Jose Manuel Reyes Barcenas
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Manuel Reyes Barcenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el Conflicto Competencial C.C. 34/2021. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ruyiro Constructora, sociedad anónima de capital variable, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. Comuníquese al Juzgado de Distrito referido en el punto que antecede, así como al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, el sentido de esta ejecutoria. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, se impone destacar que, en el auto de catorce de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio, por razón de territorio, al considerar el lugar en donde la quejosa tiene su domicilio fiscal se encuentra fura de la jurisdicción de este Juzgado. Entonces, es inconcuso que, si bien es cierto que al resolver el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional con el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, el Vigésimo Tercer Segundo Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declaró legalmente competente a este juzgado; también es verdad que la materia de dicho conflicto únicamente comprendió el análisis de la competencia por territorio, con base en la determinación de si los actos reclamados tenían o carecían de ejecución. Por lo tanto, toda vez que tanto en el auto de catorce de agosto de dos mil veinte, como en la ejecutoria del Tribunal de Alzada, únicamente se analizaron cuestiones de la ejecución de los actos reclamados, y máxime que la fijación de la competencia es un presupuesto procesal de estudio preferente y de oficio; se procede al análisis de la misma, al tenor de las siguientes consideraciones. SEGUNDO. La Comisión e Creación de Nuevos órganos resolverá las consultas que deriven de esta concentración, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos órganos. TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos órganos a que gire oficios a la autoridad solicitante, así como a juzgados de distrito involucrados, a los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común de esos juzgados y de los Tribunales Colegiados correspondientes, para que les comunique esta determinación." Es de destacar que las determinaciones adoptadas por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la solicitud de que se trata y determinar la concentración de los juicios de amparo indicados en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, son: ".En suma, como medidas necesarias para la presente concentración se determina lo siguiente: a) Se incluyen en la orden de concentración tanto los juicios de amparo referidos en esta determinación como los pendientes de resolución; para ello se notificará a los órganos jurisdiccionales correspondientes, quienes tendrán la obligación de enviar inmediatamente y revisar algún reingreso para su envío respectivo. b) Todos aquellos asuntos de la misma temática que se encuentran en trámite o pendientes de resolución pueden ser concentrados, inclusive aquellos que fueron egresados, pero con posterioridad reingresen y, por ende, deban ser tramitados y resueltos de nueva cuenta. Estos deben remitirse al juzgado en que se concentrarán los juicios de amparo. Los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, mixtos, especializados en amparo y juicios federales, deberán cerciorarse de si algunos de los juicios de su índice están comprendidos en los supuestos de esta concentración y los remitirán de inmediato al juzgado concentrante. c) Cualquier demanda de amparo en la que además de reclamar la omisión de acatar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación se reclamen otros actos o normas independientemente a este tópico, deben remitirse al juzgado del conocimiento; ello, pues basta que se señale ese numeral relativo a ese tema en particular para que proceda su remisión, en aras de evitar que se divida la contienda de la causa.": En consecuencia, al analizar las circunstancias del caso particular, el suscrito juzgado considera que en el presente asunto al consistir uno de los actos reclamados en "la omisión de eximir a la quejosa parcialmente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en estricto cumplimiento al artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación", el mismo debe ser resulto por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haberse determinado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que los juicios de amparo en los que se reclame la omisión de acatar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, deberán concentrarse en él. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 3, y CUARTO, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el dieciséis de mayo de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis y de la determinación de Concentración de Expedientes SECNO/CE/12/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el suscrito juzgador considera que del presente juicio de amparo debe conocer el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de la concentración antes precisada. En tal virtud, se ordena remitir los autos originales del presente asunto, así como el legajo de pruebas que fue recibido junto con el testimonio que se atiende al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la materia y sede indicadas, solicitando atentamente al juzgado indicado tenga a bien informar la determinación que adopte en torno a la presente resolución. Ahora bien, a fin de contribuir al ahorro de recursos materiales y humanos con que cuenta éste juzgado, en pro de una protección al medio ambiente, y toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y dado que obra el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese el cuaderno de antecedentes y entiéndanse glosadas las constancias relativas a las actuaciones previas a ésta fecha. Lo anterior, sin perjuicio de que, si alguna de las partes o sus autorizados en el presente juicio de amparo, requiere la consulta de alguna de éstas, éste órgano judicial le facilitará el equipo y medios electrónicos necesarios para ello. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 07/OCT/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Ingresos Coordinados, en suplencia por ausencia de la Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación del Tesorero y de la Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México, por medio del cual pretenden interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, el tercer párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo dispone que con el escrito de expresión de agravios el recurrente debe exhibir una copia para el expediente y otra para cada una de las partes. En el particular, la oficiante no exhibió ninguna copia del oficio de expresión de agravios, siendo que debió exhibir seis para los efectos indicados, a saber: tres para las autoridades responsables, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, una para correr traslado a la parte quejosa y una para el expediente; en mérito de lo anterior, con fundamento en el último párrafo del aludido precepto legal, se requiere a la recurrente para que, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de éste proveído, presente seis copias de su escrito de expresión de agravios, apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado se tendrá por no interpuesto el recurso de que se trata. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1103/2020-IV, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías, que dio origen al presente asunto, promovida por SERVIEXPRESS VM7, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, Cynthia Alonso Negrete, proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se admitió la demanda; informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas documentales, ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1103/2020-IV, promovido por SERVIEXPRESS VM7, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, Cynthia Alonso Negrete, contra actos de la Dirección general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Mediante escrito presentado de forma electrónica el veinte de noviembre de dos mil veinte, SERVIEXPRESS VM7, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, Cynthia Alonso Negrete, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Tiene ese carácter las siguientes autoridades: La Dirección general de verificación y defensa de la confianza de combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor. La Dirección de procedimientos de la Dirección general de verificación y defensa de la confianza de combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor. El Departamento supervisión e innovación tecnológica de la Dirección general de verificación y defensa de la confianza de combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor. ACTO RECLAMADO. . De las autoridades responsables reclamo la falta de respuesta a la solicitud de des inmovilización presentada el 20 de octubre de 2020. SEGUNDO. La quejosa considera que el acto reclamado es violatorio del artículo 8 Constitucional y atendiendo a la naturaleza del mismo no señaló a persona alguna como tercero interesado. TERCERO. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 1103/2020-IV, desechándose por su notoria y manifiesta improcedencia; inconforme con ello, la quejosa interpuso recurso de queja del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien revocó el acuerdo impugnado, ordenando admitir la demanda; en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se requirió a las responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y concluirá con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto omisivo a una autoridad administrativa que reside en el territorio en el que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, se procede analizar la demanda para determinar con exactitud el acto que reclama la parte quejosa. Lo anterior, sobre la base de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000), Página: 32). La jurisprudencia establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ante tal imperativo, del estudio integral de la demanda se desprende que el acto reclamado por la quejosa es: La omisión de dar contestación al escrito de veinte de octubre de dos mil veinte, a través de cual solicitó la des inmovilización de tres instrumentos de medición en los lados ("A"), ("F") y ("D"), pertenecientes a los dispensarios marca "DRESSER WAYNER, modelos C(NH/LM)22-22RV y C(NH/LM)33-33RV, con números de serie 40- 1026677, 40-1025164 y 40-1026993. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Dirección de Procedimientos y Departamento de Supervisión e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues al rendir su informe justificado así lo señalaron, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa; aunado a que no demostró que la petición cuya omisión les reclama la hubiera formulado a dichas autoridades y solo obra en autos el acuse de recibo del escrito dirigido a diversa autoridad y no a las aquí señaladas. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, respecto de las autoridades Dirección de Procedimientos y Departamento de Supervisión e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1919 - 2000 del rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Directora General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues si bien es cierto al rendir su informe justificado lo niega, expresando que se ha dado respuesta a su petición, también lo es que con antelación a la presentación de la demanda motivo del presente juicio no lo había hecho. Por lo tanto, se tiene como cierta la omisión reclamada a la responsable QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para que dicha causa de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del acto o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Lo anterior lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, aplicada por analogía por los principios que contiene, la cual es de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) En el caso, la quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal por considerar que se violó en su perjuicio el artículo 8 de la Ley Fundamental, disposición que tutela el derecho de los gobernados a formular petición a cualquier entidad que constituya parte del Estado Mexicano, quien, a su vez, tiene la obligación de dar una respuesta en un breve término y darla a conocer al solicitante en el domicilio que al efecto haya señalado. Ahora, la desobediencia constitucional de la autoridad responsable, consiste en la falta de respuesta a la petición presentada por la quejosa el veinte de octubre de dos mil veinte. Al respecto, la autoridad responsable al rendir el informe justificado manifestó que dicha petición fue atendida mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que ordenó el retiro de la medida precuatoria a los instrumentos de medición de la quejosa; y, mediante oficio número PFC/SPV/DC/DGVDCC/DP/2419/2021, de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Directora de Procedimientos ordenó a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez, con sede en el Municipio de Oaxaca de Juárez, que notificara y ejecutara dicho acuerdo. Para acreditar su dicho, exhibió copia certificada de las constancias aludidas, mismas que se reproducen enseguida: Además, exhibió copia certificada del acta de notificación y levantamiento de medida precuatoria de inmovilización de instrumentos de medición, que son del tenor siguiente: ... Los documentos insertos, valorados en términos de lo dispuesto en los artículos, 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a La Ley de Amparo, son prueba de que han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, como se anunció, pues con ellos acredita que se emitió respuesta a la petición de la quejosa, presentada el veinte de otubre de dos mil veinte, y que se la hizo de su conocimiento. Entonces, es evidente que dicho acto de autoridad ha quedado destruido como si nunca hubiese existido, restituyéndose a la parte agraviada en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de la responsable. Por identidad de razón, conviene citar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." (Novena Época; Registro: 168189; Instancia: Segunda Sala; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIX, Enero de 2009; Materia(s): Común; Tesis: 2a. /J. 205/2008; Página: 605) Cabe destacar que en acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, notificado el siete siguiente, se dio vista a la quejosa con dicha respuesta para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya realizado manifestación al respecto. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, opera el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la falta de respuesta atribuida a la autoridad responsable. Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 73 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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