José Manuel Plata Bañuelos
Expediente 50/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Manuel Plata Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa, aun cuando no resulta de relevancia documental, es susceptible de conservar al haberse negado la protección de la Justicia de la Unión. Por lo que, una vez que se cumplan los tres años, del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, deberá transfiéranse éste juicio de amparo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que por una parte, se otorgó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, transfiérase el mismo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.EcrCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintiuno. ACUSA DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la Secretaria de acuerdos encargada del despacho por ministerio de ley de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, acusa de recibo del oficio mediante el cual le fueron remitidas las constancias que remitió junto con su informe justificado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de abril del año en curso, en la que se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VIII-50/2020, promovido por ********************contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el diecisiete de enero de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que carecía de competencia por razón de turno para conocer de la misma. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veinte de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se avocó y admitió la demanda de garantías promovida por ********************misma que quedó registrada bajo el número VIII-50/2020; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación XI-55/2019, en la que se confirma la diversa dictada por la Juez de Control Región Morelia, en la causa penal 283/2018, en la que se negó al aquí quejoso la suspensión condicional del proceso. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento del mismo la autoridad jurisdiccional. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación XI-55/2019, en la que se confirma la diversa dictada por la Juez de Control Región Morelia, en la causa penal 283/2018, en la que se negó al aquí quejoso la suspensión condicional del proceso. En primer término, debe destacarse el dieciocho de junio de dos mil ocho, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero (actualmente párrafo quinto), cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al sistema procesal penal acusatorio. Posterior a dichas reformas, el actual párrafo quinto del artículo 17 Constitucional, contempla lo siguiente: "Artículo 17. (.) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial." El poder constituyente con ese cambio legislativo no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; sino también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Con la reforma constitucional, ahora la justicia restaurativa y la retributiva coexisten en el nuevo sistema de justicia penal. Esta última significa infligirle al imputado un daño -a través de una pena, en especial la privación de su libertad- como consecuencia de la lesión generada con la comisión de un delito, con el objetivo primario de sanción y, adicionalmente, como medida ejemplar de disuasión hacia todos los gobernados. En este sentido, el legislador es quien determina -a través de las normas sustantivas penales- el castigo que el inculpado debe compensar, sobre todo a la sociedad, por la infracción generada a un miembro de la misma. La justicia restaurativa, por su parte, implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el inculpado repare el daño ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado no persigue sancionar, sino sólo reparar. Ambos tipos de justicia parten de la base ocurrió un hecho considerado como delito y los dos también pretenden, por la vía de la justicia, solucionarlo. Pero el segundo se construye sobre la premisa el primero ha sido incapaz para solucionar la conflictiva penal y que, por diseño normativo, ha dificultado la real incorporación de la víctima en el proceso. A primera vista, podría sustentarse que la justicia retributiva y la justicia restaurativa son opuestas y que, por tanto, los caminos se enfilan hacia uno u otro extremo, necesariamente persiguen objetivos encontrados. Sin embargo, aunque esta idea es útil para fijar bien los extremos de justicia cada una busca en materia penal, ocurre que los caminos no persiguen exclusivamente un tipo de justicia; tan sólo tienen, por regla general, un orden de prioridades invertidas y, en casos excepcionales, ciertamente excluyentes. En buena medida, los caminos desembocan en una justicia mixta, con parte de retribución y con parte de restauración. La razón parece clara: la reparación del daño se ha posicionado como principal objetivo de la justicia penal, pero no es el único. De manera que, el juicio debe buscar la reparación del daño, pero también imponer una pena y, en este camino, ello es prioridad. Por contra partida, los mecanismos alternativos deben procurar la reparación del daño y si para lograrlo, es necesario, prescindirá de la pena -como en la suspensión condicional del proceso-, pero no siempre o al menos no de toda la pena -como en el procedimiento abreviado-. Entonces, en