José Manuel Oviedo Cerros

Expediente 331/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
331/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • José Manuel Oviedo Cerros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Finalmente, por conducto del Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", hágase entrega al quejoso de copia simple de este proveído, en la inteligencia de que se otorga al citado director un plazo de tres días computados legalmente para que acredite ante este juzgado haber dado cumplimiento a lo que en el presente se le demanda, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de acuerdo a lo que establece el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se hará acreedor a una multa de cincuenta días unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, María Guadalupe Ramos Anguiano. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veinte de abril de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado en su fecha, ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, Encargado del Departamento del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, todos con sede en esta localidad, a quienes reclamó lo siguiente: III.- ACTO RECLAMADO.- Negligencia médica por el motivo de que no se me ha continuado el tratamiento farmacológico que es el medicamento "klonasepam" a mis padecimientos de insomnio, crisis de ansiedad, falta de apetito, lo cual me impide tomar mis actividades de una forma adecuada y obtener una adecuada reinserción social (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente ***************, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, Encargado del Departamento del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte: La falta de atención médica a sus padecimientos consistentes en insomnio, ansiedad y falta de apetito, provocados por la omisión de suministrarle el medicamento denominado "clonazepam". Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes justificados, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 15), Encargado del Departamento del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 13) y Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 14), todos con sede en esta localidad, fueron omisos en manifestarse respecto de la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, de las copias certificadas remitidas y de los argumentos expuestos por las responsables se desprende su certeza. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por el quejoso al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 15), Encargado del Departamento del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 13) y Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 14), todos con sede en esta localidad, consistente en falta de atención médica a sus padecimientos consistentes en insomnio, ansiedad y falta de apetito, provocados por la omisión de suministrar al quejoso el medicamento denominado "clonazepam", se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, falta de atención médica a sus padecimientos, consistentes en insomnio, ansiedad y falta de apetito, provocados por la omisión de suministrarle el medicamento denominado "clonazepam"; empero, al respecto, las responsables manifestaron lo subsecuente: Que el quejoso ***************, fue debidamente valorado por personal del área médica de dicho centro penitenciario. Asimismo, que fue emitida una impresión diagnostica consistente en probable sinusitis, ansiedad e insomnio, prescribiéndole como el siguiente plan de tratamiento clínico: clindamicina 300 mg, una cada doce horas, por siete días, e ibuprofeno 400 mg, una cada doce horas por siete días. Además, indicaron que fue señalada una cita con el experto en psiquiatría de dicho centro penitenciario, Asimismo, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte remitió copia certificada de la valoración medica que se efectuó al quejoso; documento al que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si las autoridades responsables, efectuaron las gestiones necesarias para que el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, fuera brindada al impetrante la atención medica que solicitó el impetrante, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, al emerger una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo así al quejoso en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión aludida. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional, tendría por efecto precisamente, con fundamento en los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, obligar a las responsables, a brindar la atención médica correspondiente, lo que, como ya se dijo, finalmente ocurrió. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sin que sea óbice a lo anterior, la manifestación del quejoso realizada el día doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 22), al momento en que le fueron notificados de forma personal los informes justificados remitidos, en la cual refirió que no le han prescrito el medicamento instado, toda vez que, como bien lo precisaron las propias autoridades responsables, es un especialista quien debe diagnosticar y prescribir el tratamiento adecuado, en base a los padecimientos que presente el interno, y no el propio quejoso, pues carece de la experticia requerida para determinar cabalmente dicha situación. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio. Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, en relación al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Tomando en consideración que José Manuel Oviedo Cerros, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", gírese oficio al Director del referido centro penitenciario Norte" y al Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Chihuahua, de esta ciudad, así como al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, requiriéndolos para que bajo su más estricta responsabilidad, en el ámbito de sus atribuciones realicen las gestiones necesarias a fin de que el referido quejoso, sea trasladado desde el lugar en el que se encuentra recluido, hasta la reja de prácticas de este juzgado, dentro del horario de las nueve a las quince horas, del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a efecto de notificarle personalmente la presente resolución. Se apercibe a las referidas autoridades federales, que en caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, o bien, no informar oportunamente la imposibilidad que tuvieren para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se harán acreedoras a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos para que consten como corresponda, el informe justificado y anexo remitidos por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, Encargado del Departamento del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de la autoridad responsable en comento, a la persona que propone. Ya que las autoridades de referencia, señalan que se han brindado al quejoso, las atenciones, medicamentos y cuidados médicos que necesita, se comisiona a la Actuaria de la adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del centro penitenciario de referencia y requiera al quejoso, le informe en el momento de la notificación de este auto, si efectivamente ha recibido la atención aludida. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio de amparo ***************. Por ende, con fundamento en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda; no se abre incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto a la omisión de proporcionar el tratamiento farmacológico que refiere el quejoso, en relación con el padecimiento médico indicado en su demanda de amparo, para el efecto de que se le brinde, de inmediato, dicho medicamento, además de todas las atenciones y cuidados médicos que requiera, en caso de ser necesario. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro orden, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinte de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo y con copia de la demanda, pídase a las autoridades responsables informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al que reciba el oficio de notificación relativo; luego, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que las justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado; además si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del referido artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

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