguno de los siguientes supuestos: 1) que decrete el auto de formal prisión; 2) que emita el auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad; 3) que emita un auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo las reservas de ley; y, 4) que emita un auto de libertad absoluta. "Por lo que hace al auto de formal prisión, debemos señalar que constituye el acto mediante el cual, cuando se comprueban el cuerpo del delito (elementos normativos y objetivos del delito), y la probable responsabilidad del indiciado (elemento subjetivo del cuerpo del delito), y siempre que se trate de delitos respecto de los cuales las leyes prevean penas privativas de la libertad, y que no se actualice una excluyente de responsabilidad, se sujete al proceso penal al indiciado y se ordene su reclusión en un centro de prisión preventiva hasta en tanto se dicte sentencia firme. "Ahora bien, en cuanto al auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad, es importante señalar que, a diferencia del auto de formal prisión, en este caso aun cuando se acredita de manera fehaciente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se ordena la liberación del indiciado y su sujeción al proceso, pues el delito por el cual se sigue el proceso tiene contemplada como sanción una pena que no es privativa de libertad o tiene pena alternativa (prisión o multa); en este sentido, la norma penal aplicable prevé que el indiciado enfrente el proceso en libertad. "La tercera posibilidad, el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reservas de ley, se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica del individuo en setenta y dos horas siguientes a su detención, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal. "Es de señalarse que el auto referido, si bien, tiene como consecuencia la libertad del individuo, ello no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que, precisamente, el término bajo las reservas de ley, tiene como consecuencia el que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. "En cuanto al auto de libertad absoluta es preciso señalar que constituye una excepción a la regla general, esto es, que en la práctica decretar este auto tiene como presupuesto, por ejemplo, el que se demuestre que el delito ha prescrito, que existe una causa de exclusión de responsabilidad o que se demuestre a través de una prueba indubitable que el indiciado no es probable responsable de la comisión del delito por el que se intentaba sujetarle al proceso. "B) Ahora bien, por lo que respecta al auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, es necesario establecer su naturaleza jurídica a fin de determinar si con dicho auto se pone, o no, fin al proceso penal. "Auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo las reservas de ley -como se señaló en párrafos precedentes- se dicta cuando al determinar la situación jurídica del indiciado falta algún elemento para tener por acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del mismo, lo que imposibilita sujetarlo al proceso penal. "... "Ahora bien, la consecuencia que conlleva el dictado del auto referido, es que el Ministerio Público esté en posibilidad de allegarse de nuevo acervo probatorio suficiente, para acreditar con plenitud el cuerpo del delito o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, es decir, con la emisión de dicho auto se permite a la autoridad ministerial buscar nuevos datos para subsanar la falta o el error cometido en la indagatoria y su posterior consignación del indiciado, sin que ello implique que vuelva a ejercer acción penal en su contra, pues materialmente ya está formada una causa penal. Situación ésta que tiene como consecuencia necesaria el que se reanude el proceso penal incoado en contra del indiciado, pues ya no es necesario solicitar la aprehensión del mismo, siendo bastante el hecho que, desde un principio, haya puesto en ejercicio su actividad persecutoria ejerciendo acción penal. "... "Lo anterior, permite considerar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo la reserva de ley, dictado por el tribunal de apelación, al revocar el auto de formal prisión, no es una resolución que ponga fin al juicio, pues precisamente, el término bajo reserva de ley, permite que el Ministerio Público se allegue de nuevos datos para subsanar el error o falta cometidos en la indagatoria y consignación realizada (como se dijo, por falta de comprobación de algún elemento del cuerpo del delito, o de la probable responsabilidad del indiciado) lo que implica la reanudación del mismo proceso penal. "Así, podemos señalar que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta sin perjuicio de que, por datos que hagan prueba plena se proceda contra el inculpado, pues dicho auto no reviste la calidad de verdad legal, puesto que no pone fin al proceso penal instaurado en contra de aquél. ." Con base en lo anterior, como características esenciales del auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, pueden destacarse las siguientes: a) Se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica de la persona en setenta y dos horas siguientes a su detención o su ampliación, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se imputa o de la probable responsabilidad del indiciado, que de momento no hace posible el que se le sujete a proceso penal, y b) Si bien, tiene como consecuencia la libertad de la persona, ello no implica que el proceso penal haya concluido; toda vez que, precisamente, el auto de libertad bajo las reservas de ley, abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. En consecuencia y como bien lo ponderó la Sala responsable, la emisión de un auto de libertad con las reservas de ley, no implica la actualización de alguna causa de exclusión del delito en favor del aquí peticionario del amparo, por ello, correctamente estimó ajustado a derecho el actuar de la juzgadora de primer conocimiento de concretarse exclusivamente a dictar un auto de la naturaleza antes indicada. A lo que habrá de sumarse que dicha juzgadora, estaba ineludiblemente constreñida a dictar su resolución en ese sentido y no en uno diverso, con motivo de las directrices que le fueron fijadas