el juicio hay pena -retribución- y también reparación del daño -restauración-, pero la última es prioritaria; y en los mecanismos alternativos hay restauración -reparación del daño-, aunque también puede haber retribución, esto es, son híbridos con prioridades invertidas. Con todo, la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, pero ya no pretende, por regla general, declarar una responsabilidad penal e imponer una pena aflictiva, especialmente la de prisión. Así, los procesos de justicia restaurativa se sustentan en un cambio de paradigma, entendido como un proceso donde las partes involucradas en un conflicto originado por la comisión de un delito, acuerdan solucionarlo tratando las consecuencias del ilícito y sus implicaciones para el futuro; esto es, demanda que las partes envueltas en la litis sean los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público) como decisor (Juez). Por ende, los mecanismos inherentes a la justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica acepte los hechos de la imputación o, al menos, no los cuestione. Es así, dado la aceptación o carencia de contradicción del implicado no es gratuita, ya que a través de la celebración de un mecanismo de solución alterna suspende la tramitación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad, así como la consecuente reparación del daño. Los beneficios inmediatos hacia los partícipes (reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso culmine con la imposición de una pena privativa de libertad) no son los únicos efectos relevantes, esto es, de modo alguno llega al extremo de considerase un asunto privado, y eso explica la necesidad de la intervención del Estado, quien conserva un rol significativo al: a) establecer el marco legal dentro del cual se desarrollan los procesos restaurativos; b) decidir qué casos pueden ser encausados por estos; c) supervisar la legalidad en los procesos; y d) velar por el cumplimiento de los acuerdos. Entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 Constitucional, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la comunidad para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Ante tal contexto normativo, debe concluirse tanto la tutela judicial, como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con idéntica dignidad, teniendo como objeto igual finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano. Registro digital: 2004630 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: III.2o.C.6 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1723 Tipo: Aislada ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es, resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el Estado Mexicano. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 278/2012. Alfonso Ponce Rodríguez y otros. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Enrique Gómez Mendoza. Sentado lo anterior, se reitera, en el presente caso el acto reclamado se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirma la negativa de decretar la suspensión condicional del proceso, la cual se trata de un medio alternativo de solución de controversias, que de manera general, encuentra su fundamento constitucional en el artículo 17, párrafo quinto, de nuestra Constitución Federal, previamente transcrito. La suspensión condicional del proceso, constituye un instrumento de justicia restaurativa, por medio del cual se intenta evitar en lo posible imponer penas privativas de libertad, buscando enfatizar la reparación del daño causado por una conducta delictiva, a través de la voluntad de las partes, quienes pueden llegar a una solución dependiendo de la gravedad del delito. Este medio alterno consiste básicamente en detener de manera provisional la acción persecutoria ejercida contra una persona a quien se atribuye la comisión de un ilícito, quedando ella sometida, dentro de un plazo delimitado, al cumplimiento de ciertas condiciones impuestas por el Juez de Control, al término del cual se extingue la acción penal, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones y el beneficiado no sea objeto de una nueva formalización por la comisión de diverso hecho delictivo. De esa forma, la suspensión condicional del proceso se manifiesta como una institución bifrontal, pues por una parte, tiene la capacidad extintiva de la acción penal y, por la otra, cuando es el Ministerio Público quien la solicita, se traduce en una clara expresión del principio de oportunidad establecido en el séptimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal, que implica la facultad discrecional de la representación social, de no iniciar la investigación penal o de abandonar la ya iniciada, cuando el hecho delictivo no comprometa gravemente el interés público. Esto al permitir la solución de la controversia sin la necesidad de celebración del juicio, beneficiando así a ambas partes, en tanto tiene como finalidad evitar la continuación del proceso y la imposición de las penas, impidiendo la estigmatización con motivo del antecedente penal eventualmente se generaría sobre el imputado y, buscando por otro lado, atender de manera preponderante a los intereses de la víctima u ofendido a través de un plan de reparación del daño. Además de racionalizar la intervención de la justicia penal, logrando con la evitación