José Manuel Rivera Valencia
Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Rivera Valencia
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta se advierte que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Manuel Rivera Valencia, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, al respecto se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 935/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA. El promovente del amparo reclamó en su demanda lo siguiente: "La resolución dictada el ocho de Junio De Dos Mil Veintidós dentro de la causa penal marcada con el número 819/2020, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas, Zacatecas, y notificada el mismo día, en la que se determinó vincularme a proceso por los hechos que la ley señala como delito de Homicidio cometido en agravio de Gabriela Jaime Bautista y César Eduardo Ávila Arellano al considerar la probabilidad de mi responsabilidad en dicho hecho." Ahora, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días; por lo que, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata de un auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en término del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el propio quejoso en su demanda de amparo, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse dentro del término genérico de quince días. Entonces, si el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, quien el ocho de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 819/2020, dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel Rivera Valencia, la demanda de amparo debió presentarse en el término genérico de quince días. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, tienen oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para Promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Todo lo anterior permite concluir que si el ocho de junio de dos mil veintidós, José Manuel Rivera Valencia, tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha, dentro de la causa penal 819/2020, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas y la demanda de amparo que ahora se atiende, fue presentada el seis de julio del año en curso, se advierte que transcurrió en exceso el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, y en consecuencia se consintió el acto que ahora reclama. Es así, porque el quejoso señaló en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado en la misma fecha en que se emitió el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, esto fue, el ocho de junio de dos mil veintidós, por lo que, en términos del artículo 82 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el nueve de junio del mismo año y por lo tanto, su término comenzó a transcurrir a partir del diez de junio siguiente, concluyendo el treinta del mismo mes y año, sin considerar el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por ser sábados y domingos y por tanto inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que, si presentó su demanda el siete de julio del año en curso, como se advierte de la papeleta de registro en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, es innegable que se presentó fuera del plazo establecido por el artículo 17 de la ley de la materia. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, considerando que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Manuel Rivera Valencia, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Félix Carrillo Muro y Héctor Carrillo Muro. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida San Marcos, número mil ciento dieciséis, altos (1116), Colonia Las Palmas en Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19
- Principal
se publica auto con efectos de notificar a la parte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, ocho de julio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Manuel Rivera Valencia, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, al respecto se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 935/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA. El promovente del amparo reclamó en su demanda lo siguiente: "La resolución dictada el ocho de Junio De Dos Mil Veintidós dentro de la causa penal marcada con el número 819/2020, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Zacatecas, Zacatecas, y notificada el mismo día, en la que se determinó vincularme a proceso por los hechos que la ley señala como delito de Homicidio cometido en agravio de Gabriela Jaime Bautista y César Eduardo Ávila Arellano al considerar la probabilidad de mi responsabilidad en dicho hecho." Ahora, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días; por lo que, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. Ahora, atendiendo que la resolución reclamada implica ataques a la libertad personal del quejoso, pues se trata de un auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, se puede concluir que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, estos es, tres de abril de dos mil trece, el amparista estaba en posibilidad de promover juicio de amparo biinstancial contra dicha resolución en cualquier momento, dado que se trata de un acto de aquéllos que la Ley de Amparo abrogada tenía como excepción del término de quince días para instar el juicio de amparo. Sin embargo, la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en término del artículo 17 fracción IV de la Ley de Amparo; por ende, si en la especie el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el propio quejoso en su demanda de amparo, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse dentro del término genérico de quince días. Entonces, si el acto privativo de libertad que en este juicio se pretende combatir, fue dictado por una autoridad constitucionalmente facultada para ello, es decir, una autoridad judicial, pues fue el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, quien el ocho de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 819/2020, dictó auto de vinculación a proceso en contra de José Manuel Rivera Valencia, la demanda de amparo debió presentarse en el término genérico de quince días. Debe precisarse además, que la anterior Ley de Amparo establecía en su artículo 22, fracción II, que cuando el acto reclamado consistiera en un ataque a la libertad personal, la demanda podía promoverse en cualquier momento, esto es, no existía diferencia en que ese ataque a la libertad fuera dictado dentro o fuera de procedimiento; sin embargo, a partir del tres de abril de dos mil trece, entró en vigor la nueva ley de amparo, donde el legislador fue claro al establecer que solo los ataques a la libertad fuera del procedimiento, tienen oportunidad a instar juicio de amparo en cualquier momento y se excluyeron de esa excepción precisamente, los ataques a la libertad dictados dentro de procedimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para Promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Todo lo anterior permite concluir que si el ocho de junio de dos mil veintidós, José Manuel Rivera Valencia, tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en esa misma fecha, dentro de la causa penal 819/2020, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas y la demanda de amparo que ahora se atiende, fue presentada el seis de julio del año en curso, se advierte que transcurrió en exceso el término de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio constitucional, y en consecuencia se consintió el acto que ahora reclama. Es así, porque el quejoso señaló en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado en la misma fecha en que se emitió el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, esto fue, el ocho de junio de dos mil veintidós, por lo que, en términos del artículo 82 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el nueve de junio del mismo año y por lo tanto, su término comenzó a transcurrir a partir del diez de junio siguiente, concluyendo el treinta del mismo mes y año, sin considerar el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por ser sábados y domingos y por tanto inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que, si presentó su demanda el siete de julio del año en curso, como se advierte de la papeleta de registro en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, es innegable que se presentó fuera del plazo establecido por el artículo 17 de la ley de la materia. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, considerando que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Manuel Rivera Valencia, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Félix Carrillo Muro y Héctor Carrillo Muro. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida San Marcos, número mil ciento dieciséis, altos (1116), Colonia Las Palmas en Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19
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