José Manuel Nevarez Murillo

Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
875/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Nevarez Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de los que se obtiene que, en esta fecha, causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo 875/2019-V-2, del que deriva el incidente en que se actúa y, que en dichos cuadernos incidentales, se concedió la suspensión provisional y se negó la medida cautelar definitiva de los actos reclamados. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno original del incidente de suspensión es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. De igual forma, en atención al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que éste deriva.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quince de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se terminó de engrosar la sentencia el treinta siguiente, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por José Manuel Nevárez Murillo. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso José Manuel Nevárez Murillo, interpuso en su contra recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, donde su presidente lo radicó con el número de toca 190/2020 y en sesión ordinaria pública de diez de junio del año en curso, se dictó resolución en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, para los efectos precisados en el fallo recurrido, a saber: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Conforme a las consideraciones expuestas y, con apoyo, en lo dispuesto por el artículo 77, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que: 1. La autoridad responsable Director de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, deje insubsistente el oficio 675, fechado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, reclamado. 2. En su lugar, emita otro dirigido a la Comisión Profesional de Carrera Policial, a efecto de que dé inicio al procedimiento de retiro, en el cual, previa audiencia del quejoso, para que tenga oportunidad, si lo estima conveniente, de controvertir el dictamen médico mediante el cual se determinó el grado de incapacidad, se determine sobre el monto de la indemnización y el otorgamiento de la pensión que corresponda por la terminación ordinaria de la prestación del servicio, por incapacidad permanente." En auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Director de Recursos Humanos, Director y Subdirector ambos de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, todos del Ayuntamiento de Mazatlán, así como a su superior jerárquico Presidente Municipal, del referido ente edilicio, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente, dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito. El veinticuatro de septiembre del año en curso, la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo, con lo cual se le dio vista al quejoso para que en el término de tres días hiciese las manifestaciones pertinentes, sin que este realizara manifestaciones al respecto. En auto de siete de octubre del presente año, se declaró defectuoso el cumplimiento dado por las autoridades responsables, en virtud de que si bien acreditó que el quejoso José Manuel Nevarez Murillo, se encuentra en el grupo de pensionados y jubilados, y allegó constancias para acreditar su dicho; sin embargo, omitió comunicar si: (1) declaró insubsistente el oficio 675, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, objeto de reclamo y (2) si en el procedimiento de retiro ante la Comisión Profesional de Carrera Policial, se le otorgó la audiencia correspondiente al quejoso, para controvertir el dictamen médico mediante el cual se determinó el grado de incapacidad y el monto de la indemnización, y se les requirió de nueva cuenta para que acataran el fallo otorgado a la parte quejosa. El dieciocho de octubre de la presente data, se dio vista a la parte quejosa con los oficios S.S.P.M./A.J/1921/2021 y sin número signados por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, ambos con sede en este puerto, con el que informaron lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, a fin de que en el plazo de tres días expresaran lo que su derecho conviniera, sin que transcurrido el expresado término, realizaran manifestaciones sobre el particular. Sentado lo anterior, corresponde a este juzgador pronunciarse de manera oficiosa, sobre el cumplimiento dado al fallo protector, en términos de lo señalado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias aportadas por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y por el Delegado de las autoridades responsables, ambos con asentamiento en esta localidad, comunicaron que el Cuerpo de Regidores, del Gobierno Municipal de Mazatlán, emitió un dictamen que presento la Comisión de Trabajo y Prevención Social, en el cual determinó pensionar por invalidez total por riesgo de trabajo por el cien por ciento en favor del quejoso José Manuel Nevárez Murillo, motivo por el cual fue innecesario someter a controversia el dictamen médico mediante el cual se determinó el grado de incapacidad y el monto de la indemnización mientras que el oficio 675, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, fue sustituido por determinación de invalidez total de referencia. De lo anterior, se desprende que la sentencia dictada en el presente asunto, se encuentra cumplida acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Consecuentemente y toda vez que no existe cuestión pendiente por cumplimentar, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado por el quejoso.