del proceso, el ahorro de recursos estatales, al igual que el descongestionamiento de los casos tramitados y la concentración de los órganos del sistema penal en la persecución y juzgamiento de los delitos más graves. Pues bien, su regulación se ubica en los artículos 191 a 200 del Código Nacional del Procedimientos Penales, dentro de los cuales se prevé la forma de solicitarse y las personas legitimadas para tal efecto; el procedimiento a seguirse para dictar una resolución de esa naturaleza; los supuestos deben actualizarse para el imputado acceda a dicha suspensión, es decir, los requisitos de procedencia; y las causas de revocación del mismo. Para mayor ilustración, enseguida se transcribirán algunos de los numerales más relevantes contemplan esa institución, en específico aquellos establecen la definición de dicha figura jurídica y los requisitos de procedencia y efectividad: CAPÍTULO III SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y (ADICIONADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 8 DE NOVIEMBRE DE 2019) La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos. De acuerdo a lo establecido en los artículos 191, 192 y 193, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la petición de este medio de solución alterna correrá a cargo del imputado o el Ministerio Público; pudiendo formularse una vez dictado el auto de vinculación a proceso, hasta antes de acordarse la apertura de juicio, será procedente cuando: I. La media aritmética de la pena de prisión del delito atribuido en el auto de vinculación a proceso, no exceda de cinco años; II. No exista oposición fundada de la víctima y ofendido; y, III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Tales requisitos son de procedencia, es decir, condiciones deben actualizarse para el imputado pueda obtener la suspensión condicional del proceso, mismos se encuentran previstos en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adicionalmente a las anteriores exigencias, el imputado debe presentar un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, mismo debe aprobar el Juez de conocimiento. En su resolución el Juez de control debe fijar las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud; en el primer supuesto, puede aprobar el plan de reparación propuesto o modificarlo, según las circunstancias del caso; ello se encuentra previsto en los numerales 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, el numeral 195 del mismo ordenamiento legal establece las condiciones el imputado deberá cumplir durante la suspensión condicional del proceso, es decir, los requisitos de efectividad de la citada figura jurídica. Una vez transcurrido el plazo establecido, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes las llevó a una solución alterna del conflicto, en términos del artículo 199 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, si el imputado incurre en alguna causa de revocación de la suspensión condicional del proceso, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, acorde al normativo 198 del citado ordenamiento. Así, conforme a los preceptos legales antes transcritos, en el sistema penal acusatorio, la finalidad de la suspensión condicional del proceso es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, la reparación integral del daño; de ahí, para dicha figura procesal pueda operar, no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso, pues de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Establecido lo anterior, se procede a analizar el caso en concreto acorde con las constancias que allegó la autoridad responsable, entre las que destacan: La audiencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que la defensa del aquí quejoso señaló que plantearía la suspensión condicional del proceso destacando como plan de reparación del daño el pago de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que se señaló corresponde al monto reclamado por el Ministerio Público en la acusación; por su parte, la víctima, por conducto de su asesor jurídico manifestó su oposición señalando que con dicho monto no se satisfacía íntegramente el daño causado, ya que éste ascendía a una cantidad mayor, para lo cual invocó como medios de prueba los señalados en el escrito mediante el cual pretendió constituirse como coadyuvante del ministerio público, lo cual se le había negado, siendo que dicha negativa de reconocerlo como coadyuvante era materia del diverso juicio de amparo VIII-426/2019, del índice de este juzgado, motivo por el cual el juez de control suspendió el procedimiento, ello a fin de preservar la materia de aquél juicio de garantías, al considerar que los pronunciamientos que en ese aspecto se relacionan directamente con los medios de prueba que pretendía se le admitieran al constituirse en coadyuvante del Ministerio Público. Seguido por sus trámites legales, se dictó sentencia en el juicio de amparo VIII-426/2019, en la que se concedió la protección constitucional a la víctima, para el efecto de que se dejaran insubsistentes los autos en los que no se había reconocido al asesor jurídico de la víctima y a esta última el carácter de coadyuvantes del Ministerio Público; y, en su lugar se dictara otro acuerdo en el que de no existir otro motivo para no reconocerles tal carácter, se reconociera el mismo en los términos planteados por el asesor de la víctima. En mérito de ello, por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, el juez de control, dejó insubsistentes los actos reclamados en dicho juicio de garantías, reconoció al asesor de la víctima el carácter de coadyuvante del ministerio Público. