José Manuel Montoya Reynoso
Expediente 165/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Manuel Montoya Reynoso
Actuaciones
- Principal
MESA "2" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SÚMESE A LOS AUTOS PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, EL OFICIO NÚMERO 11190, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE QUEJOSA. POR OTRA PARTE, AL NO EXISTIR ACTO PROCESAL ALGUNO QUE REALIZAR EN EL CUADERNO DE ANTECEDENTES EN QUE SE ACTÚA, Y CON APOYO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8º Y 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 2º, FRACCIÓN XV, 5°, 7º Y 8°, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 6º Y 7º DEL ACUERDO GENERAL 68/2004 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS Y RESOLUCIONES PÚBLICAS RELEVANTES, GENERADAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A FIN DE INCENTIVAR EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 37, 38 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL 84/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SE ORDENA A LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO QUE UNA QUE SE ELABORE LA CORRESPONDIENTE VERSIÓN PÚBLICA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL "PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS GENERADOS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL MARCADO DE INFORMACIÓN RESERVADA, CONFIDENCIAL O DATOS PERSONALES" APROBADO POR MAYORÍA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, MEDIANTE SESIÓN DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y SE ENVÍE AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "2" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, como se advierte que ha transcurrido el término de cinco días contemplado en el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigencia y concedido al directo quejoso, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, a fin de que diera cabal cumplimiento con lo dispuesto por la fracción III, del numeral 108 de la Ley de la Materia; transcurrió del veintisiete de febrero al cinco de marzo de dos mil quince, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Por tanto, se procede a dar cumplimiento a lo establecido en la jurisprudencia 1ª./J.52/2013 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro XXIII, Agosto de 2013, visible a Página: 383, que a la letra refiere: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. En ese orden de ideas, en virtud de que el quejoso no señaló alguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta Ciudad Capital, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes. De la lectura integral de la demanda de garantías en comento, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, se estima legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. ." De igual modo, la incompetencia planteada haya sustento en los supuestos contemplados en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primer regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda regla, debe decirse que constituye más bien un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el último párrafo del precepto en comento se establece la última regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. En este caso, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. De lo anterior se deduce que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto impugnado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del sitio en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado. Por su parte el numeral 48, de la ley de la materia, establece: "ARTÍCULO 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado.". En ese orden de ideas, de conformidad a lo ya expuesto en párrafos precedentes, cabe reiterar que el primer párrafo del mencionado ordinal 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, es de inferirse que la orden de aprehensión, detención, localización y presentación, actos que por esta vía pretende reclamar el impetrante de garantías, está tratando de ejecutarse o se ejecutó en el Estado de México, en específico en el Municipio de los Tecámac, pues el tal como se advierte de la demanda de amparo promovida por JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO, se advierte de sus antecedentes, que el disconforme actualmente se encuentra en dicho Estado, aunado a que señaló como domicilio particular el ubicado en Calle Revolución Sección 43 Manzana 137 casa 18, en la Unidad Habitacional de los Héroes Tecámac, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, pues de ser el caso, en dicho estado tendrá verificativo la ejecución de las órdenes reclamadas; por tanto, como se expresa en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, la competencia en materia de amparo, respecto de la orden de aprehensión, detención, localización y presentación, corresponderá al Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. No se soslaya, que en el capítulo de antecedentes el quejoso que de igual forma señaló como domicilio particular el ubicado en Avenida Morelos número 827 Edificio E-10, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, México Distrito Federal; sin embargo, de la certificación que precede, se advierte que el quejoso JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO, no desahogó la prevención hecha por este Juzgado de Distrito en proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, en la que se requirió manifestara si era su deseo señalar alguna autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad Capital, sin que hiciera manifestación al respecto, ya que únicamente señaló como autoridades responsables a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por lo que la ejecución de las órdenes que reclama, tendrán verificativo en el Estado de México, en específico en Tecámac. Por tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción VII de la Constitución General de la República, y los ordinales 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que la misma se instaura en contra de una orden de aprehensión, detención, localización y presentación, que están tratando de ejecutarse o se ejecutó en Tecámac, Estado de México, dado que en el capítulo de acto reclamado, señaló que se trata de una orden de aprehensión, detención, localización y presentación, manifestación que constituye una confesión con valor probatorio pleno en términos del artículo 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior, en el criterio jurisprudencial número 9, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 17, del Tomo VII, Conflictos Competenciales, del Apéndice 2000, que dice: "COMPETENCIA DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.