Jose Manuel Monroy Palacios

Expediente 151/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
151/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Jose Manuel Monroy Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que este expediente es susceptible de depuración. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del Acuerdo General 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 151/2020 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido al día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, *********, por conducto de su apoderado legal ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que precisó en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, de tramitar el juicio laboral ********** dentro de los plazos y términos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no se ha pronunciado sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el contradictorio de origen. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. En ese sentido, es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, ya que al rendir su informe así lo manifestaron. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas; de modo que como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es infundado el motivo de inconformidad expuesto por la parte quejosa, mismo que hace consistir en la trasgresión a su derecho a una impartición pronta y expedita de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, pues refiere que la junta responsable es omisa en tramitar el juicio laboral ******* dentro de los plazos y términos contemplados en la Ley Federal del Trabajo, pues no se ha pronunciado sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el contradictorio de origen. En esa tesitura, cabe resaltar que el citado artículo constitucional, en su párrafo segundo determina lo siguiente: "(.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Sobre esa premisa, conviene precisar que de las constancias que allegó la junta responsable a los presentes autos de advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda promovida por el aquí quejoso, en contra de ************, de quienes reclamó el pago de diversas prestaciones. 2. En dicho proveído, la autoridad laboral señaló fecha y hora para la audiencia de ley, asimismo, comisionó al actuario de adscripción para que emplazara a juicio a la parte demandada. 3. Seguido el juicio por sus trámites, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en dicho acto, la secretaria de acuerdos hizo constar que la incomparecencia de la parte demandada, la cual se encontraba debidamente notificada, por lo que la audiencia continúo sin su participación; no obstante, la junta responsable se reservó el derecho para mejor proveer sobre las pruebas ofrecidas por el actor. 4. Posteriormente, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, la junta responsable tuvo a la demandada ********* promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, en contra del emplazamiento practicado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, suspendió el procedimiento del juicio laboral de origen, en la etapa procesal en que se encontraba. 5. Así, el doce de abril de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia relativa al incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada, en tal acto, se tuvo a la demandada incidentista, actora en lo principal, contestando la incidencia planteada; no obstante, la junta reservó su derecho para mejor proveer sobre la resolución correspondiente, la cual a la fecha en que se actúa no ha sido pronunciada. De lo antes narrado, se advierte que, tal y como lo manifiesta la parte quejosa, la junta responsable no se ha pronunciado sobre la admisión o desechamiento de la pruebas ofrecidas en el juicio laboral ******, empero, tal cuestión obedece a que, en dicho asunto, el procedimiento ha sido suspendido, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada; en ese sentido, si de conformidad con el artículo 763 Bis de la Ley Federal del Trabajo, solo puede continuar con el procedimiento una vez que se resuelva la incidencia de nulidad planteada, es claro que en el particular caso la autoridad laboral, está legalmente impedida para emitir pronunciamiento respecto al caudal probatorio ofrecido en autos. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a.), entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, deecima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351, con número de registro digital 2017654, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Asimismo, es aplicable la tesis aislada 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53, con número de registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Consecuentemente, al ser infundado el concepto de violación expresado, y al no advertirse que pueda ser susceptible de ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se niega el amparo a la parte quejosa. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: SEXTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra la autoridad y acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de quince de abril del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias exhibidas por la autoridad responsable, asimismo, se precia que dicho acuerdo se notificó por lista a las partes el dieciséis de los actuales. En relación con lo anterior, es preciso señalar que el artículo 117 de la citada ley establece que, con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento de las constancias exhibidas por la responsable, se les deberá dar vista al menos con ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, término que no se cumplimentaría de llevarse a cabo la audiencia, pues dicho plazo aún no transcurre. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, a efecto de no transgredir normas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las CATORCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito recibido vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma de ********, apoderada legal de *************, a través del cual, en desahogo a la vista ordenada en auto de quince de los actuales, formula manifestaciones. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos se formulan, las que, de ser procedente, serán tomadas en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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