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, la defensa del imputado solicitó al juez de control que se levantara la suspensión del procedimiento decretada y que se señalara día y hora para resolver lo procedente en torno a la suspensión condicional del proceso, señalando que solo había quedado pendiente la resolución del juez toda vez que las partes ya habían debatido al respecto en la audiencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve. A dicha petición recayó el auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, en el que la juez de control convocó a las partes a audiencia para debatir sobre la procedencia de la suspensión condicional del proceso; asimismo, mediante diverso auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la juez de control, señaló que la suspensión del proceso había cesado al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que si bien en la audiencia de veinte de mayo de dos mil veinte, se había realizado el planteamiento sobre la suspensión condicional del proceso, petición a la que la víctima se opuso por un tema relacionado con la reparación del daño que a su vez tenía vinculación con el juicio de amparo VIII-426/2019, en la nueva audiencia se resolvería lo conducente previo debate sobre el tema relacionado a la reparación del daño que había quedado pendiente. En audiencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, la juez de control puntualizó que virtud al cumplimiento del fallo protector el proceso penal se retrotrajo hasta la recepción de la acusación del Ministerio Público y la constitución de la víctima como coadyuvante del Ministerio Público y que por tal motivo cualquier debate posterior se había anulado; posteriormente, la defensa nuevamente solicitó la suspensión condicional del proceso señalando como plan de reparación el pago de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); en dicho acto el Ministerio Público señaló que en la investigación obraba un recibo por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) que la víctima exhibió con su denuncia, el cual pese a estar relacionado con los hechos, se desconocía por qué no se tomó en consideración en la acusación; por su parte el asesor de la víctima se opuso al plan de reparación explicando que la cantidad documentada en la investigación para reparación del daño ascendía a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), haciendo énfasis en que el recibo señalado formaba parte de la investigación; asimismo, la víctima directa reiteró su oposición con el monto del pago de la reparación del daño; otorgándose la réplica a la defensa, esta insistió en su oferta señalando que esa cantidad había sido establecida como la cuantía del fraude por el juez de control en el auto de vinculación a proceso y que no existía relación entre los hechos y la cantidad del aludido recibo; a fin de verificar la información discrepante la juez de control decretó un receso para consultar el auto de vinculación, ya que señaló que era la única manera de analizar objetivamente si el plan de reparación propuesto era ajustado a derecho. Una vez reanudada la audiencia, la juez de control señaló que en el auto de vinculación se estableció la existencia de un contrato de prestación de servicios; acto seguido, previno a las partes para que precisaran el concepto del recibo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), sin controversia entre ellas, informaron que el contrato de prestación de servicios relacionado al hecho materia de la vinculación contenía pactado como pago de honorarios la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y que en su cláusula quinta se hacía referencia al pago del 7% en torno al interés por el cobro de un pagaré y que el recibo de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) hacía referencia a ese concepto; por lo que la juez de control declaró fundada la oposición en relación al plan de reparación del daño, ya que estimó que el pago de la cantidad propuesta por el imputado no comprendía la totalidad de la cantidad que la víctima entregó a su acusado y que por tanto no se garantizaba íntegramente el resarcimiento del patrimonio que se afectó. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso en su contra recurso de apelación, en el que en esencia alegó: Que fue incorrecto dejar sin efectos la audiencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve, ya que los efectos de la sentencia del juicio de amparo VIII-426/2019, no implicaban que se dejara sin efectos todo lo actuado como lo había señalado la juez de control y que por tanto no era necesario que se formulara nuevamente la solicitud de la suspensión condicional del proceso, ni el debate sobre la misma. Que la fiscalía faltó a los principios de lealtad y objetividad al cambiar su postura de una audiencia a otra sobre la solicitud de la suspensión condicional del proceso. Que la juez de control incorporó al debate información distinta a la aportada por las partes. