José Manuel Ruiz Tapia
Expediente 206/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Ruiz Tapia
- Titular del Centro de Formación Y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Secretario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 19730, derivado del auto de treinta y uno de octubre pasado. Por otra parte, respecto a la diversa solicitud que hace relativo al acuse de los autos del juicio de amparo ********************/********************, se le informa que en el oficio 12360, derivado del conflicto competencial administrativo .21/******************** de su índice, adjuntó los autos del referido juico, al efecto se le remite copia que obra en el expediente electrónico de la recepción del comunicado en comento en la oficialía de partes de este órgano, del que se advierte dicha circunstancia, no obstante lo anterior, se acusa recibo de los autos originales del juicio citado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponden, los oficios signados por el Secretario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita acuse de recibo del oficio 12360, por el cual remitió el testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial administrativo 21/2023 de su índice, interpuesta por Calavo de México, S.A. de C.V., atento a lo anterior se hace del conocimiento a la autoridad oficiante que, en proveído de veintitrés de junio pasado se tuvo por recibido el comunicado en comento, no obstante a lo anterior, se acusa recibo del oficio 12360; a fin de evitar mayores dilaciones, remítasele el oficio de que se trata, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista, la razón actuarial levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, toda vez que, el quejoso no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y de la demanda de amparo no se advierte uno diverso en el cual se pudiera notificar. Expuesto lo anterior, y toda vez que este juzgado federal no cuenta con diverso domicilio para notificar a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, fracción a), de la Ley de Amparo, se ordena al fedatario judicial, proceda a notificarle el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por lista y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE ACUERDO Y EL DIVERSO PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, MEDIANTE PROVEÍDO DE NUEVE DE AGOSATO DE DOS MIL VEINTITRÉS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA ADSCRIPCIÓN Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ MANUEL RUIZ TAPIA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y DIVERSO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN:uapan, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista, la razón actuarial levantada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, toda vez que, el quejoso no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y de la demanda de amparo no se advierte uno diverso en el cual se pudiera notificar. Expuesto lo anterior, y toda vez que este juzgado federal no cuenta con diverso domicilio para notificar a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, fracción a), de la Ley de Amparo, se ordena al fedatario judicial, proceda a notificarle el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por lista y las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE ACUERDO Y EL DIVERSO PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.Uruapan, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Agréguese a los autos para obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual, el Secretario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano jurisdiccional el nueve junio de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial administrativo 21/2023. Acúsese el recibo Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "...PRIMERO. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es competente para conocer el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente conflicto competencial. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, en acatamiento a lo resuelto por la superioridad, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Determinado lo anterior, respecto del acto aquí reclamado consistente en: "LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL 2023, DENTRO DEL EXPEDIENTE DE SEPARACIÓN Q/034/SEP/025/2022, SEGUIDO EN MI CONTRA, DICTADA POR EL C. EL TITULAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA [.]" Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; y es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora, de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" El precepto transcrito, consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de los actos de autoridades administrativas que estime lesionaron sus derechos, los juicios establecidos en las leyes ordinarias que rijan a esos actos, antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así, para actualizar la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se adelantó, en primer término, debe tratarse de un acto de autoridad administrativa, contra el cual proceda un recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, bajo las condiciones siguientes: Siempre que conforme a las leyes rijan al acto, se suspendan sus efectos mediante la interposición del juicio que haga valer el quejoso. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. Sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Ahora, el invocado precepto establece excepciones para no agotar el juicio que rija al acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo, las cuales son: Si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Luego, se tiene que, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, establece: "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Esto es, dicho numeral contempla un recurso previsto en Ley, a través del cual el gobernado a quien se le siguió un procedimiento administrativo y en este se haya dictado resolución que considere contraria a derecho, está en condiciones, de interponer ese recurso, porque, por virtud del mismo puede lograr que esa resolución sea modificada, revocada o nulificada. Sin embargo, también deja en condiciones del gobernado de optar contra dicha resolución interponer el recurso de revisión en comento o, intentar la vía jurisdiccional que corresponda cuando proceda. En ese sentido, si bien, para los efectos del principio de definitividad en el juicio de amparo, en este caso, resultaba opcional para la parte quejosa interponer el recurso de revisión, previsto en el artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, porque, podía optar por intentar la vía jurisdiccional, en el caso, el Juicio de nulidad, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: *** XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; Entonces, de lo expuesto, se obtiene que el acto reclamado bien puede recurrirlo el quejoso en su carácter de parte formal en el expediente con terminación 025/2022, ante la propia autoridad responsable a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 83 de la Ley Ley Federal del Procedimiento Administrativo, sin embargo, era optativo para éste hacer valer ese recurso o no. Empero, aquello que no le era optativo al quejoso, previo al juicio de amparo era el inicio del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el propósito modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, en razón de que la discrecionalidad en favor del gobernado para interponer o no el recurso ordinario de revisión contra ese acto, en forma alguna lo dispensa de la obligación de instaurar en su contra el juicio de nulidad en términos del artículo 3, párrafo primero, fracción XII y último párrafo, de la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además de que el juicio de nulidad prevé la suspensión del acto administrativo a combatir con los mismos alcances que los que prevé la suspensión en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, podrá presentarla el actor o su representante legal; asimismo, en las fracciones I, II y III, de ese numeral se prevé el cómo se tramitará y cuándo se resolverá dicha solicitud. Esto es, se concederá la suspensión del acto administrativo siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Siendo en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable deberá satisfacer los siguientes requisitos. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Siendo que el Magistrado Instructor -en el juicio de nulidad- deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. En tales condiciones, la suspensión prevista en el juicio de nulidad del acto reclamado no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ahora, es importante señalar que el acto reclamado no carece de fundamentación, esto es, sin que se entienda como un pronunciamiento de esta juzgadora en torno a la actuación correcta o incorrecta de la autoridad responsable, resulta oportuno advertir al dictarse el acto administrativo que se reclama, la autoridad aplicó diversos dispositivos previstos en Leyes Federales, como la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, entro otras, es decir, el acto está fundando. Luego, se tiene que el quejoso no solamente alegó violaciones directas a la Constitución en sus artículos 14 y 16, sino que también refirió infracciones del procedimiento. Por último, la existencia del juicio de nulidad lo prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, no está previsto en un reglamento. Por lo que no se actualiza excepción para que el quejoso, previo al juicio de amparo acudiera al juicio de nulidad para combatir el acto reclamado. En ese orden de ideas, al no haber promovido el juicio de nulidad previo al juicio de amparo, es inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a dicho acto. En suma, al existir un juicio ordinario que debía promoverse en forma previa a acudir al juicio de amparo respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable entre otras al Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, es que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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