José Manuel Montes Barragán

Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Montes Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó remitir el escrito que contiene el recurso de queja hecho valer una vez que obraran en autos las constancias de notificación de los referidos autos; por tanto, remítanse el escrito de expresión de agravios original y copia, y habilítese la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por estar concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y, dado que se negó la suspensión definitiva, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por su parte, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2052/2022, promovido por, por su propio derecho, contra actos de , Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular número 2, dependiente del Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. , por su propio derecho, el once de octubre de dos mil veintidós, de manera electrónica, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de , Policía Vial, de la Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular número 2, dependiente del Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, que a continuación se precisan: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1.- De , Policía Vial, de la Comisaría Vial, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se reclama: A) La desposesión de mi vehículo, mediante desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación B) La Multa Excesiva, que se acredita en el folio que se acompaña en copia certificada, en contra de mi vehículo identificado como: Placas de circulación C).- La elaboración de la cédula de notificación de infracción, folio número 34744278-6, donde se hace constar en su apartado de medidas cautelares la desposesión de mi vehículo y multa excesiva, en contra de mi vehículo identificado como: Placas de circulación D).- La Insuficiente Fundamentación y Motivación de la cédula de notificación de infracción, que originó la multa excesiva, que se acredita en el folio que se acompaña, en contra de mi vehículo, identificado como: Placas de circulación E).- El primer acto de aplicación del numeral 171 fracción VI, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación F) El primer acto de aplicación del numeral 186 fracción I, II, III, VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo: y la multa excesiva de 150 a 200 veces el valor de la UMA (unidad de medida y actualización): Placas de circulación 2.- De la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco (Antes Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco), por conducto de su titular Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, se reclama: A).- La Desposesión de mi vehículo mediante su desposesión de tracto sucesivo, identificado como: Placas de circulación B).- La multa excesiva que se acredita en el folio que se acompaña en copia certificada en contra de mi vehículo, identificado como: Placas de circulación C).- El primer acto de aplicación del numeral 174 Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación D).- El primer acto de aplicación del numeral 186 fracción I, II, III, VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo y la multa de 150 a 200 veces de la UMA (unidad de medida y actualización): Placas de circulación E).- EL ILEGAL COBRO COACTIVO DE MULTAS Y ADEUDOS SIN SER AUTORIDAD COMPETENTE COMO SE ESPECIFICA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y EN ESPECIFICO EL COBRO DE LA MULTA a la que se refiere el numeral 186 fracción II, III, VII, I, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo y la multa de 150 a 200 veces el valor de la UMA (unidad de medida y actualización), a mi vehículo: Placas de circulación F).- LA INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN, PARA EL COBRO COACTIVO DE MULTAS Y ADEUDOS SIN SER AUTORIDAD COMPETENTE COMO SE ESPECIFICA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y EN ESPECIFICO EL COBRO DE LA MULTA a la que se refiere el numeral 186 fracción I, II, III, VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que trajo como consecuencia desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo y la multa de 150 a 200 veces el valor de la UMA (unidad de medida y actualización), a mi vehículo: Placas de circulación 3.- Del Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por conducto de su titular Hugo Alejandro Anaya Anaya: A).- La Desposesión de mi vehículo mediante su depósito en esta Institución: Placas de circulación B).- El Deposito de mi vehículo, bajo la figura de guarda y custodia, que genera una desposesión de tracto sucesivo, mediante su depósito en esta Institución: Placas de circulación C).- La Desposesión de mi vehículo, por parte del permisionario de corralón, o (guarda y custodia), mediante el primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, inciso E), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación D).- El cobro excesivo del corralón o guarda y custodia o depósito del vehículo en dicha institución a razón de por todo el tiempo que el vehículo permanezca, en posesión material de esta responsable Placas de circulación 4.- De , Director de Depósitos Vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, se reclama: A).- La Desposesión de mi vehículo mediante su depósito en esta Institución: Placas de circulación B).- El Deposito de mi vehículo, bajo la figura de guarda y custodia, que genera una desposesión de tracto sucesivo, mediante su depósito en esta Institución: Placas de circulación C).- La Desposesión de mi vehículo, por parte del permisionario de corralón, o (guarda y custodia), mediante el primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, inciso E), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación D).- El cobro excesivo del corralón o guarda y custodia o depósito del vehículo en dicha institución a razón de $ diarios, por todo el tiempo que el vehículo permanezca, en posesión material de esta responsable Placas de circulación 5.- Del Congreso del Estado de Jalisco (poder legislativo del estado de Jalisco), le reclaman: A).- El Decreto y Emisión de la norma general denominada Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 171 fracción VI, de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo: Placas de circulación B).- El Decreto y Emisión de la norma general denominada Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con motivo del primer acto de aplicación del numeral 186 fracción I, II, III, VII, de la que trajo como consecuencia la Desposesión de mi vehículo mediante su desposesión de tracto sucesivo y la multa excesiva de 150 a 200 veces el valor de la UMA (unidad de medida y actualización): Placas de circulación C).