José Manuel Rodríguez Álvarez
Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Manuel Rodríguez Álvarez
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del cinco de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guarda este expediente, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción; por lo respecta al original del incidente de suspensión es depurable toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; lo anterior, de conformidad con los artículos 21, inciso a), y 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General, respectivamente. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que aluden los artículos mencionados en el párrafo que antecede. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Ahora, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el arábigo 21 del multicitado acuerdo, requiérase a dicho sujeto procesal para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional a recuperarlos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, serán destruidos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 300/2022-II-M; y, R E S U L T A N D O I. José Manuel Rodríguez Álvarez, por derecho propio, por escrito recibido en este Juzgado Federal el veinticuatro de octubre pasado, promovió demanda de amparo indirecto en contra de actos que atribuyó a la Juez y a la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón. II. El veinticinco de octubre del año en curso, se admitió la demanda por las autoridades antes precisadas; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que radican dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: I. La ilegal notificación y emplazamiento practicado en los autos del expediente ******, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón. II. La falta de emplazamiento a dicho juicio y la ilegalidad de todas la actuaciones dictadas. Tercero. La Juez y la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que la solicitante del amparo les atribuye. Actos que los responsables aceptaron y cuya certeza se corrobora con las constancias remitidas como complemento al informe previo de la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, solicitado en el incidente derivado de este juicio de amparo, mismas que obran por separado y a las cuales se les da pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se desprende la certeza del mismo, ya que al quejoso se le tuvo en rebeldía en el juicio del que derivan los actos reclamados. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Cuarto. Las partes no hicieron valer causa alguna de improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna de manera oficiosa, razón por la cual, se procede a examinar las cuestiones de fondo planteadas en el presente juicio de amparo. Quinto. En vía de concepto de violación, el quejoso aduce sustancialmente que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, pues las autoridades responsables vulneraron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, privándola del derecho de audiencia y defensa. Son infundados los conceptos de violación formulados por el impetrante, aun analizado el emplazamiento en suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. En primer término, se precisa que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho fundamental de audiencia, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto que vulnere la esfera jurídica de las personas, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, correlacionadas con la de garantía de legalidad contenida en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. De lo que se colige que todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Así, el citado derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que, en el juicio que se siga, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; siendo que estas últimas se resumen en: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan dar las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Según se sostiene en la tesis de jurisprudencia sustentada en la Séptima Época, por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen: 163-168, Cuarta Parte, página: 195, con número de registro 240531, cuyo rubro y texto establecen: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Para entendimiento del sentido del fallo, resulta conveniente relacionar los antecedentes de los actos que se reclaman, para lo que se toman en consideración las constancias que allegaron las autoridades responsables, a las que en párrafos que anteceden se confirió valor probatorio pleno, de las que se advierte que: 1. El Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, el cinco de julio de dos mil veintidós, radicó el expediente ******, con motivo del escrito presentado por ******, quien por propio derecho, ejercitó la acción de divorcio incausado en contra del aquí quejoso, dando trámite a la misma y ordenando el emplazamiento respectivo. 2. Diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo el ocho de agosto de dos mil veintidós, por la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón en la que se advierte asentó lo siguiente: "Razón de notificación. En el Poblado de ******; Distrito Judicial de Alarcón, siendo las horas dieciséis del día ocho de agosto del año dos mil veintidós, ante la suscrita Licenciada Yaraset Villanueva Agüero, en funciones de Secretaria Actuaría del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, en cumplimiento al auto de cinco de julio del año dos mil veintidós dictado por la C. Jueza Titular de este Órgano Jurisdiccional, deducido del expediente número *****, relativo al juicio Divorcio Incausado, promovido por *****, en contra de ******, acto seguido la suscrita hago constar que me encuentro constituida de manera física y legal en el domicilio señalado en autos el cual se encuentra ubicado en el domicilio bien conocido de la población de ******, en busca del Ciudadano *******, una vez de estar cerciorada de que el domicilio es correcto, porque así me lo indica un letrero que se encuentra a bordo de carretera que va hacia el poblado de *****, y por las referencias obtenidas por los vecinos aledaños al lugar, seguidamente hago constar que me encuentro frente a una casa habitación de un nivel con techo de lámina, hay una puerta de madera y como referencia hay un guarda ganado, sobre una brecha