Jose Manuel Ojeda Ley
Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gobernador Constitucional del Estado de Yucatan
- Jose Manuel Ojeda Ley
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso José Manuel Ojeda Ley, mediante el cual solicita la devolución de la documentación que adjuntó a su escrito inicial de demanda, y en atención a lo que solicita, dígasele que no habiendo impedimento legal alguno, se accede a la devolución a la parte quejosa de la documentación que solicita, previa realización del cotejo y certificación correspondiente y entréguesele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos.
- Principal
MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de febrero del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II.Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito firmado por José Manuel Ojeda Ley, con el que cumple la prevención realizada en estos autos el nueve de febrero del año en curso; y nuevamente con la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, en el sentido de precisar los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo; por tanto, téngase por desahogada la citada prevención. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por el nombrado Ojeda Ley, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, se provee: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la aludida demanda de amparo, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, c) Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Sentado lo anterior, se tiene que los actos ya precisados no con susceptibles de ser analizados en la presente vía constitucional, ya que en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como ya se ha dicho, prevé la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, en otras palabras, en contra de la negativa de toma de razón y la inscripción de compraventa de que se trata, procede el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por las razones que a continuación se exponen: Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Es menester poner de relieve que el impetrante de amparo señala como acto reclamado la orden de otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, otorgadas por el Gobernador del Estado de Yucatán. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL. Institución y Patrimonio Artículo 5. Se crea el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para la aplicación y cumplimiento de esta Ley, a cuyo efecto se le reconoce el carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios. Artículo 117. Corresponde al Consejo Directivo: (.) IV. Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones, en los términos de esta Ley; ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 3. Naturaleza y objeto del instituto El instituto, en términos del artículo 5 de la ley, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Artículo 6. Estructura orgánica El instituto estará integrado por: I. Órganos de gobierno: a) Consejo directivo. b) Director general. II. Unidades administrativas: a) Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. b) Subdirección de Administración. c) Subdirección Jurídica. d) Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo. e) Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia. f) Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. g) Departamento de Comunicación Social. h) Unidad de Transparencia. III. Comités. a) Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. b) Comité de Inversión y Finanzas. c) Comité de Prestaciones. d) Comité de Control Interno Institucional. e) Comité de Transparencia. Los organismos auxiliares del instituto tendrán la misma jerarquía y rango que las subdirecciones. El instituto contará además con las unidades administrativas que se establezcan en el manual de organización, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Artículo 7. Atribuciones El consejo directivo tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 117 de la ley y las demás que le confieran otras disposiciones legales y normativas aplicables. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: (.) II. Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que contra los actos de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, entre los que se encuentra el Gobernador del Estado de Yucatán, señalado como autoridad responsable, procede el juicio contencioso administrativo, competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Se afirma lo anterior, en atención a que los actos reclamados en este asunto, se tratan, por una parte, de la orden otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, que a juicio de la parte quejosa resulta incorrecta; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que el hoy accionante de amparo debió tramitar el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por otro lado, es claro que contra tales actos no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que el quejoso hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado de violación a leyes secundarias; tal acto se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el referido precepto 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a través del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados que se señalan en la demanda de amparo; tampoco existe afectación a derechos sustantivos del agraviado, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, dicha norma prevé la suspensión de los actos reclamados, cuando éste la solicite; en estas condiciones, es claro que el demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por lo anteriormente considerado, se reitera, la parte quejosa debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, publicada en la página 152 del tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." - - - Sin que sea el caso hacerle del conocimiento a la parte quejosa, la autoridad ordinaria ante la cual deba acudir, habida cuenta que la tutela judicial efectiva no implica que este órgano jurisdiccional deba señalarle tal circunstancia y menos ordenar la remisión de los autos, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuarían los presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico y desconocer instituciones jurídicas instituidas para efectos de orden público. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito Juez, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, promovida por José Manuel Ojeda Ley, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.
