José Manuel Pinto Solorio
Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Manuel Pinto Solorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio de amparo NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 801/2022 promovido por José Manuel Pinto Solorio, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Anotación y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes; y, una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 3 JUZGADO OCTAVO EXPEDIENTE 801/2022 Amparo indirecto 801/2022 Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable toda vez que se concedió la suspensión del plano; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Robo de Vehículos Zona Valle de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, mediante el cual remite las constancias relativas a la libertad del quejoso José Manuel Pinto Solorio; lo anterior, toda vez que el ocho de agosto del año en curso, se sobreseyó el presente asunto. Por otra parte, como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora, respecto de la dirección de correo electrónico agonzalezg@fiscaliaedomex.gob.mx, se le tiene como medio alternativo de contacto, atendiendo al estado de emergencia sanitaria por causa mayor de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCOV2(COVID-19), y conforme al Acuerdo 8/2020 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos Zona Valle de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, México, por medio del cual remite copia certificada de las constancias relativas a la puesta en libertad del quejoso José Manuel Pinto Solorio. Documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie a la parte quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. Del artículo referido se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la orden de detención ejecutada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos Zona Valle de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, México. Ahora bien, de las constancias allegadas por la citada responsable, se advierte el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación ECA/RVN/VEC/034/198786/22/07, mediante el cual se ordenó la inmediata libertad del investigado, aquí quejoso, José Manuel Pinto Solorio. Así también, se advierte la boleta de salida, firmada por el citado Representante Social, dirigida al Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a través del cual se solicitó la salida del imputado de nombre José Manuel Pinto Solorio al haberse decretado su libertad bajo reservas de ley, quien se encontraba en el área de seguridad anexa al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli. De ahí que se estime que la acción reclamada ha cesado en sus efectos, dado que si bien el acto que reclamó el quejoso existió, al haberse ordenado su libertad, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, en virtud que si bien, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos Zona Valle de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, México, al quejoso José Manuel Pinto Solorio por el delito de encubrimiento cometido en agravio de la administración de justicia, el ocho de julio de dos mil veintidós, se decretó su libertad bajo reservas de ley, por ende, cesaron los actos que reclamó el peticionario de amparo; por tanto, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto de los actos reclamados. En conclusión, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia precisada, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rocío Solorio Almanza, en representación de José Manuel Pinto Solorio. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las trece horas con treinta y un minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós. Sin que se pase por alto la circunstancia que en el punto segundo del acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación ECA/RVN/VEC/034/ 198786/22/07, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos Zona Valle de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, México, se advierta que se ordena la inmediata libertad del investigado Juan Valentín González, cierto es que dicha circunstancia debe tomarse como un error mecanográfico, puesto que la citada carpeta fue iniciada solo en contra del aquí quejoso José Manuel Pinto Solorio por el delito de encubrimiento por receptación. Comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Fiscal Regional de Cuautitlán, conforme al contenido de los proveídos de siete y trece de julio del año en curso, por el que se les solicitó su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen de que acontezca lo anterior, a fin de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, así como no irrogar perjuicio alguna de las partes, es procedente diferir la audiencia constitucional programada para esta data y, en su lugar, se señalan las trece horas con treinta y un minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. La anterior circunstancia hágase del conocimiento de las partes. En diverso aspecto, visto el estado procesal de autos, se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos en Cuautitlán Izcalli, México, no ha remitido copia certificada del acuerdo en el que se haya decretado la libertad del quejoso José Manuel Pinto Solorio en la carpeta de investigación ECA/RVN/VEC/034/198786/22/07. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al citado representante social, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la puesta en libertad del aludido quejoso, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo dentro del término establecido, se le hará efectivo el apercibimiento de multa con el que se le conmino. Notifíquese.
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