Jose Manuel Ortiz Berna

Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
637/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Manuel Ortiz Berna

Actuaciones

  1. Principal

    ...de la Comisión Especial, se provee: Causa Estado. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El...

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa, los proveídos de veintisiete de abril y once de mayo ambos de dos mil veintidós, dictados en el presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable por similitud jurídica la jurisprudencia 573, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, con número de registro 392690, que establece: ... Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa, por medio de lista, la notificación de los autos de mérito y las subsecuentes aun las de carácter personal. ... Notifíquese. Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintidós. De conformidad con el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee: Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Ortiz Berna, contra actos de la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 637/2022-III. Causales de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ... En primer término, se debe precisar que la impetrante reclama: La resolución interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, dentro del expediente j.5/234/2022. a) Precisado lo anterior, es menester destacar que, en el caso, se evidencia, la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Una vez expuesto lo anterior, se precisa que el quejoso José Manuel Ortiz Berna, manifestó bajo protesta de decir verdad que le fue notificada del acto reclamado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, de manera personal. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese orden, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el veinticinco de abril de dos mil veintidós, según se desprende de la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la cual se turnó hasta el veintiséis de los cursantes a este Juzgado de Distrito, resulta extemporánea, pues la interposición de la demanda resulta fuera del término. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, aun cuando el quejoso estaba obligado a promover el juicio de amparo dentro del plazo de referencia, que en el caso se cuenta a partir del día siguiente hábil al en que el promovente del amparo tuvo conocimiento del acto que reclama. En esa tesitura, si el promovente fue notificado de manera personal del acto que reclama el veintiocho de marzo de la presente anualidad, dicha notificación surtió en la misma fecha, y el plazo transcurrió del veintinueve de marzo al veintiuno de abril, ambos de la presente anualidad; por ende si la demanda fue presentada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, según se advierte de la recepción de la Oficia de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es claro que ésta resulta extemporánea, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que resulte óbice a lo anterior, que la demanda se haya presentado ante la autoridad responsable dentro del plazo previsto en el referido artículo; sin embargo, dicha circunstancia no interrumpe el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues del ocurso de demanda que se analiza se advierte con claridad que promueve amparo indirecto; por lo que no hay razón para que la presentara por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que así lo permita; máxime que el promovente tiene el carácter de codemandado en el juicio laboral de origen, por lo que no procede la suplencia de la deficiencia de la queja para subsanar dicha irregularidad. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, página 199, Séptima Época, con número de registro 246744, de rubro y texto: ... Por ende, se estima que la parte quejosa ha consentido tácitamente los actos reclamados, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de garantías dentro del plazo de quince días; por tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Máxime, que a criterio de este órgano jurisdiccional también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la determinación reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, con la determinación reclamada de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, no se actualiza dicho supuesto. En ese sentido, se considera que se trata de una violación procesal que no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del promovente de amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la administración de justicia en forma pronta y expedita; además, el acto reclamado podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que dirima en definitiva la controversia de origen; ello, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la determinación que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones intentado en el juicio de origen. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por ende, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el sentido de la sentencia de fondo le se benéfica, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en una resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Es aplicable la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Tomo III, Página: 2317, de Marzo de 2015, Décima Época, con número de registro 2008665, cuyo rubro y texto son: ... De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de una determinación que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones; pues como se advierte de las constancias que acompañó el quejoso a su escrito inicial, compareció a la audiencia de conciliación demanda y excepciones, por lo que está en posibilidad de promover lo que a su interés legal convenga, esto es, ofrecer pruebas, imponerse de autos, estar presente en las audiencias, etcétera; aunado a que, no se advierte que se haya emitido el laudo respectivo en el juicio laboral de origen y que con motivo de ello le cause una afectación a sus derechos sustantivos; por lo que, en caso de que sea desfavorable el laudo que se llegue a dictar, puede reclamar dicha situación a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se reitera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga un laudo favorable, o en su defecto, violación reclamable en amparo directo contra el laudo que se emita en el juicio laboral de origen, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y la dejó sin defensa, supuesto previsto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa que no puedan ser reparados de obtener una sentencia favorable, sino que los efectos de la determinación que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, es de naturaleza formal (procesal) y susceptible de reparación, ya que de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, esta desestimación no dejaría huella en su esfera jurídica; sin embargo, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Así, se considera que el acto reclamado, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final un laudo favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado con la indebida violación que desestime la mencionada excepción; máxime que, se insiste, no se ha emitido el laudo respectivo en el juicio laboral de origen, al que incluso se ha apersonado y comparecido a las diligencias llevadas a cabo en dicho procedimiento. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudables las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII de la Ley de Amparo, esta última en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, esté último aplicado a contrario sensu, se desecha la demanda de amparo promovida por José Manuel Ortiz Berna, contra actos de la Junta Especial número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. Tiene aplicación por las razones que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 94/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Civil, Registro: 167896, Página: 256, que establece: ... Domicilio Procesal. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas, toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. Autorizado. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en términos restringidos a la persona que refiere, por no contar con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que únicamente se tiene para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. ... Notifíquese. ... Estado de autos. Del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de abril del año en curso, por los motivos ahí expuestos, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por José Manuel Ortiz Berna. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso y toda vez que señaló como domicilio el ubicado en calle Buganvilias sin número, comunidad de la Lagunilla, Tenancingo, Estado de México, esto es, fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por única ocasión, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en el domicilio referido y le notifique de manera personal el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le practicarán por medio de lista que se fije en lugar visible de este juzgado, acorde lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. ...Notifíquese personalmente al quejoso el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós.

  3. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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