Jose Manuel Saiz Pineda

Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
15/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Jose Manuel Saiz Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DE ***** DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN...

  2. Principal

    VISTO LO DE CUENTA......TENGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.....POR EL CUAL REMITE LOS ACUSES DE LOS OFICIOS......AHORA BIEN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO INFORMADO POR LA RESPONSABLE......HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO...SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO....EN CONSECUENCIA, DEJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL....

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por **** mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con su contenido dese vista a las partes ***** Ahora, la autoridad responsable aduce remitir los originales de los acuses de los oficios de su índice, sin embargo, no los adjuntó a su informe de mérito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida potestad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de los oficios descritos con anterioridad; ya que resultan necesarios para resolver en definitiva este asunto. Hágase saber que en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, se le impondrá una multa de *****

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco. En ese sentido, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la presente demanda de amparo, en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 109, 110, 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como el juicio 15/2018-IX y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Asimismo, se le informa a las autoridades responsables que no habrá necesidad de emitirles oficios para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una notificación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la nueva fecha y hora acordada para ese efecto la podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídasele a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, en el entendido que se tendrán por rendido extemporáneamente aun y cuando se rindan antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Indíqueseles a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multárseles con cien a mil unidades de medidas de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rindan su informe justificado o lo haga sin remitir, en su caso con copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio. De igual forma, comuníqueseles que se les sancionará con multa de cien a mil unidades de medidas de actualización, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y su actualización será acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Asimismo, con fundamento en los artículos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento de la parte quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la normatividad en comento); sin embargo, el suscrito considera que no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, sino que eso dependerá del contexto de cada asunto; puesto que algunas ocasiones el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares; por lo que de ser ese el caso, no es dable sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir citas y notificaciones el que índice en su escrito de cuenta; autorizando en términos del artículo del 12 de la Ley de Amparo a Víctor Manuel Hilario Flores, Jorge Darvin Silva Castillo y Adriana María González Carrera, por tener registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como abogados, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. En relación con la autorización para obtener imágenes digitales por medio de cualquier dispositivo móvil, de conformidad con la circular 12/2009, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda favorable su petición y se autoriza al quejoso el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, aptos para realizar esas funciones. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. Finalmente, en lo que refiere a la solicitud consistente en que se abstenga de dar publicidad al nombre del aquí quejoso, así como cualquier dato personal, dígasele que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

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