José Manuel Romero López
Expediente 792/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Manuel Romero López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el Jefe de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el cual informa lo relativo al requerimiento que se le hizo en auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, asimismo, remite copias certificadas; al respecto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte y por satisfecho el requerimiento que se le hizo, en consecuencia, con el oficio con anexo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 792/2023, promovido por JOSÉ MANUEL ROMERO LÓPEZ, contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, JOSÉ MANUEL ROMERO LÓPEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. ° JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. ° JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. ° JUZGADO MIXTO EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. Actos reclamados: "La Falta de emplazamiento y conocimiento de una posible demanda de carácter hipotecaria que pudiera existir en mi contra, dado que he sido violentado en mi domicilio particular en diversas ocasiones por personas que manifiestan ser actuarios de juzgado, sin embargo nunca he sido emplazado a juicio hipotecario alguno. .Que se me indique de las autoridades responsables si existe algún juicio especial hipotecario en mi contra, debiendo manifestar los datos de dicho expediente.". SEGUNDO. El ocho de junio de dos de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 792/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables así denominadas, al rendir sus respectivos informes justificados negaron el acto que se les reclama, sin que la quejosa desvirtuara tal negativa, no obstante de que desde el auto de quince y veinte de junio, publicados el dieciséis y veintiuno, ambos del dos mil veintitrés, se otorgó la vista que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo. En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que se les reclama. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que les atribuyó el quejoso, tocaba a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a José Manuel Romero López, acreditar la falta de emplazamiento. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo promovido por José Manuel Romero López. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1) El Tesorero de Cuernavaca, Morelos, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 344110952393, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $942.03 (novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.). 2) No se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese contrato. ...". Inconforme con dicha determinación el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 494/2022 y mediante ejecutoria de doce de enero de dos mil veintitrés, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo anterior, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, el Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, remitió copia de la transferencia de la devolución del numerario relativo al derecho de alumbrado público por un total de $942.03 (novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.) realizado el siete de marzo de dos mil veintitrés, y otro diverso pago por la cantidad de $14,399.25 (catorce mil trescientos noventa y nueve pesos 25/100 m.n.), realizado mediante transferencia bancaria el catorce de abril de dos mil veintitrés, pago correspondiente por el periodo dos mil veintiuno con su actualización generada, además se acredita a través de diverso oficio signado por Alejandro Leos Sánchez, Jefe de oficina de Asuntos jurídicos de la División Comercial Centro Sur Cuernavaca, de trece de febrero de dos mil veintitrés, donde adjunta el desglose de pagos realizados por la parte quejosa en el servicio 344110952393, por concepto del cobro del derecho de alumbrado público realizado a la quejosa del periodo comprendido del año dos mil veintiuno; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al derecho de alumbrado público por un total de $942.03 (novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.) realizado el siete de marzo de dos mil veintitrés, y otro diverso pago por la cantidad de $14,399.25 (catorce mil trescientos noventa y nueve pesos 25/100 m.n.), realizado mediante transferencia bancaria el catorce de abril de dos mil veintitrés, pago correspondiente por el periodo dos mil veintiuno con su actualización generada, además se acredita a través de diverso oficio signado por Alejandro Leos Sánchez, Jefe de oficina de Asuntos jurídicos de la División Comercial Centro Sur Cuernavaca, de trece de febrero de dos mil veintitrés, donde adjunta el desglose de pagos realizados por la parte quejosa en el servicio 344110952393, por concepto del cobro del derecho de alumbrado público realizado a la quejosa del periodo comprendido del año dos mil veintiuno. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 344110952393, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno, que equivale a la cantidad de $942.03 (novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.),y no se le cobre el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el contrato celebrado entre el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese contrato. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber realizado la transferencia de la devolución del numerario relativo al derecho de alumbrado público por un total de $942.03 (novecientos cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.) realizado el siete de marzo de dos mil veintitrés, y otro diverso pago por la cantidad de $14,399.25 (catorce mil trescientos noventa y nueve pesos 25/100 m.n.), realizado mediante transferencia bancaria el catorce de abril de dos mil veintitrés, pago correspondiente por el periodo dos mil veintiuno con su actualización generada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 792/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ********************, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsablesActo reclamadoJuzgado Primero Civil de Primer Instancia del primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos.La falta de emplazamiento.Juzgado Segundo Civil de Primer Instancia del primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juzgado Tercero Civil de Primer Instancia del primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juzgado Mixto en Materia Civil y Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Estado de Morelos SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******************** respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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