José Manuel Pérez Guerra

Expediente 610/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
610/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Pérez Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite: Un sobre que contiene los siguientes documentos. Testimonio de la resolución de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja civil 111/2020 de ese índice, en la cual, dicho órgano jurisdiccional determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Genérese el acuse de recibo correspondiente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años.-

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veintitrés de octubre de del actual año en donde se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por José Manuel Pérez Guerra, en contra del auto de uno de octubre de dos mil veinte, el cual quedó registrado con el número 111/2020 de su índice.

  3. Principal

    Se tiene interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de octubre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital.

  4. Principal

    Visto el oficio ***** con anexos, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite: Copia certificada del oficio *****, del Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato. La demanda de amparo signada por el quejoso ****** y tres copias. Oficio ****.Constancias de notificación. Expediente *****, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, en un tomo.Cuadernillo de amparo. Un sobre que contiene los siguientes documentos: Estado de cuenta bancaria de adeudo. Cuarenta y tres comprobantes de pago. Copia certificada de los instrumentos públicos ***********. Copia de cédula de identificación fiscal. Lo anterior, toda vez que el Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, dictó el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo directo civil ****** del índice del órgano colegiado que preside, en el que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad. Este juzgado determina continuar con el conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 610/2020-V. Genérese el acuse de recibo de estilo.El juez responsable proveyó sobre la suspensión que solicita la parte quejosa; sin embargo, dicho pronunciamiento se deja insubsistente, pues en materia de amparo indirecto, la referida responsable carece de facultades para decretarla. Ahora bien, vista la demanda de amparo signada **********, de conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se observa que el acto reclamado es la resolución del recurso de revocación de diez de agosto del presente año, en donde confirma el auto de diecisiete de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente ****, donde el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad admitió la prueba documental presentada por la parte actora ******* apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA Bancomer Sociedad anónima institución de Banca Grupo Financiero BBVA Bancomer, consistente en el estado de cuenta del crédito que le fue otorgado al demandado, aquí quejoso, en el periodo comprendido del dos mil seis al dos mil dieciséis. Causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que los actos reclamados no causan una afectación de imposible reparación. De las disposiciones jurídicas invocadas, se colige que los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva. En el caso, las consecuencias del acto reclamado pueden ser reparadas en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el procedimiento convencional mercantil, ******, del índice de Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. En consecuencia, la resolución dictada por el juez responsable no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo promovido en la vía indirecta, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, sólo implica la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que podrían ser reparados de obtener una resolución favorable en el procedimiento convencional mercantil, y que en caso de una resolución adversa podría combatirse en amparo directo como una violación procesal, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones III y XII de la Ley de Amparo. Así, la resolución reclamada no puede considerarse un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, en términos del diverso 113 de dicha ley. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir fuera del lugar de residencia de este juzgado, en ese sentido no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión. Sin embargo, para no dejar al quejoso en estado de indefensión se ordena notificar el presente proveído en el domicilio ubicado en ******, Guanajuato. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***** y *******, en virtud de que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos. De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid191 se exhorta a las demás partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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