José Manuel Reyes Estrada

Expediente 999/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
999/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
26/01/2017

Partes del expediente

  • José Manuel Reyes Estrada
  • José Manuel Reyes Estrada y Otros.
  • Agente del Ministerio Público del Fuero común

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, se declara que dicha sentencia que sobresee el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, y en esa misma fecha ante este órgano jurisdiccional, JOSÉ MANUEL REYES ESTRADA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS; MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS; AGENTES POLICIACOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA y AGENTES MINISTERIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, todos residentes en la localidad, por los actos que a continuación se precisan: "demanda, a quienes reclamó: ".ACTOS RECLAMADOS: De las responsables ordenadoras, LA ORDEN DE APREHENSION y/o DETENCIÓN o PRIVACION DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO que se ha dictado u ordenado sin mandamiento legal en contra del quejoso; y de las ejecutoras el cumplimiento que pretenden dar a esa resolución a través de los elementos policíacos o policía ministerial o estatal a su mando.". SEGUNDO. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo bajo el expediente 999/2016-III-B; por un lado, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, por otro, se ordenó notificar a la parte tercero interesada, de la cual se procuró su emplazamiento, sin dato positivo como más adelante se explicará, y se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo como autoridades inexistentes al DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA y AGENTES MINISTERIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, residentes en la localidad, ya que no existen con tales denominaciones; por lo que, la audiencia constitucional se difirió en varias ocasiones, hasta que se inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º segundo párrafo, 37 primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que la ejecución material del acto reclamado tendría lugar en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que: El peticionario de la protección constitucional, reclama de las responsables, específicamente: la orden de aprehensión dictada en su contra. Así, este órgano jurisdiccional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues de no existir o no quedar acreditado se actualizaría la hipótesis prevista en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en cita, lo cual traería como consecuencia que se decretara el sobreseimiento en el presente asunto, y con ello el estudio innecesario del fondo del mismo. TERCERO. Las autoridades, MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS y AGENTES POLICIACOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; al rendir sus correspondientes informes con justificación negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, tal negativa se ve desvirtuada con la aceptación que de los actos reclamados por parte de la autoridad ordenadora JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad, al expresar que efectivamente el veintiséis de noviembre del dos mil dieciséis, se recibió en ese Tribunal de Control, el oficio 1413/16, signado por el licenciado SERGIO ALONSO MENDOZA MUÑOZ, Coordinador Especial "B", de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de órdenes de aprehensión, mediante el cual puso a su disposición a JOSÉ MANUEL REYES ESTRADA, por el delito mencionado y cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ADRIÁN GABRIEL OLAGUE GONZÁLEZ, por lo que dicho tribunal fijó las nueve horas del veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de formulación de la imputación, llevándose a cabo la misma donde fijó al imputado y aquí quejoso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, con vigencia de un año, por lo que, fenecerá la misma el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Y además informó que sobre estos hechos ya se vinculó a proceso al aquí quejoso. Manifestación que se corrobora con las constancias exhibidas por dicha autoridad, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a virtud que se trata de actuaciones existentes en el expediente penal de origen, expedidas por una autoridad con motivo o en ejercicio de sus funciones, en las que se observan los sellos, membretes, rúbricas y firmas que para el caso exige la ley. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto y con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia en vigor, se considera aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El Titular de este órgano jurisdiccional estima de oficio que en el caso a estudio sobrevino la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". Del precepto transcrito, se advierte que, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero no, en la hipótesis relativa a cuando por la vía de amparo indirecto se reclamen violaciones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hipótesis esta última en la que, por virtud del cambio de situación jurídica en el procedimiento judicial deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, con el dictado del auto de plazo constitucional, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En relación con lo anterior, cabe destacar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclamó de la oficiante y otra autoridad, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Además, cobra destacada importancia el contenido de la demanda de amparo y la documental allegada mediante el oficio 1360/2016, que se recibió el doce de diciembre de dos mil dieciséis, con anexos, en el que el JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, residente en la localidad, pues esta autoridad, al rendir su informe justificado conviene en la existencia de los actos reclamados y puntualiza que el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de Control libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso JOSÉ MANUEL REYES ESTRADAS alias "EL CACHORRO", por el delito de HOMICIDIO EN RIÑA CON EL ÁNIMO DE PROVOCADO, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ADRIÁN GABRIEL OLAGUE GONZÁLEZ, en hechos ocurridos alrededor de las once horas del dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en la Calle Justo Sierra 510 de la Colonia Manuel Valdez en esta ciudad. También informó, que el veintiséis de noviembre del dos mil dieciséis,, se recibió en ese Tribunal de