José Manuel Ríos Casas
Expediente 1026/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Manuel Ríos Casas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que se haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el dos de diciembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Manuel Ríos Casas, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Por lo tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, y al Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá al omiso multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su carácter de superior jerárquico de las responsables, para que ordene a sus subordinados, a cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables. Por otra parte devuélvase al Congreso del Estado de Oaxaca, el disco compacto que acompañó a su informe justificado mismo que ya obra en autos; lo anterior los efectos legales que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta que envía el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, residente en San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado, y anexa un disco; toda vez que el dos de diciembre actual, se dictó la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 1026/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. JOSÉ MANUEL RIOS CASAS, por su propio derecho, mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados y autoridades siguientes: Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, discusión, aprobación y expedición del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la promulgación del DECRETO número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2012, en vigor a partir del 29 de enero siguiente, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, que disponen que quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, el refrendo que otorgó a la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca. Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, la orden verbal o escrita para que se le apliquen los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la referida Ley. Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, actualizado en el pago de pensión por jubilación en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, por el concepto "202 FDO. DE PENSIONES. La devolución de todos y cada uno de los descuentos aplicados y sigan aplicando de forma inminente. La parte quejosa estima que dichos actos reclamados violan sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de garantías, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La aplicación en su perjuicio de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el pago de su pensión por jubilación en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, por el concepto "202 FDO. DE PENSIONES. El segundo o ulterior acto de aplicación de los citados artículos, en los pagos de pensión por jubilación que se efectuaran con posterioridad; y, La devolución de todos y cada uno de los descuentos aplicados a partir del mes de noviembre de dos mil diecinueve. TERCERO. La directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, el jefe del Departamento de Asuntos relativos a controversias y encargado del departamento de juicios de amparo de la Consejería del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado, el apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones, y el Director General de la Oficina de Pensiones, y al rendir su informe justificado, convienen en la existencia de los actos reclamados en sus ámbitos de competencia. A su vez, el Congreso del Estado de Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante quedar legalmente notificado de su petición, por ende, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Sin que obste a lo anterior, no haya transcurrido el plazo de quince días concedido para tal fin, pues al existir criterio jurisprudencial respecto a la solución del presente asunto, y sin que la concesión del amparo lo vincule, la presente determinación no transgrede la esfera de su competencia. La afirmación que antecede se sostiene, considerando que la existencia de actos como los que nos ocupan (contra leyes), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. CUARTO. Suplidos en su deficiencia los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en términos del artículo 79 fracción VII, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración que la presente instancia fue promovida por una persona pensionada, se estiman fundados. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2394, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban. En la especie, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, señalados como inconstitucionales, disponen: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: . III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión"; "Artículo 18. . Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "TRANSITORIO: [.] Octavo. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales.". De dichos preceptos se advierte, que los trabajadores jubilados bajo la vigencia de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, deberán de aportar una cuota equivalente al 9% de su pensión para constituir el fondo de pensiones, mismo que la oficina correspondiente retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18. Asimismo, cabe destacar que la reforma al artículo 123 constitucional, y por ende, la creación del apartado B del mismo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, el precepto indicado en lo interesante es del tenor siguiente: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y sus trabajadores: (.) XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. (.)" En el citado numeral se establecieron las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos el principio de previsión social, que obliga a establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos; principios éstos entre los que se contempla el derecho al disfrute de una pensión, cuya finalidad es garantizar que el trabajador que ha prestado sus servicios por determinado número de años y ha llegado a una edad avanzada, pueda retirarse de su trabajo, con la confianza de que tendrá derecho a recibir ese beneficio, el cual le permita vivir con dignidad la etapa más difícil de la vida humana. La citada garantía, tiene rango constitucional, a fin de procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares, y ha adoptado bases mínimas de seguridad social con igual propósito, en el sentido que éstas pueden ampliarse pero nunca restringirse. Así, la garantía de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, incluye la pensión por años de servicio, que no puede ser restringida sin justificación legal válida, pues hacerlo conllevaría a la privación del pensionado del derecho de subsistir dignamente en su retiro, máxime cuando ésta constituye su única fuente de ingreso. Ahora bien, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, fueron declarados inconvencionales e inconstitucionales