- El Decreto y Emisión de la norma general denominada Ley de Ingresos del Estado de Jalisco específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, inciso C), de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo: Placas de circulación 6.- Del C. Enrique Alfaro Ramírez Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, se reclama: A).- El Decreto y Emisión de la norma general denominada Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 174, de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo: Placas de circulación B).- La promulgación de la norma general denominada Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 174, de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo: Placas de circulación C).- La Promulgación de la norma general denominada Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente del numeral 171 fracción VI, con motivo de su primer acto de aplicación, de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo: Placas de circulación D).- La Promulgación de la norma general denominada Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con motivo del primer acto de aplicación del numeral 186 fracción I, II, III, VII, de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo, mediante su desposesión de tracto sucesivo y la multa de 150 a 200 veces el valor de la UMA (unidad de medida y actualización): Placas de circulación E).- La promulgación de la norma general denominada Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, específicamente con motivo de su primer acto de aplicación del numeral 25 fracción I, inciso C) de la que trajo como consecuencia la desposesión de mi vehículo: Placas de circulación SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el catorce de octubre de dos mil veintidós, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 2052/2022; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos de autoridades administrativas, que tienen su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2014. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La cédula de infracción folio número La desposesión del vehículo placas de circulación El primer acto de aplicación de los artículos 171 fracción VI y 186 fracciones I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. El artículo 25 fracción I inciso e) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. El cobro del corralón, guarda y custodia por todo el tiempo que dicho vehículo permanezca bajo resguardo. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su cado, del fondo del juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le atribuye consistente en la aplicación del artículo 25, fracción I, inciso c) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, bajo el argumento, que la autoridad que recauda, recibe y ordena los cobros de contribuciones, resulta ser la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, aunado a que de las documentales que exhibe la responsable se advierte que la norma combatida y analizada, le fue aplicada hasta el veinte de octubre de dos mil veintidós, en tanto que la demanda electrónica de la parte quejosa fue presentada el once de octubre de dos mil veintidós, de lo que es dable concluir, que a la fecha de presentación del amparo no había surgido el acto de aplicación; documental que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en tal razón se desprende la inexistencia del acto reclamado. En efecto, de la documental de alusión es dable advertir, entre otras cosas, que el veinte de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa se auto-aplicó la norma combatida. Entonces, de lo narrado se desprende que, al momento de la presentación de la demanda de amparo electrónica, es decir, al once de octubre de dos mil veintidós, no existía el acto de aplicación. Así, resulta indispensable que a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado tenga existencia jurídica; lo que no sucede en el caso, ya que lo relatado evidencia que en la data de interposición del reclamo constitucional (once de octubre de dos mil veintidós), no existe el acto de aplicación atribuido a la responsable señalada con antelación. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, según lo impone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en el cobro coactivo de multas y adeudos del vehículo placas de circulación Aunado a lo anterior, debe decirse que, dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, porque, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, mas no, cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Lo que en la especie no aconteció pues el quejoso únicamente aportó reproducción electrónica de recibo de inventario expedido por Documentos con los que únicamente acredita su interés jurídico en el presente juicio de amparo, que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós Irma Leticia Gómez Fajardo elaboró la cédula de infracción Consecuentemente, ante la indemostración de los actos reclamados, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría, si bien no fue contundente en manifestarse respecto al acto reclamado consistente en la aplicación del numeral 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; sin embargo, dicho acto se presume como cierto, en virtud de que refirió que dicho automotor fue retenido con motivo de alcoholemia en su conductor y remitido al depósito dos de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Por otra parte, dicha autoridad de igual manera fue omisa en pronunciarse respecto de la existencia de los actos reclamados consistentes en la cédula de infracción folio número, y la imposición de la multa contenida en la misma, el primer acto de aplicación de los artículos 171 fracción VI y 186 fracción I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco y el primer acto de aplicación del artículo 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo procede presumir la existencia de los actos que le fueron reclamados, aunado a que los mismos se encuentran corroborados con la copia certificada de la propia cédula de infracción número 34744278-6, la que valorada en términos de los artículos 197 y 201 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno. Por otra parte, el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Depósito Vehicular número dos dependiente de dicha dirección, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto que le fue reclamado consistente en el depósito del vehículo placas de circulación El Congreso del Estado de Jalisco, por conducto del Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos y el Gobernador por conducto del Coordinador Jurídico adscrito a la Dirección de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en su participación en el proceso de creación de los artículos 171 fracción VI y 186 fracción I, II, III y VII, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco y 25 fracción I, inciso e) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; así como respecto del Gobernador su participación en el proceso de creación del artículo 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Además, debe decirse que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos que se les atribuyen, por ser de naturaleza legislativa y ser disposiciones de carácter general, no están sujetos a prueba. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página 260, que dice. QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62, de la Ley de Amparo, ordena que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra los actos reclamados cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Causales de improcedencia fundadas. Existe imposibilidad jurídica para analizar la constitucionalidad del artículo 186, fracciones I, III y VII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De acuerdo con el citado dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que, por su sola vigencia, no causen perjuicio a la parte quejosa, sino que para materializar sus efectos, precisan necesariamente de un acto posterior que las individualice en la esfera jurídica del promovente. Al respecto, conviene explicar que en términos de los preceptos 17, 61 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, la reclamación de normas generales a través del juicio de amparo, debe efectuarse de acuerdo a dos modalidades, en función de su naturaleza auto o heteroaplicativa. La base de esta distinción se funda en el análisis de la individualización de los efectos de las normas, a través del cual, se busca desentrañar el momento en que aquéllos inciden en la esfera jurídica de los gobernados, para estar en condiciones de conocer a partir de qué momento y en qué plazo se debe ejercer la acción constitucional en su contra. Así, el citado examen se proyecta sobre la estructura de la norma reclamada, a fin de verificar si la concreción de sus consecuencias jurídicas sobre los sujetos a que se dirigen, se encuentra sometida a una condición -cualquiera que sea e independientemente de quién la realice-, o bien, si es incondicionada, lo que acontece cuando sus mandatos se cristalizan con la sola entrada en vigor de la norma. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las consecuencias de la norma general: - Son inevitables desde que entra en vigor. - Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. - Nacen con ella misma, por lo que no se requiere de la actualización de alguna condición. Por su parte, cuando la individualización es condicionada, las consecuencias de la norma general: - Las obligaciones no nacen a partir de la entrada en vigor de la ley. - Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal. - No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Con base en esa distinción, las normas autoaplicativas son aquellas que, con su sola entrada en vigor, inciden en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que por sí mismas, crean, transforman o extinguen situaciones jurídicas. En cambio, las heteroaplicativas son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, para que incidan en la esfera jurídica del gobernado; de esa forma, las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles hasta en tanto se realice la condición, que puede consistir en la realización de un acto jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le dota de efectos legales, ya sea que se realice por una autoridad judicial, administrativa o legislativa, o bien, por un particular, el propio quejoso o un tercero. De modo que, al aplicarse el criterio en comento, se estará en aptitud de determinar la naturaleza de la norma reclamada, es decir, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que sirve para determinar las reglas de procedencia del juicio de amparo. Así, tratándose de normas autoaplicativas, basta que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que prevé la disposición para que afecte su interés jurídico, con lo cual, se encontrará legitimado para reclamarla a través del juicio de amparo, debiendo realizarlo en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Amparo, o bien, dentro del lapso de quince días contados a partir de que se realice el primer acto de aplicación de ese precepto. Por otro lado, tratándose de normas heteroaplicativas el plazo para promover el juicio de amparo es el de quince días, a partir de la realización del acto en que se individualizó el perjuicio, según la regla establecida en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden, la naturaleza de una norma jurídica, o sea, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, deriva de su contenido y no así de la forma, momento o modo en que se reclama. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; VIII. La licencia o permiso del conductor podrá ser suspendido en los términos del tercer párrafo del artículo 188 de este ordenamiento" El artículo transcrito establece las diversas hipótesis de posibles sanciones a aquellas personas que conduzcan vehículos bajo la influencia del alcohol o algún estupefaciente. Es decir, dichos preceptos establecen una sanción por no acatar las obligaciones previstas en la ley, especificando las infracciones correspondientes en cuanto a inobservar determinadas condiciones; por lo que para que los numerales de referencia incidan en la esfera jurídica de un gobernado necesariamente se requiere que éste incumpla los extremos antes referidos y que exista una expresión de voluntad de una autoridad administrativa competente -Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco- en el sentido de que materialmente se ubica en alguno de los supuestos en ella establecidos y que, por consiguiente, es acreedor de la sanción que se establece y por ende le imponga la multa respectiva. Esto es, que conforme a la estructura normativa de las disposiciones reclamadas, es necesaria la comprobación previa de la autoridad administrativa, acerca de si incumple con la medida ahí establecida respecto de la proscripción de manejar bajo el influjo de alguno de dichos materiales, para que se concreten sus consecuencias, y se impongan las multas que en dicho precepto se establecen. De modo que, el supuesto legal contenido en el artículo 186 fracciones I, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco, precisa de la ejecución de una condición, consistente en que se inobserven los parámetros establecidos y que ello conlleve la declaración de autoridad competente y la consecuente imposición de una sanción, para materializar sus efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí su carácter heteroaplicativo. En razón que del contenido de la cédula de notificación de infracción exhibida por la autoridad responsable, no se aprecia la aplicación de la hipótesis aludida del numeral 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, sino de una diversa (la prevista en la fracción II); de ahí que no le asiste interés al solicitante del amparo para impugnarlas, aun cuando manifieste bajo protesta de decir verdad que ello aconteció. De manera que, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto acto reclamado consistente en el artículo 186, fracciones I, III y VII, de la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Jalisco. Por otra parte, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco al rendir su informe justificado y el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Depósito Vehicular número dos dependiente de dicha dirección, al rendir su informe justificado, invocaron la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos que reconocieron y que les fueron reclamados. A fin de acreditar la cesación de los actos reclamados consistentes en el primer acto de aplicación del artículo 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y el depósito del mismo, respecto del vehículo materia del presente juicio, la autoridad responsable Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Depósito Vehicular número dos dependiente de dicha dirección, exhibió copia certificada del oficio, emitido por el propio director, del que se advierte que el oficiante informa que de inmediato se haga entrega del vehículo materia del acto reclamado. No asiste razón a la citada autoridad. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Corolario de lo expuesto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar su constitucionalidad, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. En el caso particular, resulta que la responsable aduce que el vehículo cuya desposesión se reclamó se encuentra en custodia del propio quejoso. Sin embargo, ello obedeció a la concesión de la suspensión de los actos reclamados, otorgada en los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, pero no porque la autoridad, de propia iniciativa, lo hubiera hecho, de ahí que, no se trate de una insubsistencia o desaparición inmediata, total e incondicional, de los efectos del acto reclamado como se exige para la configuración de la causal de improcedencia que se hace valer. Ello, si se toma en cuenta que lo resuelto en el incidente de suspensión subsiste mientras no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal del que derive la incidencia respectiva, de suerte tal que no puede considerarse que los actos verificados con la finalidad de cumplir con una suspensión definitiva, sean actos que se equiparen a una situación idéntica a la que hubiera surgido si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. A la misma determinación se arriba respecto a la causa de inejercitabilidad en la que argumenta el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y del Depósito Vehicular número dos dependiente de dicha dirección que a las citadas autoridades no les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cierto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, cuando sean actos positivos; en caso contrario, será aquella que, dentro de su esfera de competencia, le corresponda realizar algún acto en favor del gobernado y lo hubiera omitido. En ese tenor, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a través de sus agentes viales ordenaron el depósito del vehículo descrito a lo largo de la presente resolución, a consideración de quien resuelve, sí le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que ejecutó la orden reclamada. De igual forma es infundada la causa de improcedencia propuesta por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que, a su decir, no se observó el principio de definitividad, en tanto que los actos reclamados en esta instancia constitucional pueden ser combatidos mediante el recurso ordinario de defensa (definitividad), como es el juicio de nulidad. Dicha causal resulta infundada; y a fin de verificar la ineficacia del anterior planteamiento, es pertinente tomar en consideración que en el precepto legal que se invoca, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De la anterior transcripción se advierte que si bien es cierto, por regla general se surte la causa de improcedencia del juicio de garantías cuando contra el acto reclamado, proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; también lo es que dicho numeral establece excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto. Es infundada la causa de improcedencia. Ello es así, pues para conceder la suspensión del acto impugnado la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco prevé que: 1. La suspensión de créditos fiscales sólo surtirá efectos si se garantiza su importe, sin prever que surta efectos "desde luego" como se establece en la Ley de Amparo; que el solicitante de la medida cautelar debe otorgar la garantía en el plazo genérico de cinco días y que en la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que la otorguen se observará lo establecido en su precepto 104, que prevé la imposición de sanciones que podrían configurar delitos (artículos 19 Bis, 69 y 70 Septies); y, 2. El solicitante de la suspensión deberá señalar los hechos que se pretenden resguardar, manifestar el interés suspensional y expresar los motivos por los cuales solicita la medida cautelar (artículo 67). Además, limita su tiempo de vigencia al establecer que cualquier medida cautelar provisional dejará de surtir efectos por el solo transcurso de quince días (artículo 70 Quinquies), lo que implica una restricción no prevista en la ley que rige al juicio constitucional, en tanto que la suspensión concedida en un juicio de amparo subsiste, por lo general, hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada en el expediente principal y queda sin efectos en caso de que el quejoso no exhiba la garantía requerida para tal efecto dentro del plazo de cinco días que, en su caso, se le requiera, pero mientras no se ejecute la sentencia el quejoso puede exhibirla, y cuando el tercero otorga contragarantía de ser procedente o varían las condiciones o el contexto bajo el cual se concedió. Lo que lleva a concluir que la reforma citada a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco sí prevé mayores requisitos y menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo, circunstancias que actualizan una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el juicio de nulidad local contra los actos administrativos previstos en aquélla, previamente a impugnarlos mediante el