de terracería, acto continuo procedo a pronunciar fuertemente por el nombre de José Manuel y a llamado acude una persona del sexo masculino y le pregunto, si este domicilio vive o se localiza el ciudadano ******, a lo que me responde: yo *****, y este es mi domicilio en donde vivo, seguidamente la suscrita procedo a identificarme oficialmente como actuaria judicial adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia, Distrito Judicial de Alarcón, solicitando a la persona que me atiende se con algún documento oficial, esta persona no se identifica porque manifiesta: no tengo a la mano ninguna identificación oficial con fotografía, motivo por el cual procedo a describir la media filiación: edad setenta y un año aproximadamente, complexión delgado, color de piel moreno claro, estatura aproximada de 1.65 cm, cabello corto y entrecano, color de ojos café claro, nariz alargada, boca regular, labios delgado, viste un pantalón de vestir con una playera, acto seguido le hago saber el motivo de mi visita y de manera personal, le notifico el contenido del auto de inicio de cinco de julio del año dos mil veintidós, y le hago saber, con las copias simples de la solicitud de divorcio incausado, propuesta de convenio y documentos base de su acción debidamente sellados y cotejados, le corro traslado y emplazo a juicio personalmente al demandado de referencia, para que dentro del término de nueve días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación, produzca su contestación con relación a la solicitud de divorcio, se pronuncie sobre la conformidad o inconformidad del convenio propuesto y en su caso exhiba contrapropuesta, lo apercibo que de no hacerlo en su momento procesal oportuno se declarar disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo para el caso de que no diera contestación a la demanda y no acudiera a la audiencia previa y se le tendrá por conforme con las prestaciones establecidas en el convenio exhibido por la divorciante, asimismo prevengo al demandado para que señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, lo apercibo que de no hacerlo, las subsecuentes aun las de carácter personal le surtirán efectos mediante cedula de notificación que se fije en los estrados de este juzgado, a excepción de la sentencia definitiva que se dicte dentro del presente juicio; por otra parte le hago saber que dentro del auto de radicación se dictaron las medidas previsionales las cuales vienen integras en el presente auto, asimismo en el inciso c).- se fija por concepto de pensión alimenticia, provisional a favor de la actora *******lo correspondiente al 50% del salario mínimo general vigente, que asciende a la cantidad de $2,593.05 (dos mil quinientos noventa y tres pesos 05/100 M.N.), que es lo que debe depositar en forma mensual, el demando ******, para ser entregados a la actora de referencia, lo apercibo que de no hacerlo así, este juzgado dictara un auto de mandamiento en forma, como medida para garantizar el pago de la pensión alimenticia, el embargo precautorio en bienes propiedad del demandado mencionado suficientes y bastantes para garantizar como ya se dijo el pago de los alimentos a favor de la actora de referencia, cantidad que se fija en forma provisional, con la finalidad de garantizar los alimentos, en la inteligencia que dicho deposito deberá realizarse los cinco primeros días de cada mes, acto seguido hago entrega en original una cédula de notificación adjunto copias de traslado debidamente sellados y cotejados, consistente en el escrito inicial de la demanda y que acompaña, los cuales coinciden con su expediente original, el demandado *****, se negó a firmar en la copia de carbón de la cédula de notificación. Con lo anterior y no habiendo nada más que constar doy por terminada la presente diligencia para los efectos legales conducentes" 3. Al no haber contestado la demanda instaurada en su contra, en acuerdo del treinta de agosto de la anualidad la autoridad responsable tuvo por acusada la rebeldía del quejoso******, y el catorce de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva decretándose disuelto el vínculo matrimonial que unía al citado con la aquí tercero interesada. Precisados los antecedentes relacionados, es menester mencionar que en el caso concreto, se está en presencia de un emplazamiento que se rige conforme a lo establecido en los numerales 146, 151, 153 y 154 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, a precisar: : "Artículo 146. Forma de las notificaciones. Las notificaciones serán en forma personal, por cédula, por lista, por edictos, por correo, por telégrafo, y por cualquier medio idóneo diverso a los anteriores que estime conveniente el Juzgador. (.) Artículo 151. Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; II. El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y (sic) VII. Tratándose de incidentes, la primera notificación se llevará a cabo en el domicilio señalado en autos por las partes, si se encuentra vigente el juicio principal, y para el caso, de que haya resolución firme o ejecutoriada o haya inactividad procesal por más de tres meses, se practicará en el lugar en el que resida la parte demandada incidentista; y VIII. Los demás casos en que la ley lo disponga. (.) Artículo 153.Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación. Artículo 154. Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega." De lo transcrito, se desprende que la diligencia de emplazamiento o notificación, se divide en dos etapas: a) La localización del domicilio, para que el emplazamiento se practique en el designado para ese efecto; y, b) Una vez cerciorado de que está en el lugar indicado, practicar el llamamiento a juicio; i. Dicho llamamiento se realizará en forma personal con el demandado, o bien; ii. Por cédula con cualquier persona que se encuentre en el lugar. En la primera etapa, relativa al cercioramiento del domicilio donde vive el demandado, para su realización es necesario que quien la practique describa la forma en que corroboró que es el inmueble de la persona que se busca precisando las características del inmueble. En la segunda, de no poderse practicar el emplazamiento directamente con el demandado, una vez cerciorado que no se encuentra en el domicilio, la diligencia se practicará mediante cédula, en el que se hará constar el nombre y