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho medio de impugnación a la Magistrada de la Octava sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, quien mediante ejecutoria de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, confirmó la determinación recurrida, bajo los siguientes argumentos: Que la apelación no es la vía para combatir los efectos de una sentencia de amparo y que por tanto la autoridad de alzada del fuero común no puede pronunciarse sobre el cumplimiento de una sentencia de esa naturaleza, que en todo caso el defensor del imputado, aquí quejoso, estuvo en aptitud de inconformarse contra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; que al haberse concedido el amparo para reconocer al asesor de la víctima el carácter de coadyuvante del ministerio público era razonable que se le diera intervención con tal calidad en las audiencias sucesivas y que por tal motivo la audiencia del veinte de mayo de dos mil diecinueve había sido alcanzada por los efectos de la insubsistencia de los acuerdos reclamados en el amparo VIII-426/2019, ello a fin de que la víctima pudiera incorporarse desde un inicio al debate de la audiencia con el carácter de coadyuvante del Ministerio Público, por lo que era necesaria una nueva petición sobre la suspensión condicional del proceso y su debate. Que el cambio de la postura de la fiscalía en relación con la solicitud de la suspensión condicional del proceso no fue la que produjo una decisión adversa al imputado, toda vez que la decisión de la juez de control fue con base en la oposición de la víctima en la audiencia, la cual fue acogida por la juez debido a que el monto del plan de reparación no cubría lo que objetivamente estaba justificado en la investigación, hecho que incluso no fue controvertido al momento de la audiencia. Que la juez no incorporó información distinta a la aportada por las partes, ya que el debate generado tuvo como punto de partida si el recibo por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), que obra en la investigación desde la presentación de la querella estaba vinculado con los hechos del proceso o no, como parte de una reparación integral, lo cual permitió que la juez de control verificara la información correspondiente a registros de etapas anteriores en la causa como el auto de vinculación a proceso, sin que exista impedimento legal para ello, pues de otra forma no habría sido posible advertir que tal recibo está relacionado con el contrato de servicios profesionales en su cláusula quinta. Una vez analizadas dichas consideraciones, este órgano de control constitucional considera jurídicamente correcta la determinación de la magistrada responsable que confirmó la de primer grado. Lo anterior es así, porque el juzgador penal tiene la facultad de revisar y evaluar la justificación aducida por el fiscal o víctima, apoyando su análisis en razones objetivas, dentro de los límites establecidos por el marco legal. En ese sentido, la juez de control justificó la oposición de la víctima con argumentos con pleno razonamiento objetivo, y apegándose al marco legal, pues se insiste, las consideraciones desplegadas por la juez de control, se alinean a la interpretación lógica del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, si partimos de la base de que una de las excepciones para que el imputado acceda al mecanismo alternativo de suspensión condicional del proceso, es que no exista oposición fundada de la víctima, los argumentos expuestos en su momento son y deben ser calificados como tales. Ello en razón de que la oposición expuesta por la víctima y su asesor se refiere a la reparación del daño, lo cual resulta trascedente, toda vez la oposición en comento debe ser relativa a dicho concepto, pues así se advierte de la interpretación del numeral 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar: Artículo 204. Oposición de la víctima u ofendido La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Precepto se invoca por analogía, pues aun cuando se encuentra dentro del capítulo que regula el procedimiento abreviado, es ilustrativo para el presente asunto; además, porque el artículo 64 de la Ley General de Víctimas contempla lo siguiente: Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria; III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos; VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento. (ADICIONADO, D.O.F. 3 DE ENERO DE 2017) En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación. (ADICIONADO, D.O.F. 3 DE ENERO DE 2017) La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas, según corresponda, expedirán los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación. En efecto, de lo anterior se obtiene para la improcedencia de la suspensión condicional del proceso, se requiere -entre otros- una oposición fundada, que tenga relación con la debida garantía de la reparación del daño. Lo cual es evidente que acontece en el caso concreto, máxime que como bien lo destacó la magistrada responsable, al reconocerse a la víctima y su asesor, el carácter de coadyuvantes del Ministerio Público, fue relevante su oposición ante la posición limitada de la fiscalía en torno a la reparación del daño. Asimismo, es correcta la determinación de la magistrada responsable al considerar que la juez