José Manuel Saiz Pineda

Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 34 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2018
Año
2018
Actuaciones
34
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Saiz Pineda
  • Fiscal del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía Especializada Anticorrupción En el Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedida a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Manuel Saiz Pineda, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el párrafo inmediato anterior, para los efectos que en seguida se sintetizan: ". 1). Emitir un acuerdo por el cual, de manera expresa reconozca el derecho del aquí quejoso José Manuel Saiz Pineda, para tener acceso a las actuaciones de la indagatoria DGI-206/2014, a fin de que pueda ejercer de una manera activa su derecho fundamental de una adecuada defensa; esto es, para que pueda ofrecer los medios de prueba que estime conducentes con el objeto de desvirtuar la imputación realizada en su contra. 2). Notificar dicho acuerdo a la parte quejosa, en la inteligencia de que dicha notificación podrá realizarse en el domicilio señalado en el presente juicio de amparo. 3). Asimismo, para el caso de existir pruebas pendientes por practicar, ordene de inmediato su desahogo; y, 4). O bien, si en el caso particular, ya no existen pruebas por desahogar, deberá emitir la determinación definitiva correspondiente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, dentro del plazo máximo de noventa días naturales, contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución; en el entendido de que deberá señalar si tuviese alguna imposibilidad para integrar la referida indagatoria dentro del término concedido, sustentando sus aseveraciones con las constancias correspondientes. Se estima que, después de más de cuatro años, el plazo que se ha señalado resulta más que suficiente para concluir las diligencias o probanzas que considere necesarias para integrar la indagatoria y determinar la procedencia o no de la acción penal. Esta resolución no tiene como consecuencia que la determinación que deba emitir el órgano investigador, sea en favor del ahora quejoso, pues únicamente lo constriñe a continuar con la investigación del delito y a realizar un pronunciamiento, ya sea en uno u otro sentido, con el objeto de evitar que permanezca en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en relación con la referida indagatoria1." Firmeza de la Sentencia Resolución constitucional que fue recurrida por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes del Estado de Tabasco, recurso de revisión que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia del Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual confirmó la sentencia recurrida. Acto de la Autoridad en relación con el Cumplimiento 1 Foja: reverso 181-182 En cumplimiento a la ejecutoria en comento y previos requerimientos, la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal, emitido el treinta de enero del año en curso, en la averiguación previa DGI-206/2014; las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el Cumplimiento. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis Evaluativo Así, del análisis de las constancias remitidas por la responsable y que obran glosadas a los presentes autos, se advierte lo siguiente: ? El treinta de enero de dos mil veintiuno, al considerar que no contaba con los elementos necesarios para acreditar la responsabilidad penal del aquí quejoso por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Peculado, con fundamento en los artículos 129 y 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, emitió un acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa DGI/206/2014 de su estadística. De lo expuesto, se puede concluir que se cumplió la ejecutoria de amparo, considerando que la responsable acató los lineamientos para la que fue concedida, esto es, emitir un auto que resolviera en definitiva la averiguación previa de origen: lo anterior, conllevan a este juzgador declarar que la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Publicación de datos personales Finalmente, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee: intégrese a los autos para que surtan sus efectos legales el oficio remitido por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa y remite copia cotejada del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal, emitido el treinta de enero del año en curso, en la averiguación previa DGI-206/2014. En esas condiciones, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y las constancias que integran el expediente.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido e intégrese a los autos el oficio signado por el Director de Amparos y Resolución de Consultas, por ausencia del Fiscal General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción pena emitido el treinta de enero de dos mil veintiuno, en la averiguación previa DGI-206/2014; en atención a su contenido, téngase en vías de cumplimiento a la autoridad responsable y se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por el momento, no ha lugar a requerir el cumplimiento en virtud de que aún no transcurre el término concedido a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía al Combate a la Corrupción, en proveído de tres de febrero actual.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee: intégrese a los autos para que surtan sus efectos legales el oficio remitido por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el treinta de enero pasado, dictó acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa DGI-206/2014. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE AL FISCAL GENERAL Y A LA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DELITOS COMUNES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes al que sean notificados REMITAN COPIA CERTIFICADA O INFORMEN EL RESULTADO DEL ACUERDO DE CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA DGI- 206/2014, mismas que deberán ser completas y legibles. Se apercibe a las autoridades que en caso de omisión, se les impondrá de manera individual una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."

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