Jose Manuel Morales Hernandez
Expediente 2052/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2052/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Morales Hernandez
- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente asunto, con fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la cual se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 113 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado, y que en su momento sólo quedara la demanda y la sentencia, destruyéndose el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a la depuración. En consecuencia, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que no se advierte constancia alguna en la que se acredite, se haya acusado recibo al Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, infórmese con fecha ocho de noviembre del año en curso, este Juzgado Federal, tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo 845/2016, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ha trascurrido el término de veinte días concedido al quejoso ****, a través de su autorizado ***, quien recibió los edictos en comparecencia de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, sin que a la fecha haya acreditado haber entregado para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana los edictos ordenados en auto de veintiséis de agosto del presente año, para emplazar a juicio a la parte tercero interesada ******, sin que dentro del plazo concedido lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, y en comparecencia de cinco de septiembre del presente año, y con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO, para todos los efectos legales consiguientes. Lo anterior es así, en razón de que el agraviado incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Órgano Judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio del quejoso, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por su contenido jurídico, apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, es aplicable por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, correspondiente a la Novena Época que a la letra dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.". Por consiguiente, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del doce de diciembre del año en curso. Máxime que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto a la imposibilidad de poder sufragar los gastos que originan las publicaciones de los edictos ordenados en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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