por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al emitir la jurisprudencia por reiteración, visible en la página 2512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Octubre de 2014, Tomo 3, Registro 2007629, que dice: PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo. Obligatoriedad de la jurisprudencia invocada que se establece en términos del artículo 217 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos previstos por el artículo 224 de la misma ley, por cuanto se sustenta un mismo criterio (inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, al violar el derecho humano a la igualdad, pues dejan de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo, dándose por consiguiente el trato de trabajador en activo), en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario (amparos en revisión 101/2014, 92/2014, 116/2014, 110/2014 y 146/2014), resueltas en diferentes sesiones (de tres, diez, diecisiete de junio y veintiséis de agosto de dos mil catorce), y en todos los casos por unanimidad de votos; sin que sea óbice que se hubiesen resuelto cada una en diversas sesiones, ya que una vez integrada la jurisprudencia, el Tribunal Colegiado, no se ocupará nuevamente del tema; además de ser en beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º Constitucional. Así, al haber establecido el Pleno del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, que los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto número 885 en el Periódico Oficial local el 28 de enero de dos mil doce, son inconvencionales e inconstitucionales, pues al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalente al 9% de su pensión, desatienden los artículos 26, numerales 3 y 67, inciso B) del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual fija los topes al derecho de seguridad social, tales como a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas; siendo que en ellas no se establece el descuento a que se refieren los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, además de violar el derecho humano de igualdad, pues a los jubilados se les da el trato de trabajadores en activo. Además, del contenido del artículo 30, fracción II, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se advierte que la pensión por vejez es una prestación que sólo se otorga previa satisfacción de determinados requisitos, o de forma proporcional aquélla en que éstos se hayan satisfecho, supuesto en el cual resulta evidente que no se trata de una concesión gratuita, ya que su derecho se gesta durante su vida laboral, con las aportaciones periódicamente efectuadas a fin de garantizar aunque sea en parte, una subsistencia para cuando ya no esté en posibilidad de contribuir activamente al desempeño laboral. Por tanto, una vez precisados los motivos que dieron origen a la tesis de jurisprudencia antes citada, en la cual se decretó la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante decreto 885, el veintiocho de enero de dos mil doce, que prevén el descuento del 9% por ciento sobre el monto de su pensión, los cuales son aplicados a la pensión por jubilación de JOSÉ MANUEL RIOS CASAS; lo procedente es concederle la protección federal, para el efecto de que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones, en el ámbito de su competencia, no le sigan realizando los descuentos a la misma; lo que tiene como consecuencia, que no le sean aplicados en lo presente y en lo futuro los preceptos declarados inconstitucionales, esto desde luego, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que contienen las normas legales citadas; así también, para que reintegren al quejoso, en una sola exhibición, las cantidades descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones, a partir del mes de noviembre de dos mil diecinueve. En la inteligencia que la concesión del amparo no tiene ningún efecto para el Congreso del Estado de Oaxaca, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, y el Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, autoridades que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, y refrendo, de las normas declaradas inconstitucionales, porque la concesión del amparo no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Apoya lo anterior, la diversa tesis CXXXVII/96 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1996, Tomo IV, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a JOSÉ MANUEL RIOS CASAS, contra el acto reclamado al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones, consistente en el segundo y subsecuentes actos de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el veintiocho de enero de dos mil doce; para los efectos precisados en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1026/2019. R E S U L T A N D O : ÚNICO. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por José Manuel Ríos Casas, contra actos reclamados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, consistentes en la aplicación de los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce y publicada mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 Constitucional. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Las autoridades responsables, al rendir su informe previo, convienen la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada, respecto a la aplicación de los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce y publicada mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca y toda vez que el quejoso José Manuel Ríos Casas, es trabajador pensionado por jubilación, del Gobierno del Estado de Oaxaca; lo que se demuestra con el talón de pago correspondiente al periodo uno al treinta de noviembre actual, con número de beneficiario JUB3069. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, que establece que uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión en el amparo, es el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, realizando un juicio de probabilidad y verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora; luego, es posible en el caso adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo, dada la naturaleza del acto y el derecho subjetivo público reclamado, y por ello, a fin de evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y por no contravenirse disposiciones de orden público ni lesionarse el interés social; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a favor del quejoso José Manuel Ríos Casas, para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, se abstenga al momento de cubrir su respectiva pensión por jubilación, de descontar y retener el importe correspondiente a las cuotas para el Fondo de Pensiones, a que se refieren los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, así como para que no se le suspenda el pago de dicha pensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la declaración de ejecutoria de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Manuel Ríos Casas, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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