José Manuel Rosales López

Expediente 133/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
133/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Rosales López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se negaron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 133/2021, promovido por José Manuel Rosales López, por propio derecho, contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. ANTECEDENTES De lo narrado en la demanda de amparo, se advierte que José Manuel Rosales López, refiere ser ciudadano mexicano, y precisa que las autoridades responsables han sido omisas en declarar al estado de Oaxaca en Semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, en virtud del elevado número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). Aduce que no existe una estrategia integral dirigida a evitar acciones que propician el contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca, consistente en acciones para evitar aglomeraciones en lugares públicos y que los ciudadanos del estado respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del referido virus; por ende, se pone en peligro su vida. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Manuel Rosales López, por propio derecho, mediante escrito presentado de manera electrónica el diez de febrero del presente año, turnado el mismo día a este juzgado, promovió juicio de amparo en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. En proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca admitió a trámite la demanda de amparo y la registró bajo el número 133/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretario de Salud del Gobierno Federal Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca Secretario de Salud del Estado de Oaxaca Director de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca Actos reclamados La omisión de declarar al estado de Oaxaca en Semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, en virtud del elevado número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). La falta de una estrategia integral dirigida a evitar acciones que propician el contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. La falta de medidas y acciones necesarias para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. La falta de medidas y acciones necesarias para evitar la celebración de eventos públicos y privados que permiten la aglomeración de personas, y con ello evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca. La falta de aplicación de mecanismos y medidas para verificar que los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca cumplan con las medidas sanitarias mínimas (uso de cubre bocas, lavado constante de manos, etc.) con la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsable. El Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, en representación del Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado; Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Oaxaca; y, el abogado general de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud del Gobierno Federal, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, negaron la existencia de los actos reclamados, ya que aducen que el gobierno federal, como el estatal, en el ámbitos de sus atribuciones, han implementado las medidas pertinentes para mitigar y combatir la propagación del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). PROCEDENCIA Ahora bien, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si respecto al acto reclamado se actualiza una causa de improcedencia, porque éstas deben examinarse lo aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, de oficio, se advierte que contra los actos reclamados que controvierte la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". En efecto, el interés jurídico y legítimo necesario para ejercer la acción constitucional, tienen su origen con el principio de instancia agraviada que rige en el juicio de amparo, y el cual se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede advertirse, la norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Acorde con lo anterior, en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 5, fracción I, párrafo primero, 6º, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos reproducidos, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). De igual forma, establecen que el juicio únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor, cuando el acto reclamado produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las vertientes jurídica o legítima. Por otra parte, cuando el acto reclamado no cause agravio al quejoso, es decir, no lesione el interés jurídico o legítimo, tendrá como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo será improcedente: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Al respecto se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro, visible a página 25, Volumen 37, Primera Parte, Materia Común, Registro: 233516, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un 'poder de exigencia imperativa'; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan 'el poder de exigencia' correspondiente." Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, en una primera aproximación ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora, en cuanto su alcance y contenido para la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sustentadas entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una serie de directrices para analizar los juicios de amparo en los que el promovente alegue una afectación en su interés legítimo. Así, en primer lugar, el Máximo Tribunal del País dejó claro que el interés legítimo es distinto al interés jurídico que tradicionalmente se exigió para la procedencia del juicio de amparo. Su inclusión como una posibilidad para acudir al juicio constitucional deriva de la reforma al juicio de amparo, publicada en Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en relación a la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de mil once, la cual creó un nuevo paradigma constitucional. En ese contexto, el análisis del interés para comparecer al juicio de amparo, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. legítimo, y iii. jurídico. En relación a los tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, el cual puede ser individual, es decir, solo corresponde a un individuo -con independencia del nivel de afectación-; mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible, con independencia de que también pueda ser ejercido en forma individual. Por otra parte, en relación al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se habla de interés simple, legítimo y jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"; en cambio que el interés jurídico, como se expuso, es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora, en relación al interés legítimo, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, en cualquier vertiente, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclarar que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, el órgano de control constitucional al apreciar el interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado, sino que, al igual que sucede con el interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un mero interés simple que no hace procedente el juicio constitucional. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo, es decir, el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de pruebas idóneos para ello, y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro 2007921, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Expuesto lo anterior, en la especie, la parte quejosa acude a la instancia constitucional bajo la figura del interés legítimo, por lo que para determinar si cuenta con éste, se debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega. Así, respecto a la naturaleza del derecho conculcado, relacionado con el perjuicio que aduce resentir la parte quejosa con las omisiones que a su decir incurren las autoridades responsables, alega una afectación al derecho a la salud reconocido en el numeral 4 Constitucional. En ese sentido, en principio, cualquier persona física o moral que pertenezca a una colectividad determinada en el cual se ejecutaron actos que considere quebrantan el derecho humano a la salud, tendrá legitimación para acudir a sede constitucional a reclamar su posible trasgresión; empero, para determinar si cuenta con interés legítimo, será necesario demostrar la afectación durante el juicio. En el caso que se analiza, José Manuel Rosales López, refiere ser ciudadano mexicano, y precisa que las autoridades responsables son omisas en declarar al estado de Oaxaca en Semáforo de riesgo epidemiológico color rojo, en virtud del elevado número de contagios y defunciones a causa del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19). Aduce que no existe una estrategia integral dirigida a evitar acciones que propician el contagio del virus SARS-CoV2 (Virus causante del COVID-19) entre los ciudadanos que habitan en el territorio del Estado de Oaxaca, consistente en acciones para evitar aglomeraciones en lugares públicos y que los ciudadanos del estado respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del referido virus. Así, mediante la presente instancia constitucional pretende que se constriña a las autoridades responsables implementen el semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado de Oaxaca en color rojo, a afecto de que se permita únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permita también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día y se implemente medidas para la mitigación del virus (lo cual es el efectos y actividades permitidas cuando una entidad se encuentra en semáforo epidemiológico de color rojo). No obstante lo anterior la parte quejosa no aportó al juicio de amparo medio de convicción alguno que acredite la afectación por parte de las responsables, consistentes en no implementar el semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado de Oaxaca en color rojo. Máxime que con la posible concesión del amparo, no se advierte que se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya que no acreditó ser residente del Estado de Oaxaca. Además que si el promovente del amparo tiene el temor de contagiarse de dicho virus que a su decir pone en riesgo su vida, lo cierto es que no lo coloca en una mayor probabilidad de contagio, pues ésta dependerá de qué tanto se está expuesto al virus atendiendo a circunstancias como el trabajo que se desempeña; de ahí que los trabajadores de la salud sean quienes presentan mayor riesgo de contagio. Cabe destacar que las acciones para prevenir y disminuir la transmisión del virus no recae exclusivamente en las autoridades, a través de programas como el monitoreo de riesgo epidemiológico, sino también de los gobernados, quienes tienen la responsabilidad de atender las medidas de mitigación al efecto recomendadas, como son, no salir de casa si no es necesario, evitar lugares con aglomeración de personas, utilizar el cubre bocas, medidas de higiene, entre otras. En consecuencia, este juzgado considera que la parte quejosa carece de interés legítimo, para reclamar la falta de implementación del semáforo de riesgo epidemiológico en el Estado de Oaxaca en color rojo y falta de medidas para mitigar el contagio del virus COVID-19, pues no demostró con prueba idónea que ésta cause una afectación, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado. Es así, porque si bien es verdad que la reforma del artículo 107 constitucional de junio de dos mil once, abrió la posibilidad de acudir a la instancia constitucional la figura del interés legítimo, no se trata de una apertura absoluta, pues debe acreditarse algo más que un interés simple, entendido éste como el de cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, sino más bien, uno que jurídicamente resulta relevante, que se traduzca en un beneficio directo para el quejoso. Lo anterior, porque quien impugna un acto en virtud de un interés legítimo no ha de limitarse a pretender la anulación de un acto y/o omisión de autoridad, ya que primero debe lograr el reconocimiento de una situación jurídica concreta que le resulta benéfica, y que con el acto de autoridad esta se ve lesionada, por lo que es indispensable que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa quede demostrada, ya que de lo contrario, como en el caso concreto, la acción intentada resultará improcedente. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Agosto de 2016, Tomo 1, página: 822, registro: 2012364, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Bajo ese panorama, si el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de prueba idóneos para ello y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica, por lo que ante la ineficacia de las pruebas para acreditar la afectación que refiere, y el perjuicio jurídicamente relevante que éste le causa, se concluye que no se acreditó el interés legítimo de la parte quejosa. DECISIÓN En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; razón por la que, debe sobreseerse respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita. En razón de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con dichos actos reclamados, tal como lo establece la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Manuel Rosales López, respecto de los actos que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por los argumentos vertidos en el apartado sexto de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos, se advierte que en determinación emitida el pasado tres de mayo, se ordenó agregar el informe justificado rendido por las autoridades responsables; por tanto, se encuentra transcurriendo la vista prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento del referido informe. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las quince horas con cuarenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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