juicio de amparo indirecto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se analizarán de una manera distinta a la propuesta, unos de manera individual y otros, de manera conjunta, en razón del tema sujeto a controversia, y que guardan relación estrecha entre ellos, sin que ello implique desatender de forma alguna sus argumentos. Son infundados los conceptos de violación que esgrime la quejosa, respecto a la inconstitucionalidad de las normas generales impugnadas. En una primera parte, a manera de conceptos de violación, la parte quejosa refiere distintas cuestiones, que se relaciona con los numerales 171, fracción VI y 186, fracción II, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad de Movilidad, como lo es la falta de mandamiento por escrito, pues aduce que la desposesión del vehículo fue de manera verbal. Que existe una transgresión a la garantía de audiencia y seguridad jurídica, derivado de la emisión de la multa y la desposesión del vehículo, ya que la responsable, previo a la emisión el acto, debió realizar un juicio seguido en su contra, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento (por escrito) y con ello otorgarle el derecho de defensa, como lo es alegar y ofrecer pruebas. Que se transgrede su derecho de propiedad y posesión que tutela el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le privó del uso y disfrute del vehículo del cual es propietaria, además que no existe ninguna ley que establezca como sanción, el retiro del vehículo por conducir en estado de ebriedad. Afirma que la multa es excesiva, lo que transgrede el numeral 16 de la Carta Magna, pues no está fundado ni motivado, es decir, el cobro es desproporcionado y atenta de igual manera con el contenido del numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la fracción VI del artículo 171 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de aplicación conjunta con el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por los artículos 14 y 16 Constitucionales y el artículo 21, en sus puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos "Pacto de San José", así como la jurisprudencia registro 2007551, pues bajo la consideración de que si el conductor reúne determinado grado de alcohol, permite se le desposea de su vehículo, es decir, su derecho de propiedad del uso y disfrute, sin establecer que debe mediar mandamiento escrito para tal acto, así como que el automotor deberá ser devuelto de manera inmediata a quien acredite la propiedad legal, sin requisito diverso. Que la fracción II del artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, vulnera lo previsto por el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", esto es, lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento y lo priva de una adecuada defensa, pues no dispone que, de manera previa al acto, deba notificársele el inicio del procedimiento, así como la oportunidad de ofrecer pruebas, alegar y el dictado de una resolución que dirima la controversia. Ahora bien, a fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos, se considera pertinente, como punto de partida para dar contestación a los conceptos de violación, insertar el contenido de los numerales 171, fracción VI, y 186, fracción II, ambos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y del 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que establecen: "Artículo 171. La Secretaría, por medio de sus policías viales y la policía de tránsito municipal, como medida de seguridad, podrán retirar un vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público o, en su caso, privado sujeto a concesión, en contra de la voluntad de su propietario o conductor, en los supuestos siguientes: VI. Cuando se imponga al conductor, como sanción, el arresto administrativo" "Artículo 186. A las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo de alcohol o drogas, se les sancionará de la siguiente forma: I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la persona que conduzca un vehículo automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o bajo el influjo de drogas; II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro horas a la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La calificación de la sanción estará sujeta a las reglas establecidas en el reglamento de la presente ley; III. A la persona que conduzca un vehículo y se le detecte una cantidad mayor a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas; VII. En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo establece la fracción VI del artículo 171 de esta ley, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo". "Artículo 174. Será requisito para la liberación del vehículo, presentar acta de libertad emitido por el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, o el lugar que determine el Juez calificador para los casos de los municipios o los previamente designados para este efecto." No asiste la razón con relación a la transgresión del derecho de audiencia y seguridad jurídica, que establece el artículo 14 Constitucional, en razón de lo siguiente. El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este derecho fundamental de la siguiente manera: "Artículo 14: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se desprende que el derecho de audiencia es el derecho que todos los particulares tienen para ser oídos y para poder defenderse con anterioridad a que sean privados de sus bienes, es decir, es la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos en aquellos casos en que se comprometa su libertad, sus propiedades, sus posesiones o sus derechos. A su vez, este derecho para los particulares se traduce en una obligación para el Estado de abstenerse de cometer actos que limiten o restrinjan determinados bienes sin que se satisfaga esa garantía, con excepción de las salvedades que establezcan la propia Constitución Política, así como los criterios jurisprudenciales. En relación con el derecho fundamental de audiencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: El artículo 14 Constitucional antes transcrito, establece expresamente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio; sin embargo, esto no implica que ese derecho esté limitado a los procedimientos jurisdiccionales, sino que se debe entender que las autoridades administrativas también están obligadas a respetarla. Lo anterior fue concluido por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 1133/2004, en donde, expresamente, se menciona: "De ese modo, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en la parte que señalaba: 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ...', comenzó a hacerse extensivo a las autoridades administrativas, entendiéndose por 'juicio' cualquier