José Manuel Pérez Castro

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Pérez Castro
  • José Manuel Pérez Castro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E, signado por el licenciado David García Galván, autorizado en términos amplios del quejoso. en atención a su contenido, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar, a partir de la presente determinación, así como las subsecuentes vía electrónica, en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de le Federación, en los términos en los que establece el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, al haber señalado como usuario. por lo que se presume que dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario denominado Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección electrónica. Por otra parte, en relación a la manifestación del quejoso relativa a que se encuentra pendiente de notificarle de manera electrónica el proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, por lo que solicita tener acceso a las notificaciones vía electrónica a partir del dieciséis de agosto del año en curso; no ha lugar a acordar de conformidad, dado que por acuerdo de treinta de junio del año en curso, únicamente su autorizó la consulta electrónica de este expediente, no así las notificaciones por no haberlo solicitado; además, que la determinación que refiere le fue notificada por lista de acuerdos de dieciocho de agosto del presente año, previo aviso de notificación que se dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, tal y como se advierte en la diligencia que obra glosada en autos, y digitalizada en el expediente electrónico. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los términos siguientes. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora, Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las autoridades responsables. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", ambos con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficios de fechas veintinueve de junio, uno y cinco de julio de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de siete de julio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista otorgada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral; con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 209/2021, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el citado proceso penal en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de ultrajes a la autoridad; y en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, en esa misma audiencia, al revolver de nueva cuenta la situación jurídica de los impetrantes de amparo, decretó el sobreseimiento de dicho proceso, en favor de los inculpados. únicamente respecto del delito de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por las razones ahí expuestas. Por otra parte, en relación con el delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública, que también se le atribuyó a los inconformes. con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, se pronunció sobre los datos de prueba de descargo consistentes en los testimonios de. asimismo, indicó el contenido de los datos de pruebas de cargo en los que se basó para establecer que se cometió el hecho delictivo en mención y que probablemente los impetrantes participaron en dicho antisocial y, finalmente, precisó la forma de intervención de los imputados (autores intelectuales y materiales). Hecho lo anterior, determinó nuevamente dictar auto de vinculación en contra de los citados quejosos, por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. No pasa inadvertido lo manifestado por el autorizado del quejoso. respecto de que el Juez responsable no dio "cabal cumplimiento a la sentencia amparadora" ya que no se pronunció respecto de los testigos de cargo a los que se hizo referencia en dicha determinación; sin embargo, dicho argumento debe desestimarse, porque contrario a lo sostenido por el inconforme, de la reproducción del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable en acato a la ejecutoria de amparo, se advierte que esta autoridad sí se pronunció respecto de los datos de prueba de descargo de trato, pues a ese respecto indicó, en esencia, que los mismos resultaban insuficientes para desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, dado que se trataban de declaraciones aisladas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados.

  3. Incidental

    Córdoba, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los términos siguientes. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora, Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las autoridades responsables. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", ambos con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficios de fechas veintinueve de junio, uno y cinco de julio de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de siete de julio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista otorgada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral; con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 209/2021, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el citado proceso penal en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de ultrajes a la autoridad; y en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, en esa misma audiencia, al revolver de nueva cuenta la situación jurídica de los impetrantes de amparo, decretó el sobreseimiento de dicho proceso, en favor de los inculpados. únicamente respecto del delito de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por las razones ahí expuestas. Por otra parte, en relación con el delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública, que también se le atribuyó a los inconformes. con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, se pronunció sobre los datos de prueba de descargo consistentes en los testimonios de. asimismo, indicó el contenido de los datos de pruebas de cargo en los que se basó para establecer que se cometió el hecho delictivo en mención y que probablemente los impetrantes participaron en dicho antisocial y, finalmente, precisó la forma de intervención de los imputados (autores intelectuales y materiales). Hecho lo anterior, determinó nuevamente dictar auto de vinculación en contra de los citados quejosos, por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. No pasa inadvertido lo manifestado por el autorizado del quejoso. respecto de que el Juez responsable no dio "cabal cumplimiento a la sentencia amparadora" ya que no se pronunció respecto de los testigos de cargo a los que se hizo referencia en dicha determinación; sin embargo, dicho argumento debe desestimarse, porque contrario a lo sostenido por el inconforme, de la reproducción del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable en acato a la ejecutoria de amparo, se advierte que esta autoridad sí se pronunció respecto de los datos de prueba de descargo de trato, pues a ese respecto indicó, en esencia, que los mismos resultaban insuficientes para desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, dado que se trataban de declaraciones aisladas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados.

  4. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a. en los términos siguientes. Concesión que se hizo extensiva a la autoridad ejecutora, Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo. En consecuencia, las autoridades responsables. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", ambos con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante oficios de fechas veintinueve de junio, uno y cinco de julio de dos mil veintidós, remitieron diversas constancias con las que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de siete de julio siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que sólo la parte quejosa desahogó la vista otorgada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por las responsables, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues de la observación del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable, Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral; con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia celebrada el cinco de julio de dos mil veintidós, dentro del proceso penal 209/2021, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el citado proceso penal en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de ultrajes a la autoridad; y en contra de. por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, en esa misma audiencia, al revolver de nueva cuenta la situación jurídica de los impetrantes de amparo, decretó el sobreseimiento de dicho proceso, en favor de los inculpados. únicamente respecto del delito de ultrajes a la autoridad, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, por las razones ahí expuestas. Por otra parte, en relación con el delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública, que también se le atribuyó a los inconformes. con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, se pronunció sobre los datos de prueba de descargo consistentes en los testimonios de. asimismo, indicó el contenido de los datos de pruebas de cargo en los que se basó para establecer que se cometió el hecho delictivo en mención y que probablemente los impetrantes participaron en dicho antisocial y, finalmente, precisó la forma de intervención de los imputados (autores intelectuales y materiales). Hecho lo anterior, determinó nuevamente dictar auto de vinculación en contra de los citados quejosos, por su probable intervención en la comisión del delito de daños, en agravio del patrimonio de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por su parte, la autoridad ejecutora, 2. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, informó las acciones realizadas en cumplimiento del fallo protector. No pasa inadvertido lo manifestado por el autorizado del quejoso. respecto de que el Juez responsable no dio "cabal cumplimiento a la sentencia amparadora" ya que no se pronunció respecto de los testigos de cargo a los que se hizo referencia en dicha determinación; sin embargo, dicho argumento debe desestimarse, porque contrario a lo sostenido por el inconforme, de la reproducción del registro de audio y video remitido por la autoridad responsable en acato a la ejecutoria de amparo, se advierte que esta autoridad sí se pronunció respecto de los datos de prueba de descargo de trato, pues a ese respecto indicó, en esencia, que los mismos resultaban insuficientes para desvirtuar la teoría del caso de la Fiscalía, dado que se trataban de declaraciones aisladas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de audio y video que remitió el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados.

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