José Manuel Peña Jiménez

Expediente 1512/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1512/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Peña Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, remite copia de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 37/2022, en el cual determinó competente para conocer del juicio de amparo 1512/2022 del índice de este órgano jurisdiccional al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales. En tales condiciones, se establece que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción. Remítase este cuaderno de antecedentes como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Del estado procesal que guardan los autos se deduce que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, derivado de la petición formulada por el perito que actúa en auxilio de las labores de este juzgado, se citó a la parte quejosa a efecto de que proporcionara muestra firmas con el fin de integrar la prueba pericial en materia de grafoscopía ordenada en autos, diligencia que tendría verificativo el día de la data. En ese sentido, del acta de comparecencia de cuenta, se deduce que el impetrante de amparo no compareció en la hora y fecha señaladas para el desahogo de la diligencia; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de agosto del año en curso y se tiene por cierta la falsedad de la firma cuestionada. Precisado lo anterior, se deduce que la demanda recibida en este juzgado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, y el escrito aclaratorio de uno de julio del mismo año, no fueron firmados por *****, es decir, por la persona que aduce resintió los efectos de los actos de autoridad de los que se duele. Por tanto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Visto el estado procesal y las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 6º, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo y los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente:. . De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado con la demanda que promueva la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. En ese sentido, resulta elemental que en la demanda aparezca la firma autógrafa de quien promueve, pues éste es el signo gráfico generalmente aceptado por el cual se obligan las personas, pero cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona a su ruego debiendo imprimir su huella digital. Lo anterior, ya que es de resaltar que el artículo 107, fracción I, constitucional, conlleva implícitamente la obligación de que, para accionar el juicio de amparo, el escrito de demanda debe estar firmado precisamente por quien lo promueve (salvo las excepciones contenidas en la Ley de Amparo), al establecer que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. La exigencia de que para dar trámite a una demanda ésta deba estar firmada por quien la promueve, es porque la rúbrica es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad. En ese contexto, tampoco resulta válido permitir que cualquier persona, sin ser la interesada, firme una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de una diversa que no la suscribió, de ahí que la demanda de amparo deba ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio. Corolario de lo anterior es que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad. De los párrafos precedentes se desprende que la demanda de amparo no fue firmada por la persona que aduce resintió los efectos del acto de autoridad del que se duele. En este sentido, la falta de voluntad para promover este juicio implica el no ejercicio de la acción constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 6, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de la materia, por lo cual es procedente desechar esta demanda de amparo.." En tales condiciones, al quedar demostrada la falta de voluntad de la parte quejosa para instar este juicio de amparo de ahí que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 6º, primer párrafo y 113 todos de la Ley de Amparo, y los numerales 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio sustentado en el recurso de queja 206/20181, en el que se concluyó que el Juez de Distrito está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar la autenticidad de una firma ratificada pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. No es inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada.. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Razón.

  4. Principal

    Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Delegada de la Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso oficio... En razón de lo anterior, y toda vez que es la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la encargada de hacer cumplir sus determinaciones y en virtud de que este órgano jurisdiccional debe dictar las órdenes y medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia de amparo, REQUIÉRASE a la citada Sala Ordinaria, para que en el término de DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional la determinación que emitió con relación a las constancias de mérito, a efecto de emitir el pronunciamiento respectivo al cumplimiento del fallo protector. Apercibida... Notifíquese.

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