Jose Manuel Revilla Calderon
Expediente 1270/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Jose Manuel Revilla Calderon
Actuaciones
- Incidental
Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1270/2023-I, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Tania Aguilar Herrera, Secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Cuenta. La secretaria da cuenta con el oficio registrado con folio 17573 y un sobre cerrado. La Juez acuerda: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe previo; ahora, toda vez que el informe al haberse presentado con antelación al inicio de esta audiencia se tomará en consideración en la presente determinación, sin necesidad de diferir la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en diciembre de 2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo." Por otro lado, se le tiene remitiendo en sobre cerrado la identidad de la víctima P.G.S. y toda vez que la información remitida por la autoridad responsable tiene el carácter de confidencial, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la misma, se ordena tomar las medidas necesarias para su debido resguardo. En consecuencia, resguárdense en la Secretaría de este juzgado el referido documento y con fundamento en el artículo 113, fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de salvaguardar la seguridad de la víctima, se determina que en ningún caso la información recibida podrá ser publicada, transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. No obstante, este juzgado federal, previo análisis de la solicitud que al efecto se presente por escrito donde se ponderen los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el presente asunto, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la información remitida, únicamente cuando resulte esencial para su defensa; debiendo en todo momento adoptarse todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Lectura de constancias. A continuación, la secretaria da lectura de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio; y b) informe previo rendido por la autoridad responsable. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron pruebas. Asimismo, la secretaria certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas y al no tener alguna pendiente por acordar ni pendiente de desahogo, la jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 144 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al encontrarse integrado el expediente, se procede a dictar resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1270/2023-I, promovido por ********************, por propio derecho, contra un acto del Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, por lo que, previa prevención, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó formar por cuerda separada el presente incidente, en el que se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso señala como acto reclamado el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil ocho, dictado en la causa penal ********************, del índice de la responsable. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pues refirió que si emitió el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil ocho, dentro la causa penal ********************, en contra del aquí quejoso y otros, como probables responsables en la comisión del delito de secuestro agravado, proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción. Por tanto, deberá tenerse como cierto el acto reclamado para efectos de resolver el presente incidente de suspensión. Cuarto. Efectos de la suspensión. En el caso, la parte quejosa no precisó para qué efectos solicitó la suspensión definitiva respecto al acto reclamado ya precisado. Sin embargo, ello no es impedimento para que esta juzgadora se pronuncie conforme a su prudente arbitrio sobre las consecuencias o estatus legal en que deban quedar las cosas en caso de ser procedente la medida cautelar, toda vez que dicha obligación fue instituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Quinto. Procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social; asimismo, tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la Republica, 125 y 128 de la legislación en consulta, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, a saber: - La naturaleza de la violación alegada; - La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; - Los que la suspensión origine a los terceros interesados; - Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, - Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Además, tratándose de la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: l. Que la solicite el quejoso; y, ll. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso queda colmado el primero de los requisitos, puesto que la suspensión fue solicitada de manera expresa por el propio quejoso. Asimismo, queda cumplido el segundo de los requisitos previstos en el numeral en estudio, puesto que con la concesión de la medida cautelar no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, tampoco se actualiza una de las hipótesis previstas en el ordinal 129 de la ley de la materia. Concesión de la suspensión. Ahora, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación de su proceso, en el entendido de que la autoridad responsable podrá continuar el procedimiento, pero deberá suspenderlo una vez que declare cerrada la instrucción, es decir, deberá de abstenerse de dictar sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de emitirse sentencia definitiva, se produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, lo que trata de evitar la fracción XVII, párrafo segundo, del artículo 61, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 25/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Fijación de garantía. Sin que sea el caso fijar garantía alguna, en virtud de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128, 141 y 144 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se concede a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por la autoridad señalada como responsable en el apartado tercero, por los motivos y efectos expuestos en el diverso considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que el quejoso ********************, ratifica el escrito presentado ante éste órgano jurisdiccional el treinta y uno de octubre del año en curso, marcado con folio 16735; asimismo, aclara que su nombre correcto es como quedó asentado. Con lo anterior se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada en proveído de seis de octubre del año en curso. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por ********************, por derecho propio, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Con fundamento en el punto tercero, artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese y tramítese en un solo cuaderno el incidente de suspensión solicitado, dado que no se considera necesaria la apertura de su duplicado. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se señala hasta esa fecha atendiendo a las altas cargas de trabajo, aunado a que este juzgado gozara del periodo vacacional de invierno, en la segunda quincena de diciembre del presente año. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5, fracción IV de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye. En el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que éste órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido, se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero Interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Exhortación para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo
- Incidental
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el juicio de amparo 1270/2023-I, promovido por********************, por propio derecho, contra un acto del Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, así como de su aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de formal prisión de veintinueve octubre de dos mil ocho, dictado en la causa penal ********************, del índice de la responsable. Efectos de la suspensión. En el caso, la parte quejosa no precisó para qué efectos solicitó la suspensión provisional respecto al acto reclamado ya precisado; sin embargo, ello no es impedimento para que esta juzgadora se pronuncie conforme a su prudente arbitrio sobre las consecuencias o estatus legal en que deban quedar las cosas en caso de ser procedente la medida cautelar, toda vez que dicha obligación fue instituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social; asimismo, tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la Republica, 125 y 128 de la legislación en consulta, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, a saber: La naturaleza de la violación alegada; La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; Los que la suspensión origine a los terceros interesados; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Además, tratándose de la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: l. Que la solicite el quejoso; y, ll. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso queda colmado el primero de los requisitos, puesto que la suspensión fue solicitada de manera expresa por el propio quejoso. Asimismo, queda cumplido el segundo de los requisitos previstos en el numeral en estudio, puesto que con la concesión de la medida cautelar no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Concesión de la suspensión. Ahora, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación de su proceso, en el entendido de que la autoridad responsable podrá continuar el procedimiento, pero deberá suspenderlo una vez que declare cerrada la instrucción, es decir, deberá de abstenerse de dictar sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que de emitirse sentencia definitiva, se produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, lo que trata de evitar la fracción XVII, párrafo segundo, del artículo 61, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la la jurisprudencia 1a./J. 25/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Fijación de garantía. Sin que sea el caso fijar garantía alguna, en virtud de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; enviándole para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberá precisar si es cierto o no el acto reclamado, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia, así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Presunción de certeza. En el entendido que de no rendir su informe previo en el plazo otorgado para tal efecto, se tendrá por cierto el acto reclamado, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 142 de la Ley de Amparo. Apercibimiento de multa. Asimismo, en caso de no rendir su informe previo, se le impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Autorizado. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a ********************, dado que de la certificación de cuenta, se advierte que tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", Tecate, Baja California; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a las actuarias judiciales de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario, con la copia de la determinación correspondiente. Correo electrónico. Téngasele señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe. Tania/RnjrAsí lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe. Tania/RnjrAsí lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, la Coordinación de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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