Jose Manuel Ramirez Tapia.
Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Ramirez Tapia.
Actuaciones
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de********************, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales, ni se formó incidente de suspensión ni tomo de pruebas por separado. Notifíquese. JRL
- Principal
MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por Armando Flores Ponce, quien se ostenta como apoderado legal de ****, contra actos de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 554/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: [...] El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La omisión de llevar a cabo el procedimiento de ejecución; esto, al no hacer entrega de los títulos de crédito, correspondientes al pago de la condena impuesta a la parte demandada, a favor de la aquí quejosa, dentro de los autos del juicio laboral de origen ****. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Así, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. [...] En el caso, el acto que reclama la parte quejosa consistente en la omisión de llevar a cabo el procedimiento de ejecución; esto, al no hacer entrega de los títulos de crédito, correspondientes al pago de la condena impuesta a la parte demandada, a favor de la aquí quejosa, dentro de los autos del juicio laboral de origen 816/2017, por lo que para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debe determinarse si existe una abierta dilación o paralización del procedimiento. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 192/2021, determinó que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) no resulta aplicable para determinar si existe una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral contra actos en la etapa de ejecución de laudo; asimismo, señaló que corresponde al juzgador ponderar cuándo existe una abierta dilación, para lo cual deberá considerar lo siguiente: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de las partes; c) la conducta de la autoridad y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Ahora, de lo expuesto por la parte quejosa en el escrito de demanda, se advierte lo siguiente: El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se dictó el laudo en el juicio laboral de origen ****, por lo que al quedar firme y al no haber dado cumplimiento voluntario la parte demandada aquí tercera interesada el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el promovente solicitó por primera vez el cumplimiento al laudo dictado en autos. En consecuencia, el treinta de mayo de ese mismo año, se dictó auto de ejecución y con fecha de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago. Dada la negativa de la parte demandada de cubrir el crédito laboral, en esa misma fecha se trabó embargo sobre sus cuentas bancarias. Por tanto, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable giró oficios a las instituciones bancarias, a fin de que remitieran los títulos de crédito, correspondientes al pago de la condena impuesta a la parte demandada, lo cual ya aconteció, sin que a la fecha le hayan sido entregados. Por tanto, este juzgado de Distrito estima que en el caso no existe una abierta dilación que haga procedente el amparo, pues aun cuando la parte actora no informa la fecha en que fueron exhibidos los títulos de crédito ante la responsable, únicamente han transcurrido veintinueve días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que la responsable requirió a las instituciones de crédito los cheques mencionados. En efecto, la parte quejosa reclama que la responsable no ha realizado la entrega de los títulos de crédito, correspondientes al pago de la condena impuesta a la parte demandada, a favor de la aquí quejosa, dentro de los autos del juicio laboral de origen 816/2017; en consecuencia, tomando en consideración que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable giró oficios a las instituciones bancarias, a fin de que remitieran los citados títulos de crédito, se colige que a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril de dos mil veintitrés) sólo han transcurrido veintinueve días de dilación, de ahí que a criterio de este juzgador, en el caso no existe una abierta dilación en la etapa de ejecución, ni una afectación que haga procedente el amparo. [...] Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Armando Flores Ponce, quien se ostenta como apoderado legal de José Miguel Ramírez Tapia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. CONSULTA POR USUARIO Ahora, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "********************". REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...] [...] HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta a los actuarios de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. JRL
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