procedimiento susceptible de brindar al particular la posibilidad de ser oído en defensa frente a los actos privativos. (.) Ciertamente, si a los órganos estatales administrativos incumbe legalmente desempeñar las funciones inherentes a los distintos ramos de la administración pública, la defensa previa que el gobernado deba formular, debe enderezarse también ante ellos, dentro del procedimiento que legalmente se instituya. Si el acto de privación va a emanar legalmente de una autoridad administrativa, sería ilógico que fuese una autoridad judicial la que escuchase al gobernado en defensa 'previa' a un acto de privación que ya es plenamente ejecutable." En este sentido, el derecho de audiencia previa es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares, entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad la privación de un bien material o inmaterial. En efecto, tratándose de actos privativos, la defensa, para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, con el fin de garantizar efectivamente los bienes constitucionalmente protegidos a través del artículo 14 constitucional. Por su parte, los artículos de 171, fracción VI, y 186, fracción II, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco impugnados, contrario a lo que argumenta el quejoso, no contemplan actos privativos de los cuales se requiera de audiencia previa, pues conforme a sus características, únicamente constituyen actos de molestia, derivados de una medida cautelar de seguridad, tendente a salvaguardar el bien común, pues se trata de evitar que las personas conduzcan vehículos automotor bajo el influjo de alcohol o drogas. En efecto, la restricción temporal de su vehículo, derivado de encontrarse en un estado de ebriedad, no le genera ninguna transgresión a los derechos de seguridad jurídica y a la adecuada fundamentación y motivación, pues esa circunstancia, como lo es practicarle el examen de alcoholemia, debe considerarse excepcional y admisible, sin necesidad de una orden escrita de autoridad competente, en virtud de que, por cuestiones de temporalidad y dado que el estado de ebriedad es transitorio, no es posible obtener esa orden para ejercer el acto de molestia, sino que basta la existencia del operativo correspondiente para detener vehículos en circulación y practicar, en su caso, la prueba y, de encontrarse positivo con las pruebas respectivas, proceder como lo prevé el controvertido artículo 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, sobre las facultades de los policías viales, en que podrán retirar de circulación un vehículo y trasladarlo a un depósito, para el caso de que el conductor incurra en una sanción, como en el caso concreto fue conducir bajo los influjos del alcohol. Por ende, tales cuestiones que derivan de la interpretación de los numerales 171, fracción VI, y 186, fracción II, de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, y el diverso 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no violan el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que encuentran plena justificación en el diverso 117, último párrafo, Constitucional, que prevé que las Legislaturas de las entidades federativas, así como el Congreso de la Unión, dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, por lo cual el legislador local buscó disuadir a los ciudadanos de ingerir bebidas alcohólicas y manejar vehículos, en aras de tutelar la vida y bienes del conductor, sus acompañantes y el resto de la sociedad. Efectivamente, al contemplar dichos numerales la sanción consistente en el retiro del vehículo con motivo de que al conductor se le imponga un arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, no resulta ser un acto de carácter privativo, por lo que tampoco, previo al acto, debe regir medio de defensa alguno, pues, se insiste, únicamente constituye un acto de molestia, derivado de una medida cautelar de seguridad, que se sostiene justificadamente sobre el bien común, que está por encima del interés particular. Por otra parte, son infundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa aduce que es inconstitucional el artículo 174 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, porque viola la facultad reglamentaria del Gobernador del Estado de Jalisco, prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal y 50, fracción VIII, de la constitución de esta entidad federativa, al establecer como requisito de la liberación del vehículo, la presentación del acta de libertad, lo cual no está previsto en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, es decir, en esta última norma no se prevé la sanción o requisito que establece el precepto reglamentario reclamado. Para explicar dicha calificativa, es necesario traer a cuenta el contenido del artículo 50, fracciones I y VIII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que es del tenor siguiente: "Artículo 50.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: I. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes y ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a las mismas en los términos y plazos que establece esta Constitución; VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administración pública; Del precepto constitucional local transcrito, se aprecia la facultad reglamentaria con que cuenta el Gobernador del Estado de Jalisco, consistente en la competencia para expedir reglamentos que sean necesarios, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y el correcto despacho de la administración pública. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que dicha facultad reglamentaria se encuentra limitada por dos principios constitucionales: Reserva de ley: se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo, la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. Subordinación jerárquica: consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Bajo esa perspectiva jurídica, los citados principios buscan garantizar que el ejercicio de la facultad reglamentaria se realice única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde es válida la expedición de reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En esas condiciones, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley, no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición. Bajo tales bases constitucionales, conviene establecer que el artículo 73 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco , dispone que la policía vial y la autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito, conforme a las normas del reglamento respectivo y como medida de seguridad, retirarán de circulación los vehículos en los casos previstos y conforme al procedimiento establecido en dicha ley. Por su parte, el diverso artículo 