apellidos del promovente; el tribunal que mande practicar la diligencia; la determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; la fecha y hora en que se deja; el nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación, de lo que deberá asentar razón pormenorizada. Expuesto lo anterior, se procede al estudio del emplazamiento reclamado, en términos de los artículos en cita, y se concluye que la diligencia respectiva del ocho de agosto de dos mil veintidós, practicada por la Secretaria Actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, cumplió con las formalidades exigidas por los supracitados numerales, en mérito de las consideraciones siguientes: De dicha actuación se advierte que la fedataria que la practicó se constituyó en el domicilio ubicado en la ******, rumbo a ****arriba del guarda ganado, y se cercioró de que era el domicilio del buscado por el señalamiento que se encuentra sobre la carretera, así como por las referencias proporcionadas por los vecinos del lugar, además de que realizó una descripción de la vivienda en la que localizó al quejoso José Manuel Rodríguez Álvarez, con quien directamente entendió la diligencia, haciéndole del conocimiento el cargo con el que se ostentaba la servidora pública, así al no contar con identificación alguna el referido quejoso hizo constar su media filiación y procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de julio del año en curso. En ese sentido, se advierte que ***** se negó a firmar la constancia respectiva, por lo que conforme al artículo 162 del Código Procesal del Estado de Guerrero, la secretaria actuaria hizo constar dicha circunstancia, por lo que es claro que la actuación de la servidora pública notificadora, se encuentra ajustada a derecho. Precisado lo anterior, tomando como base los requisitos contemplados por los artículos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero previamente señalados, se concluye que la diligencia de emplazamiento reclamada, sí cumplió con las formalidades necesarias para la práctica de la diligencia en términos de ley y, por tanto, el quejoso carece de razón al sostener lo contrario. Lo anterior es así, pues como quedó precisado la Secretaria Actuaria responsable sí cumplió con el requisito de cerciorarse de la autenticidad del domicilio, toda vez que corroboró que el domicilio en el que se constituyó es el correcto, por el dicho de la persona que lo atendió; además del acta se desprende que indicó que los vecinos que corroboraron la ubicación del domicilio arriba del guarda ganado y en la parte final de la diligencia hace constar que da cumplimiento a lo ordenado en el auto de cinco de julio de dos mil veintidós haciéndole entrega de las constancias respectivas; además que expone que con quien entendió la diligencia se negó a firmar el acta respectiva Además, es incuestionable, que la Secretaria Actuaria está investida de fe pública, por tanto, el contenido de diligencia de emplazamiento tiene pleno valor probatorio y el quejoso en el presente juicio de amparo no aportó medios probatorios tendentes a evidenciar algún vicio en la citada actuación. En tales condiciones, como el quejoso no desvirtuó la legalidad de la diligencia de emplazamiento, ésta debe subsistir para establecer que sí tuvo oportunidad de contestar la demanda instaurada en su contra, oponer las excepciones y defensas que estimara pertinentes, ofrecer pruebas, así como alegar lo que considerara conveniente, es decir, que sí se respetó la garantía de previa audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. Aunado al hecho de que fue practicada por autoridad judicial competente para ello, ya que consta de la razón actuarial del ocho de agosto de la anualidad, previo a entablar la diligencia se identificó como servidora pública adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, contrario a lo que aduce la parte quejosa en su escrito de demanda. Finalmente, por lo que hace al concepto de violación el que menciona que la autoridad debe investigar de oficio si se efectúo o no el emplazamiento, debe decirse que la juez responsable atendió a esa cuestión, al dictar el proveído de treinta de agosto del año en curso, en el que tuvo por acusada la rebeldía del quejoso y continuó con la secuela procesal del divorcio incausado instaurado en su contra. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación en análisis, y toda vez que en la especie no se advirtió la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que dejara sin defensa a la peticionaria del amparo y que obligara a suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien da fe, hasta hoy dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Incidental
Iguala de la Independencia, Guerrero, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días otorgado al quejoso ****** para que cumpliera con el requisito establecido en la resolución del veintiocho de noviembre de esta anualidad, esto es, que exhibiera la garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para que surtiera efectos a su favor la suspensión definitiva, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida interlocutoria y se deja sin efectos la suspensión definitiva; comuníquese a las autoridades responsables que están expeditas para ejecutar el acto reclamado. Hágase del conocimiento a la parte quejosa que la omisión de cumplir con el requisito que se indicó para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado, trae como consecuencia la ineficacia de la medida suspensional, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; tal circunstancia permite que las autoridades responsables estén en aptitud de ejecutarlo; empero, dichos efectos son susceptibles de volverse a surtir si cumple con la exigencia omitida antes de que la ejecución se lleve a cabo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Téngase a la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, con sede en Taxco, Guerrero, informando que el despacho 421/2022, orden 1840/2022, de este índice, fue diligenciado y devuelto el veintiocho de noviembre del año en curso; sin que se realice mayor pronunciamiento, toda vez que en auto del treinta de noviembre pasado, se recibió dicha comunicación oficial y se acordó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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