Jose Manuel Parra Flores

Expediente 1869/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1869/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Jose Manuel Parra Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda de amparo y con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, el cual obra agregado con conocimiento a las partes. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido en tiempo y forma el indicado informe justificado. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por la junta responsable (fojas 24 a 56). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que se declara cerrado el periodo de pruebas. De igual manera, se abre la fase de alegatos y el Secretario da cuenta con el pedimento 594/2022, formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (promoción 20609, fojas 63 a 66), en el que solicitó, por los motivos que expone, se niegue el amparo y protección de la justicia federal o se dicte el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Al respecto el Juez determina: con fundamento en el precepto 124 de la ley de la materia, se tienen por vertidos los alegatos de la fiscal adscrita, mismos que podrán ser tomados en cuenta al dictar el fallo constitucional, sin que las demás partes hayan formulado sus alegatos, por lo que se cierra este periodo. Así, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 1869/2022-IX-B, promovido por José Manuel Parra Flores, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el cinco de agosto siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció José Manuel Parra Flores a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de ocho de agosto de este año, por un lado, se desechó parcialmente la demanda respecto a la falta de notificación de la nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para la continuación del procedimiento; y, por la otra, se admitió a trámite en lo tocante al diverso acto reclamado, la que se registró con el número 1869/2022-IX-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 752/2019. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (promoción 19833, foja 23), pues no obstante que al rendir su informe justificado haya señalado lo contrario, a continuación realiza manifestaciones que desvirtúan dicha afirmación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, julio de 1994, visible a página 391, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe (fojas 24 a 56), las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de las indicadas documentales, se aprecia que el veintisiete de enero de dos mil veinte se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen y se señalaron las once horas del veintidós de mayo de ese año para su verificativo (foja 41). Sin embargo, ésta no pudo llevarse a cabo, con motivo de la suspensión de las actuaciones jurisdiccionales y/o administrativas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, del dieciocho de marzo al veintiuno de agosto de dos mil veinte, sin que corran los términos de ley, a partir de las medidas y acciones implementadas por las autoridades sanitarias y el Gobierno del Estado de Yucatán, debido a la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud con motivo del "Coronavirus" o "COVID-19". Por ende, con fecha el cuatro de diciembre de dos mil veinte se regularizó el procedimiento y se fijaron las trece horas con treinta minutos del día dos de junio del año dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la referida audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 42). Y, posteriormente con esa fecha (foja 43), así como en autos de diez de diciembre de dos mil veintiuno (foja 44), once de abril (foja 45) y dieciocho de agosto de dos mil veintidós (foja 46), se difirió la indicada audiencia con motivo de la falta de emplazamiento de la demandada Sistemas Globales de Administración para la Productividad, Sociedad Anónima de Capital Variable, señalándose la última data para el catorce de octubre de este año. En ese sentido, contrario a lo indicado por la parte quejosa, la Junta responsable no fue omisa en señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 752/2019, inclusive lo hizo con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de este año), por lo que es evidente que en el momento en que la parte quejosa inició el presente juicio de amparo, la omisión reclamada no existía. Al respecto, cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; ello, en una nueva reflexión sobre el trato de este tipo de asuntos, en los que es evidente que no se está aún en el supuesto legal respectivo para subsanar la omisión que se reclama. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Dicho sobreseimiento impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo para resolver lo anterior que no se haya emplazado a juicio a las terceras interesadas Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, Famsa México y Banco Famsa, pues el sentido de la presente determinación no les depara agravio alguno, además que a través del recurso correspondiente podrían hacer valer las causales de improcedencia que estimare procedentes, aunque el resultado del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente en la jurisprudencia 2a./J. 81/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 1223 y registro: 2017707, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto está condicionada a que la sentencia impugnada haya causado un agravio al recurrente, entendiéndose como tal todo menoscabo, lesión, ofensa, daño, perjuicio, o afectación indebida en su persona o en su patrimonio. En concordancia con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado no puede determinar, a priori, que la sentencia que concedió el amparo al quejoso por violaciones a su derecho a una pronta administración de justicia, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le causa afectación alguna en su esfera jurídica y, por ende, proceda a desechar el recurso. Lo anterior es así, porque únicamente del estudio del contenido de los agravios que haga valer dicho tercero, podrá determinarse cuál es el grado de afectación que le ocasiona la sentencia del Juez de Distrito, ya que sólo después de que los examine el Tribunal Colegiado de Circuito podrá decidir si efectivamente existen o no cuestiones de improcedencia implicadas en el asunto, o bien, aspectos de fondo que podrían haber ocasionado que indebidamente se hubiese otorgado el amparo, sin perjuicio, desde luego, de que se declare la inoperancia de todo aquello que no cause perjuicio a esa contraparte del quejoso. Máxime que la descalificación de plano del recurso del tercero interesado erigiría al Juez de Distrito como un órgano terminal de decisión en amparo indirecto, en los casos en que otorgara la protección de la Justicia Federal por violación al derecho a una pronta administración de justicia, no obstante que bien pudieran existir causales de improcedencia inadvertidas por el juzgador, e inclusive, razones válidas por las que la autoridad responsable se encuentre legalmente imposibilitada para dar celeridad procesal al juicio o, en su caso, a la ejecución de lo resuelto en él". CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Manuel Parra Flores, contra el acto atribuido a la responsable, por el motivo señalado en le consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar el alegato ministerial 594/2022, firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; el que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Así mismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiendo recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que en proveído de dos de septiembre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan las partes del citado informe. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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