- Son competentes para conocer de los amparos promovidos contra órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar donde esas órdenes deben ejecutarse, aunque las autoridades que las dicten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción" De igual modo, de forma ilustrativa sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 14, de la Tercera Parte del Tomo CXXIX, Sexta Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "COMPETENCIA EN AMPARO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, establece que es competente el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, cuando ésta no requiera ejecución material, y en aquéllos casos en que, exigiendo ejecución material el acto que se reclama, el propio acto, por su mero pronunciamiento, viole garantías individuales, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. El mismo artículo 36, en su párrafo primero, dice que es competente el Juez dentro de cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto impugnado. Podría pensarse en que, al menos en apariencia, hay contradicción entre el párrafo primero y el párrafo cuarto del citado artículo 36. La contradicción, en el supuesto de existir, habría de resolverse en favor del párrafo primero, ya que en su texto coincide con el contenido del artículo 107 constitucional, fracción VII, según la cual "el amparo... contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Ahora bien, cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si la resolución impugnada exige ejecución material, es competencia el Juez Federal dentro de cuyo territorio se encuentra el lugar en que se ejecutará o pretenda ejecutarse, salvo que, además de combatirse el acto como violatorio de garantías individuales en sí mismo, se acredite que no se han iniciado aun los trámites para ejecución, y ésta, por otra parte, no se impugne como inminente." Asimismo, la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". En esas condiciones, se concluye que esté órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO, contra actos de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en consecuencia; este Tribunal Federal considera que es competente para avocarse a su estudio el JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO lo anterior, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo; además al Acuerdo General número 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal luego, remítase el presente expediente de amparo, a la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que por su conducto, se sirva remitir a quien corresponda, por turno, el presente, para los efectos legales conducentes. Finalmente, fórmese por separado cuaderno de antecedentes y solicítese el acuse de recibo de estilo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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MESA "2" VISTA LA RAZÓN SUSCRITA POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, DE LA QUE SE ADVIERTE NO LE FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO Y/O A CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS, EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO FUE LOCALIZADO EL DOMICILIO QUE SEÑALÓ PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES; POR TANTO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III, INCISO A), DEL NUMERAL 27 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, REALÍCESE LA NOTIFICACIÓN DEL REFERIDO AUTO POR MEDIO LISTA, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, HASTA EN TANTO, SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. ACUERDO:"MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Vista la razón que antecede, con la que se da cuenta con un escrito de demanda promovida por JOSÉ MANUEL MONTOYA REYNOSO, contra actos de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por lo que en atención a ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 103, fracción 1º, 107, fracciones I, III incisos b) y c) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 3º, 5º, fracción I, 37, 75, 107, 108, 112 y 115, estos de la Ley de Amparo en vigor a partir de esta fecha, regístrese en el libro de gobierno con el número 165/2015-2, fórmese el expediente impreso y de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la ley de la materia, con base en su artículo Décimo Primero Transitorio, captúrese el expediente electrónico al que alude. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 108, fracción III, 110, 114, fracción II, 115, 116 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de su legal notificación, precise la autoridad o autoridades responsables ejecutoras residentes en la entidad en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. Dicho requerimiento es ineludible, ya que si bien el promovente de amparo, señala como actos reclamados una orden de aprehensión, detención, localización y presentación, así como su ejecución, y dicho actos se los atribuye a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se intente ejecutar las órdenes de captura reclamadas, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse al quejoso, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el disconforme asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades del Estado de México con la finalidad de ejecutar los actos reclamados, lugar que corresponde a la circunscripción territorial de este Juez de Distrito, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en esta ciudad, esto no implica que el suscrito juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; pues como se reitera, dicha prevención es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras con residencia en esta ciudad capital, a efecto de fijar la competencia del suscrito, de lo contrario el solo domicilio que refiere el promovente de amparo es insuficiente para justificar la competencia de este Juzgado Federal, con independencia de que las autoridades señaladas como responsables, tengan residencia en el Estado de México. Para justificar lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J.52/2013 (10ª), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro XXIII, Agosto de 2013, visible a Página: 383, que a la letra refiere: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Así al escrito de desahogo, deberá acompañar las copias necesarias del mismo para cada una de las partes, se apercibe a la parte quejosa para que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo antes concedido, se tendrá por no presentada dicha demanda. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia I.2o.A. J/24, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, visible a Página: 932, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando la demanda incumpla con los requisitos que en dicho precepto de señalan, procede mandarla aclarar, con el apercibimiento de que en caso de incumplir con la prevención se tendrá por no interpuesta. Sin embargo, si la prevención que se formula resulta injustificada o innecesaria, en virtud de que el requisito objeto de dicha aclaración desde un principio se encontraba satisfecho dentro del ocurso de referencia, o bien porque dicho requisito no está previsto en el precepto legal en cita, no procede tener por no interpuesta la demanda de garantías, aun y cuando no se hubiera desahogado dicha prevención o se haya hecho extemporáneamente." Asimismo sostiene lo anterior el criterio jurisprudencial P./J. 36/2001, sostenido por el Pleno de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la Página: 79, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." De igual forma hágase del conocimiento del aquí quejoso que en caso de que el escrito aclaratorio no satisfaga la prevención ordenada en el presente proveído dicho desahogo no interrumpirá el plazo concedido para tal fin, de conformidad con lo señalado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Página: 133 que a la letra reza: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala el quejoso en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que se precisa en el ocurso de mérito. En mérito de lo anterior, con base en el dispositivo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º, a efecto de evitar dilaciones en el despacho del presente asunto, desde este momento se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. En otro orden de ideas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste, en relación con terceros, de oponerse a la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ..."
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