Jose Manuel Navarro Manzano
Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jose Manuel Navarro Manzano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el acuse de recibo enviado por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del cual se advierte que el juicio de amparo 1141/2023 del índice de este juzgado fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, para los efectos de que resuelva lo que derecho corresponda respecto al recurso de queja interpuesto. Por lo tanto, tómese nota de ello para los efectos legales procedentes.
- Principal
Visto lo de cuenta, y toda vez que de la constancia de notificación que antecede, realizada al quejoso José Manuel Navarro Manzano, mediante la cual manifiesta interponer recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por desechada de plano su demanda de amparo. En atención a ello, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso en trato, remítase los autos originales del presente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto, solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. SE RINDE INFORME Luego, mediante oficio que al efecto se gire, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento -en vía de informe- del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; que es cierto el acto impugnado, consistente en el dictado del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas; sin embargo, dicho acuerdo fue dictado en estricto apego a derecho. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO Téngase por recibido el oficio signado por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano, la designación del Defensor Público Federal Bilingüe, con conocimientos de las lenguas y culturas Tsotsil y Tseltal, José Manuel Díaz Díaz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, para que patrocine al quejoso José Manuel Navarro Manzano. En atención a lo anterior, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, requiérase al Defensor Público Federal designado, Licenciado José Manuel Díaz Díaz, para que de inmediato se imponga de los presente autos y gestione lo que considere conveniente para al defensa del citado impretante.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por José Manuel Navarro Manzano, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1141/2023. DESECHAMIENTO Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, en relación con el 113 y 112, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en lo que refiere a la orden traslado y su ejecución señalado por el promovente, por su manifiesta e indudable improcedencia. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 2 Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido, a fin de acreditar dicho aserto es pertinente señalar que en contra del acto reclamado, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, pues así lo dispone el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 3 legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Se debe reiterar con mayor precisión, que el quejoso se duele de la orden de traslado y su ejecución. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 4 a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura.1 b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario2 . c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes3 . Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,4 y son aquellos inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial,5 y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá 1 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 2 Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. 3 Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. 4 "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.". 5 "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". 02/09/24 17:02:07 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.52.46 ROSEMBERG MAURICIO CRUZ OCAMPO 5 ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado.
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