- Principal
MESA II.Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito firmado por José Manuel Ojeda Ley, con el que cumple la prevención realizada en estos autos el nueve de febrero del año en curso; y nuevamente con la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, en el sentido de precisar los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo; por tanto, téngase por desahogada la citada prevención. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por el nombrado Ojeda Ley, contra el acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, se provee: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la aludida demanda de amparo, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. La causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado proceda de una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley que rija el acto conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; y, c) Que contra dichos actos, la ley aplicable conceda la suspensión con los mismos alcances que la Ley de Amparo, y sin prever mayores requisitos que los estipulados en la misma, para la concesión de la suspensión definitiva. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de: definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Sentado lo anterior, se tiene que los actos ya precisados no con susceptibles de ser analizados en la presente vía constitucional, ya que en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como ya se ha dicho, prevé la obligatoriedad de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación, juicio o medio de defensa legal, que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, en otras palabras, en contra de la negativa de toma de razón y la inscripción de compraventa de que se trata, procede el recurso administrativo de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en el caso el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por las razones que a continuación se exponen: Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo indirecto, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, novena época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior, se advierte que aún ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Es menester poner de relieve que el impetrante de amparo señala como acto reclamado la orden de otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, otorgadas por el Gobernador del Estado de Yucatán. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL. Institución y Patrimonio Artículo 5. Se crea el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para la aplicación y cumplimiento de esta Ley, a cuyo efecto se le reconoce el carácter de Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, órganos de gobierno y administración propios. Artículo 117. Corresponde al Consejo Directivo: (.) IV. Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones, en los términos de esta Ley; ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 3. Naturaleza y objeto del instituto El instituto, en términos del artículo 5 de la ley, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Artículo 6. Estructura orgánica El instituto estará integrado por: I. Órganos de gobierno: a) Consejo directivo. b) Director general. II. Unidades administrativas: a) Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. b) Subdirección de Administración. c) Subdirección Jurídica. d) Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo. e) Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia. f) Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. g) Departamento de Comunicación Social. h) Unidad de Transparencia. III. Comités. a) Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. b) Comité de Inversión y Finanzas. c) Comité de Prestaciones. d) Comité de Control Interno Institucional. e) Comité de Transparencia. Los organismos auxiliares del instituto tendrán la misma jerarquía y rango que las subdirecciones. El instituto contará además con las unidades administrativas que se establezcan en el manual de organización, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Artículo 7. Atribuciones El consejo directivo tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 117 de la ley y las demás que le confieran otras disposiciones legales y normativas aplicables. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: (.) II. Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que contra los actos de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, entre los que se encuentra el Gobernador del Estado de Yucatán, señalado como autoridad responsable, procede el juicio contencioso administrativo, competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Se afirma lo anterior, en atención a que los actos reclamados en este asunto, se tratan, por una parte, de la orden otorgar veinte concesiones de transporte público en las rutas de las calles centro de Progreso - Benito Juárez, que a juicio de la parte quejosa resulta incorrecta; por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que el hoy accionante de amparo debió tramitar el juicio contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por otro lado, es claro que contra tales actos no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que el quejoso hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado de violación a leyes secundarias; tal acto se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el referido precepto 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, a través del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados que se señalan en la demanda de amparo; tampoco existe afectación a derechos sustantivos del agraviado, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, dicha norma prevé la suspensión de los actos reclamados, cuando éste la solicite; en estas condiciones, es claro que el demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Tampoco se actualiza la excepción de procedencia del juicio de amparo, respecto del acto reclamado que se analiza, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por lo anteriormente considerado, se reitera, la parte quejosa debió agotar primeramente el citado medio ordinario de impugnación antes de acudir a la vía constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis de la Octava Época, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, publicada en la página 152 del tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." - - - Sin que sea el caso hacerle del conocimiento a la parte quejosa, la autoridad ordinaria ante la cual deba acudir, habida cuenta que la tutela judicial efectiva no implica que este órgano jurisdiccional deba señalarle tal circunstancia y menos ordenar la remisión de los autos, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuarían los presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico y desconocer instituciones jurídicas instituidas para efectos de orden público. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión del suscrito Juez, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, promovida por José Manuel Ojeda Ley, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Jose Manuel Lopez Ayala442/2022
- Jose Manuel Lopez Ayala454/2022
- Jose Manuel Lopez Herrera1232/2017
- Jose Manuel Magaña Lopez1105/2022
- Jose Manuel Manzano Pech1308/2019
- José Manuel Noh Caamal960/2021
- Jose Manuel Pacheco Gonzalez867/2023
- José Manuel Palomo May1905/2022
- Jose Manuel Palomo May192/2022
- Jose Manuel Palomo May2222/2021
- JOSE MANUEL PEREZ LEON y Otros.741/2019
- Jose Manuel Perez Leon1450/2019