José Manuel Núñez Organista

Expediente 1406/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1406/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Núñez Organista

Actuaciones

  1. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante citatorio de catorce de junio de dos mil veintidós y se notifica por medio de lista a la parte quejosa ******, el auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el que: "Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja administrativa 1/2022, interpuesto por *********, contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo indirecto 1406/2021-3A. Por lo que hace a la materia del recurso de queja, se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********, en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Segundo en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en los autos del juicio de amparo indirecto 1406/2021-3A"." se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental" Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se desechó de plano la demanda interpuesta, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden.". Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso b, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito electrónicamente, procedente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por *******, contra el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional; el cual quedó registrado como recurso de queja 1/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del auto dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, remítase el escrito de queja de referencia al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, para los efectos que se aprecian en las disposiciones invocadas. SE RINDE INFORME Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe en relación a la materia de la queja, y se manifiesta que sí es cierto el acto que se combate, toda vez que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa *******, ello conforme a las razones y fundamentos que en el mismo auto se indicaron. En consecuencia, remítase el escrito original y copia del recurso de queja, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LUGAR DE FÁCIL ACCESO A LOS ESTRADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, AL QUEJOSO, LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que formula José Manuel Núñez Organista, fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 1406/2021-3A. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en cumplimiento de lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, razón por la cual este Juzgado observa que la parte promovente del presente juicio de amparo, señala como actos reclamados literalmente los siguientes: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; NORMA GENERAL: Decreto No. 36 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Penal para el Estado de Baja California, así como la reforma al artículo 26; la adición de una Sección XV al Capítulo Cuarto, denominado de la Interrupción Legal del Embarazo; así como la adición de los numerales 50 NONIES y 50 DICIES, todos de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, todo lo que deriva en la publicación en el Periódico Oficial de Fecha 12 de Noviembre de 2021 Tomo CXXVIII No. 93 Sección III por parte del Gobernador del Estado. LEGISLATIVO / ACTO Y OMISIÓN. Del Congreso del Estado de Baja California. Se reclama como ACTO la aprobación del dictamen 36, cuyo resolutivo aprobado es contrario a lo previsto por el primer párrafo del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, asimismo como OMISIÓN, la evidente falta de apego al dispositivo antes referido de la norma suprema, igual como del artículo 109 segundo párrafo del mismo ordenamiento: el cual impone el deber de guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo EJECUTIVO / ACTO Y OMISIÓN. Del Gobernador del Estado de Baja California se reclama que debiendo acatar las bases constitucionales prescritas por el Artículo 7 (ACTO NO ACATADO) y 109 (OMISIÓN) ambos numerales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California: se publicó y promulgó el Decreto 36 en reclamo, no obstante su irregularidad y desapego constitucional; asimismo se reclama la omisión de NO ejercicio del derecho de OBSERVAR conforme al Artículo 34 de la norma suprema estatal dadas las notorias transgresiones: omitiendo señalar al Congreso del Estado las inconsistencias y violaciones a la norma que se debió guardar y hacer cumplir por cuanto a su contenido en vigencia; así también reiterando como OMISIÓN, la evidente falta de apego del decreto reclamado con la norma suprema estatal en sus preceptos 7 y 109." DESECHAMIENTO En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo; la cual dispone:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimosdel quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". Asimismo, el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Sobre el tema de los intereses jurídico y legítimo, existen los criterios siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". [Tesis: 2a. LXXX/2013, Página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala Décima Época]."INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establececomo presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo - para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". [Tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 559 de la Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Tomo 1, Localización: 10a. Época,Registro: 2004008]. "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DELA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". [Jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, visible en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2007921]. De la intelección armónica de los artículos y jurisprudencias invocados, revelan que el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-. Así pues, para que exista un interés legítimo, se insiste, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, el quejoso se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para la actualización del interés legítimo, se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es necesario como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso, este órgano de control constitucional llega a la plena convicción de que la parte quejosa acude a este juicio con un interés simple más no con interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que le atribuye al Congreso del Estado de Baja California. Lo anterior es así, pues acude como ciudadano a reclamar la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, específicamente los artículos 132, 133, 134, 135 y 136, así como la reforma al artículo 26 del Código Penal para el Estado de Baja California, respecto a la despenalización del aborto. Ahora bien, se estima que se actualiza la causal de improcedencia citada, porque el interés con el que acude al juicio constitucional corresponde al que, en general, tiene todo individuo sobre el tema de la despenalización del aborto, pero no revela una especial situación dentro del ordenamiento jurídico que indique la posible intención de un beneficio individualizable o bien de una afectación para el quejoso, por lo que, no puede equipararse al interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta de los gobernados por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. Dicho de otro modo, no se advierte que el justiciable haya resentido afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, concretamente a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136, así como del numeral 26 todos del Código Penal para el Estado de Baja California, pues únicamente se aprecia que pretende acreditar el interés legítimo que aduce tener, con copia simple de su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral; sin embargo, no la adjuntó a su demanda de amparo e inclusive de haberla exhibido, ella únicamente podrá servir para advertir -entre otros datos- su nacionalidad y su dirección. Lo anterior permite constatar, que si bien la parte quejosa acude a esta instancia alegando contar con interés legítimo, sin embargo, únicamente acredita un interés simple, como el de cualquier otro ciudadano que pudiera tener un interés simple en que no se realicen prácticas de aborto. Sin embargo, el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio de amparo, ya que se requiere un interés legítimo en donde se demuestre una afectación real y directa en su esfera jurídica por su especial situación jurídica frente al acto reclamado. Esto es, el promovente solamente acredita su interés en preservar el derecho a la vida con la despenalización del aborto; no obstante, no se advierte que pudiera obtener algún beneficio concreto y real con una eventual concesión del amparo; pues, se insiste, la relación jurídica con que se ostenta es la que existe con cualquier ciudadano, sin determinar individualmente algún perjuicio o la privación de algún beneficio, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, con registro digital 2014433, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 fracción XII, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DESIGNACION DE DOMICILIO Téngase por designado como domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Se toma conocimiento del correo electrónico josmanuor@yahoo.com, que señala en su demanda de amparo, el cual este Juzgado Federal en caso de estimarlo necesario, podrá utilizarlo para comunicaciones no procesales, a fin de garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con apoyo en lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. SE TOMAN MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Por último, se ordena que las diligencias que habrán de realizarse en el presente juicio de amparo, se lleven a cabo con las medidas de distanciamiento social y observando los protocolos de seguridad e higiene establecidos en los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas que intervienen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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