en la ejecutoria del amparo en revisión 91/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Circuito (siendo categórico el Tribunal Colegiado en que la concesión del amparo era para que se decretara auto de libertad por falta de elementos para procesar), aspecto que también fue advertido en forma acertada por la Sala responsable. Aunado a que, con apego a derecho, la alzada responsable estableció que si bien era verdad que la autoridad jurisdiccional A quo consideró en los autos que no se acreditaban dos de los elementos del cuerpo del delito de peculado, como tampoco la probable responsabilidad penal de los inculpados, en la comisión del aludido ilícito; sin embargo, también se precisó que ello, fue en razón de una insuficiencia probatoria (como incluso fue destacado por el mencionado Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 91/2016), aspecto que de suyo, da pie a que la representación social investigadora respectiva se encuentre en aptitud de allegarse más elementos de prueba tendentes a perfeccionar el ejercicio de la acción penal. Luego, en manera alguna los pronunciamientos emitidos por la juzgadora de la causa, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 91/2016, tenían el alcance de propiciar el sobreseimiento en el proceso, lo que evidencia lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en los cuales aduce que se actualizan los supuestos del artículo 14, fracción II, del Código Penal para el Estado de Tabasco. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de inconformidad y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por *****************. Negativa que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, dado que el acto reclamado no se combate por vicios propios, si no en vía de consecuencia. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por los motivos expuestos en la partes considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese el escrito signado por Jorge Darvin Silva Castillo, autorizado del quejoso José Manuel Saiz Pineda, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "LBCabogados". Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.
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MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite: Original de la demanda de amparo promovida por José Manuel Saiz Pineda. Informes justificados. Emplazamientos de los terceros interesados. Compulsas certificadas del expediente 181/2013, en (veintiséis tomos). Copia certificada del toca penal 24/2018-I. Oficio PIII-686, al que adjuntó testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de ocho de julio del presente año, en el amparo directo penal 823/2018, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda. Acúsese recibo. ANOTACIONES. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 809/2021-4. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Por lo antes expuesto, con apoyo en el artículo 46 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común específicamente en su numeral 36, fracción XIII, párrafo quinto y sexto, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Por lo anterior, téngase a José Manuel Saiz Pineda, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Se hace saber a las partes que el Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, dictará la sentencia en el presente juicio de amparo, lo anterior a fin de que de estimarse necesario, de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, hagan valer alguna causa de impedimento. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Sin que sea necesario requerir informes justificados a las autoridades responsables Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Tercero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en virtud de que éstos ya obran agregados en autos, y con el cual se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. CONSTANCIAS POR CUERDA SEPARADA Ahora bien, en virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la primera autoridad citada consistente en compulsas certificadas del expediente 181/2013, en (veintiséis tomos) y copia certificada del toca penal 24/2018-I, en apoyo a su informe justificado, se procede a dejar éste por cuerda separada, quedando para consulta de las partes en esta secretaría. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo al Erario del Estado de Tabasco, por medio de quien legalmente lo represente, como parte tercero interesada en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de terceros interesados en el presente asunto a los Fiscales adscritos a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia en esta ciudad. Atento a lo anterior, emplácese por oficio tal y como lo establece el numeral 26 fracción II, inciso b), del ordenamiento legal en cita a los referidos fiscales, anexándole copia simple de la demanda de amparo auto admisorio de la presente fecha, e informes justificados que obran en autos, a fin de que manifiesten lo que a sus interés convenga. Por otra parte, no es el caso, reconocerle el carácter de tercero interesado a Andrés Rafael Granier Melo, en virtud, de que éste resulta ser coinculpado en el juicio de origen, por lo que no le reviste tal carácter, al no tener interés en que subsista el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía al caso, la tesis VII.2o.C.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1150, Tomo VII, Septiembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CODEMANDADO, NO ES TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debe establecerse que los codemandados del quejoso en el juicio del que deriva el acto reclamado, no reúnen el carácter de terceros perjudicados, pues de ninguna forma puede establecerse que aquellos tengan intereses contrarios a éste, ni mucho menos que sean contraparte del mismo, habida cuenta que, en todo caso, tienen el carácter de litisconsortes del quejoso, y que, por lo mismo entre ellos no existen intereses contrarios, a más de que la resolución que se emita en el amparo donde se conceda la protección constitucional, beneficia a los codemandados." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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