Control, el oficio 1413/16, signado por el licenciado SERGIO ALONSO MENDOZA MUÑOZ, Coordinador Especial B, de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Unidad Especializada de órdenes de Aprehensión, mediante el cual puso a disposición de ese Tribunal de Garantía a JOSÉ MANUEL REYES ESTRADA, por el delito mencionado y cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ADRIÁN GABRIEL OLAGUE GONZÁLEZ, por lo que, dicho tribunal señaló las nueve horas del veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de formulación de la imputación, donde se le fijó al imputado y aquí quejoso la medida cautelar prevista en la fracción XIV del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, con vigencia de un año, por lo que, fenecerá la misma el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Además, el juez de garantía licenciado EFRAÍN ARTURA BACA BRAVOS, comunicó a este órgano jurisdiccional que el dos de diciembre de dos mil dieciséis, diverso juez de garantía licenciado RAFAEL ROSADO ARCUDIA, dictó auto de vinculación a proceso al quejoso JOSÉ MANUEL REYES ESTRADAS alias "EL CACHORRO", por el delito de HOMICIDIO EN RIÑA CON EL ÁNIMO DE PROVOCADO, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de ADRIÁN GABRIEL OLAGUE GONZÁLEZ, en hechos ocurridos alrededor de las once horas del dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el domicilio ubicado en la Calle Justo Sierra 510 de la Colonia Manuel Valdez en esta ciudad; para lo cual, remitió las actuaciones conducentes que acorde a lo dispuesto por los diversos artículos 188, 197, 200 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en la materia, cuentan con pleno valor probatorio, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Situación la anterior, que trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas en relación a la orden de aprehensión que constituyó el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ello a virtud que no podría decidirse en relación con las referidas violaciones sin afectar la nueva situación jurídica, pues aun cuando ambas actuaciones tienen como efecto y consecuencia la privación de la libertad, ello acontece con motivo del pronunciamiento de cada una de ellas, acorde con los distintos requisitos que para el caso exigen los numerales 16 y 19, constitucionales, respectivamente y la primera resolución fue sustituida por el auto de plazo constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio contradictorio federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis aislada XVII.1o.P.A.51 P, de la Novena Época, con número de Registro 167786, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Penal, consultable en la página 2687, la cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo los siguientes rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo". En lo que interesa, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 270, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se invoca en el presente asunto con apoyo en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo y que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa de improcedencia indicada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, dado que éstos se impugnaron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página seiscientos noventa, del Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". No se soslaya por quien aquí resuelve, que el delito por el cual se dictó orden de aprehensión y con posterioridad la vinculación a proceso, es el de HOMICIDIO EN RIÑA CON EL ÁNIMO DE PROVOCADO, ilícito del cual deriva una parte ofendida, a quien le reviste el carácter de tercero interesada, que indudablemente debe ser llamada al juicio constitucional, sin embargo, no obstante que se procuró emplazar a dicha parte y ello no fue posible, como consta en autos, a nada práctico conduciría postergar la celebración de la audiencia constitucional, si en la especie, resulta evidente la causal de improcedencia legal analizada que motiva el sobreseimiento en el juicio de amparo. Máxime que, dado el sentido del fallo no le irroga perjuicio a dicha parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 36/2011, de la Novena Época, Registro 162065, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Común, visible a página 40, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución". Lo subrayado es énfasis de este Juzgado. Luego, el sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo, hace imposible analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso, pues ello constituye el problema de fondo y aquél, es de estudio preferente. Como sustento legal a lo anterior, con apoyo en el referido transitorio, se invoca la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a página cincuenta y siete, del Tomo 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya voz y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 595/2015-III, promovido por JOSÉ MANUEL REYES ESTRADA, contra actos del JUEZ DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS; MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE HOMICIDIOS; AGENTES POLICIACOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL; todos residentes en la localidad; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos "TERCERO" y "CUARTO", de esta resolución. NOTIFÍQUESE POR VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA POR ASI HABERLO SOLICITADO.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, Ahora bien, se tiene al licenciado, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, solicitando el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona los datos de su nombre de usuario, asimismo, se le tiene solicitando se le hagan todas las notificaciones por vía electrónica. Así, atento a su solicitud, conforme lo dispuesto por el ¨Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal¨, se ordena autorizar al licenciado, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, para que acceda al juicio de amparo 999/2016, al cual tendrá acceso mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su respectivo nombre de usuario que proporciona.

  4. Principal

    A sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta. Vistas las manifestaciones vertidas por el autorizado del directo quejoso, y tomando en consideración que el escrito que suscribe no cuenta con firma autógrafa del mismo, es por ello que, no ha lugar a tener por hechas las manifestaciones a que hace referencia.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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