  3. Principal

    Téngase recibido los oficios S.S.P.M./A.J/1921/2021 y sin números signados por el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública y por el Delegado de las autoridades responsables municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, ambos con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se provee; en atención a ello, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los citados memoriales, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quince de octubre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual concluyó con sentencia que se terminó de engrosar el treinta siguiente, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por José Manuel Nevares Murillo. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, donde su presidente lo radicó con el número de toca 190/2020 y en sesión ordinaria pública de doce de agosto del año en curso, se dictó resolución en el sentido de modificar la sentencia recurrida, para decretar el sobreseimiento en una parte y conceder la protección constitucional en otra, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Conforme a las consideraciones expuestas y, con apoyo, en lo dispuesto por el artículo 77, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que: 1. La autoridad responsable Director de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, deje insubsistente el oficio 675, fechado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, reclamado. 2. En su lugar, emita otro dirigido a la Comisión Profesional de Carrera Policial, a efecto de que dé inicio al procedimiento de retiro, en el cual, previa audiencia del quejoso, para que tenga oportunidad, si lo estima conveniente, de controvertir el dictamen médico mediante el cual se determinó el grado de incapacidad, se determine sobre el monto de la indemnización y el otorgamiento de la pensión que corresponda por la terminación ordinaria de la prestación del servicio, por incapacidad permanente." En auto de dos de septiembre del año que transcurre, se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Director de Recursos Humanos, Director y Subdirector ambos de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y todos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en sus calidades de autoridades responsables, y a su superior jerárquico Presidente Municipal del referido ente edilicio, a fin de que en el plazo de tres días contado legalmente, dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio sin número signado por el delegado jurídico del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, con el que informó lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, a fin de que en el plazo de tres días expresaran lo que su derecho conviniera, sin que transcurrido el expresado término, realizaran manifestaciones sobre el particular. Ahora bien, de las constancias aportadas por el delegado jurídico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en este puerto, anexo la comunicación oficio RH-3405/2021, signado por el Director de Recursos Humanos, donde informó que el quejoso José Manuel Nevarez Murillo, se encuentra en el grupo de pensionados y jubilados, y allegó constancias para acreditar su dicho. No obstante, omitió comunicar si: (1) declaró insubsistente el oficio 675, de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, objeto de reclamo y (2) si en el procedimiento de retiro ante la Comisión Profesional de Carrera Policial, se le otorgó la audiencia correspondiente al quejoso, para controvertir el dictamen médico mediante el cual se determinó el grado de incapacidad y determinar el monto de la indemnización. En tales condiciones, al existir defecto en el cumplimiento de la sentencia amparadora, hágase saber a la responsable que en términos de lo establecido en el artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Y, conforme lo previsto en el artículo 267, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Director de Recursos Humanos, Director y Subdirector ambos de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y todos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en sus calidades de autoridades responsables, y a su superior jerárquico Presidente Municipal del referido ente edilicio, para que en el plazo de tres días contado legalmente, las citadas en primer orden den cumplimiento al mencionado fallo y el anotado en último lugar, conmine a sus subordinados para que lo acaten en los términos precisados y dentro del aludido término. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en auto de dos de septiembre del año en curso. Lo anterior es así, ya que si bien del contenido de los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia vigente, se advierte que para dar trámite a la inejecución de sentencia, en tratándose de juicios de amparo indirecto, es necesario que el juzgador haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida, y sólo para el caso de que no lo esté o no lo esté totalmente o correctamente, o bien, se considere de imposible cumplimiento, deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Décimo Segundo Circuito, residente en esta localidad, a efecto de que dicte la resolución que corresponda; sin embargo, de una recta interpretación de dichos numerales, previamente a la incoación del aludido procedimiento de responsabilidad, los jueces federales a fin de cumplir con su ineludible obligación de procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, deben requerir a la autoridad responsable que corrija el defecto detectado sobre el cumplimiento dado fallo protector, y únicamente ante su omisión total o parcial de repararlos, se formulará la petición de actuar contra la autoridad contumaz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2ª. VIII/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación se encuentran pendientes de publicar, de rubro y texto de la literalidad siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada".

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