de control no incorporó al debate información distinta a la aportada por las partes, pues como se advierte de la audiencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, la oposición tuvo su fundamento en la existencia de un recibo que estaba relacionado con el contrato de prestación de servicios y vinculados ambos con los hechos de la imputación, además de que los mismos habían sido incorporados a la investigación desde la presentación de la querella, lo cual pudo verificar la juez de control al realizar la revisión del auto de vinculación a proceso. Máxime si se tiene en consideración que la juez de control previno a las partes para que precisaran el concepto del aludido recibo y sin controversia entre ellas se informó en el acto de la audiencia que el contrato de prestación de servicios profesionales, relacionado al hecho materia de la vinculación, contenía pactado como pago de honorarios la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y en su cláusula quinta hacía referencia al pago que se haría al imputado de un 7% en torno al interés por el cobro de un pagaré vinculado a uno de los juicios ejecutivos mercantiles involucrados en el contrato y que el recibo por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) hacía referencia a dicho concepto. De ahí que resulta correcta la apreciación de la magistrada responsable al señalar que la juez no incorporó información distinta a la aportada por las partes al momento de la oposición y el debate, ya que precisamente esa fue la parte medular y a la luz de la cual tuvo sustento la oposición, siendo que esa cuestión al no ser controvertida se tuvo por cierta y probada acorde a la revisión que la juez de control realizó respecto del auto de vinculación y que guarda relación con la reparación del daño, de ahí que resulta correcta la determinación de la magistrada de confirmar la negativa de la suspensión condicional del proceso. Por último también resulta infundado el argumento del quejoso en el que insiste en que fue indebido dejar sin efectos la audiencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve, y que contrario a lo señalado por la magistrada responsable, sí hace un pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que, contrario a lo señalado por el quejoso, la propia magistrada destacó que la apelación, como recurso ordinario, no era la vía para combatir los efectos de la sentencia de amparo y que por ello estaba legalmente impedida para pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector. Además, si bien se destacó que los efectos de una sentencia concesoria ante actos de carácter positivo implicaban restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, además de señalar que la audiencia de veinte de mayo de dos mil diecinueve, era posterior a los acuerdos reclamados en el amparo VIII-426/2019, y que por tanto, al reconocer a la víctima y a su asesor el carácter de coadyuvantes del ministerio público, estos podían intervenir con tal calidad en las audiencias sucesivas, que por tal motivo la audiencia había sido alcanzada por los efectos del amparo, ello no implica que la autoridad responsable hiciera un pronunciamiento o calificara en modo alguno el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues únicamente se limitó a explicar al quejoso lo que por lógica jurídica acontecía ante los efectos del fallo protector. Máxime que, como bien lo puntualizó la magistrada responsable en la resolución reclamada, el quejoso estaba en aptitud de hacer valer los medios legales que estimara pertinentes para el caso de que considerara la actuación la juez de control había excedido el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siendo que desde el once de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional había declarado cumplido el fallo protector dictado en el juicio de amparo VIII-426/2019. De modo que, al no haberlo hecho así el quejoso consintió tal actuación incluso desde que la juez de control dictó los proveídos de diez y veintiuno, ambos de octubre de dos mil diecinueve, en los cuales convocó a las partes a audiencia para debatir sobre la procedencia de la suspensión condicional, haciendo evidente al señalar que nuevamente se abriría el debate que se había dejado sin efectos la audiencia celebrada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, en la que incluso la víctima ya se había opuesto al plan de reparación, de modo que, aun cuando no se dejara insubsistente aquella audiencia la oposición había sido expresada por la víctima y la juez de control debía analizar objetivamente lo debatido por las partes, por lo que se considera que con la determinación de dejar sin efectos aquella audiencia no se le dejó en estado de indefensión, virtud a que la oposición ya había sido formulada en los mismos términos, esto es, ya se había expuesto en debate que con el plan propuesto no se cubría la reparación del daño, por ser mayor. En ese orden de ideas, siendo INFUNDADOS los argumentos vertidos en los conceptos de violación, procede NEGAR el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso ********************respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************contra el acto reclamado a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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