171, fracción VI, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco , establece la procedencia del retiro de circulación de un vehículo como medida de seguridad, cuando se imponga a su conductor el arresto administrativo. Además, el numeral 186, fracciones I, II, III y VII de la citada ley , establece las sanciones aplicables al conductor que se detecte una cantidad de miligramos de alcohol en la sangre o miligramos de alcohol por litro de aire espirado, consistentes en que se sancione con arresto administrativo. Precisado lo anterior, cabe reiterar que el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, dispone como requisito para la liberación del vehículo, presentar acta de libertad emitida por autoridad competente, esto es, complementa uno de los requisitos necesarios para entregar el vehículo que hubiere sido asegurado y depositado con motivo de la ejecución de un arresto administrativo. De esto se sigue, que considerando que, por una parte, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, define el qué, quién, dónde y cuándo de la procedencia del retiro de circulación de vehículos como medida de seguridad ante el arresto administrativo de un conductor, porque establece las características del sujeto infractor, así como las circunstancias propias del hecho sancionado y la autoridad competente para imponerla; y, por otra parte, dicha normativa autoriza expresamente el ejercicio de la facultad reglamentaria para complementar la configuración normativa del retiro de circulación de vehículos. Por ello, se arriba a la conclusión de que el antedicho artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, sí respeta los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, habida cuenta que únicamente complementa los requisitos que deben satisfacerse para la devolución del vehículo asegurado, cuya devolución resulta connatural a la medida de seguridad impuesta, en virtud de que ésta resulta transitoria por el tiempo en que se ejecute el arresto administrativo. Por tanto, dado que el precepto reglamentario reclamado contrae sus efectos a establecer el cómo se procederá a la entrega del vehículo retirado de circulación, resulta patente que su finalidad consiste en garantizar la exacta observancia de la ley que reglamenta, al definir una modalidad de cuyo cumplimiento depende su entrega; por lo que dicho precepto reglamentario se encamina exclusivamente a indicar el medio en que cesará la retención del vehículo, sin extralimitarse del propio objeto regulado por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. En consecuencia, contrario a lo aducido por la parte quejosa, el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, no es violatorio de los principios constitucionales aplicables al ejercicio de la facultad reglamentaria estatal; lo que lleva a declarar infundado el concepto de violación respectivo. Sin que pueda considerarse que las normas impugnadas vulneren lo previsto por el numeral 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José", que dispone: "Artículo 21. Derecho de la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley..". Pues, se insiste, los preceptos impugnados no constituyen un acto privativo, sino de molestia, como medida cautelar. Por su parte, es infundado que los preceptos tildados de inconstitucionales vulneren criterios jurisprudenciales, para lo cual es conveniente primero establecer lo que dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.--- La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.--- La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.--- La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del numeral transcrito se desprende que la observación y acatamiento de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en Pleno o en Salas, será obligatoria para: Las propias Salas del Alto Tribunal, si la Jurisprudencia surgió del Pleno. Para los Plenos de Circuito. Para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito. Los Juzgados de Distrito. Tribunales Militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Por su parte, la obligatoriedad de la Jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito, es para: Los Tribunales Colegiados y unitarios de circuito. Los Juzgados de Distrito. Tribunales Militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Que se ubiquen dentro del Circuito. De lo que se colige que la aplicación de manera obligatoria de los criterios que constituyen jurisprudencia únicamente será para los órganos judiciales, no así para los legislativos, pues éstos constituyen un Poder de la Unión, autónomo e independiente, conforme lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al emitir las leyes, no están sujetos a considerar tales criterios. OCTAVO. Estudio de fondo. Cédula de infracción. Resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado lo argumentado por el quejoso en el cuarto concepto de violación en el que señala que la responsable violó la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional porque no fundó debidamente la competencia territorial y material para su emisión. En efecto, este órgano de control constitucional conviene con el peticionario de derechos fundamentales por cuanto sostiene que las autoridades responsables son omisas en fundar su competencia, al emitir la cédula reclamada, siendo que los servicios de vialidad, al ser una atribución exclusiva de los municipios, debieron señalar el convenio de colaboración -si existiere- celebrado entre la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y los Ayuntamientos Constitucionales en el Estado de Jalisco, en este caso el de Guadalajara. Una vez precisado lo anterior, y para una mejor ubicación del problema a jurídico que se plantea, conviene imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". La garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En esta tesitura, se infiere que mencionar el ordenamiento jurídico y la disposición legal que le conceda atribuciones a la autoridad para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, que consiste en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario, es decir, de eximir a la autoridad del deber de fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de controvertir la actuación de aquélla cuando estime que ésta no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pudiere encontrarse en contradicción con la Constitución Federal. Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia, la competencia de la autoridad que lo suscribe, constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas. Así, al ser la competencia del órgano administrativo el conjunto de atribuciones o facultades que les incumben a cada uno de ellos, las cuales se encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica, no es posible considerar que para cumplir con los fines del derecho fundamental garantizado en el artículo 16 constitucional, baste la cita del ordenamiento legal que le otorgue competencia, porque la organización de la administración pública en nuestro país está encaminada a distribuir las funciones de los órganos que la integren por razón de materia, grado y territorio, a fin de satisfacer los intereses de la colectividad de una manera eficiente; para lo cual, si bien es cierto que en una ley, reglamento, decreto o acuerdo, es en donde, se admiten excepciones, se señala la división de estas atribuciones, no menos cierto lo es que aquéllos están compuestos por diversos numerales, en los que se especifican con claridad y precisión las facultades que a cada autoridad le corresponden. Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones. Al efecto, debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio, los cuales consisten en: a) Materia: Atiende a si la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros). b) Grado: También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. c) Territorio: Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitada localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Por tales razones, la invocación de un ordenamiento jurídico en forma global es insuficiente para estimar que el acto de molestia, en cuanto a la competencia de la autoridad, se encuentra correctamente fundado, toda vez que al existir diversos criterios sobre ese aspecto, tal situación implicaría que el particular ignorara cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio; luego, ante tal situación, también resulta indispensable señalar el precepto legal que atendiendo a dicha distribución de competencia le confiere facultades para realizar dicho proceder, a fin de que el gobernado se encuentre en posibilidad de conocer si el acto respectivo fue emitido por la autoridad competente. En esa medida, el artículo 115, fracción III, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la función de los servicios de tránsito es facultad exclusiva de los municipios, y en el caso, el acto aludido fue emitido por autoridades de una dependencia estatal (Secretaría de Transporte). En efecto, la fracción III, inciso H), del artículo 115 constitucional, establece en su parte conducente: "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes h). Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.". En lo conducente, el precepto invocado establece que los municipios que conforman los Estados de la Federación tienen a su cargo la administración del servicio público de tránsito. Por su parte, el penúltimo párrafo del artículo y fracción aludidos, establece: ".Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.". En lo que interesa para el presente estudio, el precepto transcrito dispone que cuando los ayuntamientos de los municipios lo estimen conveniente, podrán celebrar convenios con el estado, para que de forma temporal, éste se haga cargo de prestar algún servicio que deben proporcionar los municipios, o en su caso, otorgarlo de forma coordinada. Luego, no obstante que los municipios son los organismos facultados para prestar el servicio público de tránsito, dicha atribución puede delegarse al Estado mediante la celebración del acuerdo respectivo celebrado entre éstos. En ese orden de ideas, las autoridades responsables fueron omisas en establecer si entre el municipio de Guadalajara y el Estado de Jalisco, en este caso representado por la Secretaría de Transporte, existe un convenio de colaboración vigente en materia de tránsito, que faculte a esta última a prestar el servicio público de tránsito y, con ello, aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en la zona metropolitana, de esa entidad federativa. Ahora, del examen practicado a la cédula de infracción reclamada, que ha sido valorada con antelación, no se desprende cita alguna, en donde se plasme el fundamento de su competencia, es decir, si existe convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco), que otorgue a la Secretaría de Transporte, la facultad de aplicar las sanciones por infracciones a la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado de Jalisco, en el apuntado Ayuntamiento. De ahí que, los actos reclamados sean inconstitucionales, pues el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, entre ellos su competencia, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan las hipótesis que son aplicadas, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entre ellos, el relativo a la competencia que les faculte su actuar. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Por tanto, ante lo fundado del concepto de violación en estudio procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la cédula de notificación de infracción sin que se encuentre en posibilidad de emitir una nueva; de igual manera, se ordene la devolución del vehículo placas de circulación, y como consecuencia de ello la Secretaría de Hacienda Pública devuelva al quejoso las cantidades que hubiera erogado con motivo de las sanciones impuestas en dicha cédula de infracción, entre éstas la multa, pensión, guarda y custodia de vehículos, servicios de grúas y arrastre y las maniobras dentro del patio, sin importar que algunas de ellas hubieren sido cubiertas al particular que presta el servicio de grúas, ya que si el motivo de la concesión es el actuar irregular del estado, corresponde a éste absorber las cargas monetarias que hubiera ocasionado al quejoso. No es obstáculo a la anterior determinación la eventual circunstancia de que la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, no haya sido señalada como autoridad responsable, toda vez que todas las autoridades están obligadas al cumplimiento de las sentencias en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En virtud de la concesión decretada, se considera innecesario estudiar los restantes conceptos de violación, puesto que la materia relativa a este quedará insubsistente con el motivo de la concesión dictada en la presente resolución, además, en nada variaría su sentido. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *, contra los actos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Depósito Vehicular número 2 dependiente del Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, Director de Depósitos vehiculares, de la Secretaría de Administración, del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a * respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a *, contra los actos reclamados a la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente sentencia.

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