José Manuel Miranda Gálvez
Expediente 1288/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1288/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juez de Control del Juzgado Oral Número Uno de Hermosillo, Sonora
- José Manuel Miranda Gálvez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las once horas con ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las documentales que obran en autos y da cuenta con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable y autoridad tercera interesada, parte tercera interesada, parte quejosa y fiscal federal adscrita-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hace constar las allegadas por la autoridad responsable -constancias y un disco compacto tipo CD-. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos reclamados que más adelante se precisarán. Trámite. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El siete de septiembre siguiente, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Talía Rodríguez Pérez, Talía Estefanía Jaime Rodríguez y Guadalupe Castañeda Espinoza -víctimas en el proceso penal de origen-, y al agente del Ministerio Público del Sector VII, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Imposibilidad de celebrar audiencia constitucional y diferimiento. Por proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se hizo saber la imposibilidad de llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de octubre pasado, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos que inciden en la libertad jurídica del quejoso, dictados dentro de un proceso penal por una autoridad que se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Fijación de la litis De acuerdo con el artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 169, publicada en la página 207, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a los criterios transcritos, así como a la lectura integral de la demanda de amparo, los actos reclamados por el quejoso a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, son: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 860/2022, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el que se decretó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo cometido con violencia en las personas, por dos o más personas, en establecimiento comercial abierto al público, utilizando arma de fuego, previsto en el artículo 308, fracciones I, II y V, y sancionado por el diverso 309, fracciones I y II, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en agravio de Talía Rodríguez Pérez, Talía Estefanía Jaime Rodríguez y Guadalupe Castañeda Espinoza, y su ejecución. El auto de vinculación a proceso decretado en audiencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, que se llevó a cabo en la causa penal mencionada seguida en su contra, por su probable participación en el referido hecho que la ley señala como delito, en perjuicio de las víctimas citadas anteriormente, imponiéndosele la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este apartado debe destacarse que el solicitante del amparo reclama como acto destacado el auto de vinculación decretado en su contra; sin embargo, se precisa que al reclamarse el auto de vinculación a proceso, este juzgador se encuentra constreñido no sólo a analizar si dicha resolución satisface los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también examinar los temas restantes sobre los que se pronunció el juez de control en dicha etapa, y que convergen en el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta localidad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó la autoridad a su informe, consistente en las derivadas de la causa penal 860/2022, así como con el disco compacto que contiene audio y video de la citada audiencia. Documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Cambio de situación jurídica. En ese tenor, el acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando segundo de esta resolución consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 860/2022, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el que se decretó orden de aprehensión en contra del quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo cometido con violencia en las personas, por dos o más personas, en establecimiento comercial abierto al público, utilizando arma de fuego, previsto en el artículo 308, fracciones I, II y V, y sancionado por el diverso 309, fracciones I y II, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en agravio de Talía Rodríguez Pérez, Talía Estefanía Jaime Rodríguez y Guadalupe Castañeda Espinoza, y su ejecución. Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que se ha producido un cambio de situación jurídica, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento legal, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, como se vio, en el presente asunto se reclama orden de aprehensión referida en párrafos que anteceden y su ejecución. Ahora, la autoridad judicial responsable, remitió en un disco compacto certificado la audiencia de tres de agosto de dos mil veintitrés, así como, la fotocopia auténtica de la causa penal 860/2022 de su índice, medios de convicción a los que se concedió valor probatorio pleno de manera previa, de los que se desprende en lo que interesa que en cumplimiento a la orden de aprehensión que reclama el quejoso, se dictó auto de vinculación en su contra por el por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de robo cometido con violencia en las personas, por dos o más personas, en establecimiento comercial abierto al público, utilizando arma de fuego, cometido en agravio de Talía Rodríguez Pérez, Talía Estefanía Jaime Rodríguez y Guadalupe Castañeda Espinoza. Lo anterior, evidencia que ha cambiado la situación jurídica en relación a la libertad personal del impetrante, pues en caso de que hubieran existido las violaciones reclamadas en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso ********************, en autos de la causa penal 860/2022, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, éstas han quedado irremediablemente consumadas, pues la situación jurídica de la libertad del quejoso quedó legalmente sustituida cuando la autoridad responsable decretó en su contra el auto de vinculación a proceso mencionado, imponiéndole la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que no es posible estudiar la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, lo cual vuelve improcedente este juicio. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Ahora, toda vez que este juzgador de amparo no advierte diversa causa de improcedencia de manera oficiosa o alegada por las partes, por ende, se procede al examen del fondo del presente sumario en relación con el acto reclamado precisado como inciso b). V. Conceptos de violación Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado b), los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa aduce en un motivo de inconformidad que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra vulnera sus derechos de audiencia, debido proceso, legalidad, seguridad y libertad, así como el acceso a la justicia de manera pronta, expedita e imparcial, contenidos en los numerales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Lo anterior, en su vertiente de regla de prueba, pues refiere que la identificación por fotografía realizada en su contra tuvo vicios, pues fue totalmente alejada de los parámetros constitucionales. Es fundado el motivo de disentimiento destacado y suficiente para conceder la protección constitucional al quejoso, suplido en la deficiencia de la queja al tenor de la fracción III inciso a) del numeral 79 de la Ley de Amparo; además, se atiende al principio de mayor beneficio conforme lo dispone el tercer párrafo del precepto 17 de la Legislación Suprema de la Nación. Apoya este aserto, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, por identidad de razón, se cita la Jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, de siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." Al efecto, del desahogo de la audiencia inicial de tres de agosto del año en curso, atinente a la causa penal 860/2022, en la cual se decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable participación en el ilícito mencionado en párrafos que anteceden, se advierte en lo que interesa que el agente investigador ofertó como dato de prueba la identificación por fotografía realizada las víctimas -terceras interesadas-, en la cual señalaron al hoy quejoso ******************** como imputado. Ahora bien, respecto de dicho tópico, la razón que asiste al inconforme estriba en lo siguiente. Acorde con el sistema de derechos humanos los principios de buena fe y de protección de las apariencias, son un límite para evitar el dolo para el disfuncional ejercicio de los actos procesales; asimismo, conforme al sistema procesal penal, los datos, medios de prueba y prueba, deben ser valorados por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Una regla de la lógica lo constituye el que si la fuente de la prueba se corrompe, entonces cualquier dato obtenido de ésta, también lo está, por tratarse de pruebas obtenidas con ayuda de información conseguida ilegalmente; supuesto que la doctrina del derecho probatorio ha denominado conforme a la metáfora del fruto del árbol envenenado, aludiendo a los efectos contaminantes que provoca en otras evidencias. Luego, atento a la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio no releva al juez de Control de ponderar todos los elementos o datos de prueba que se hagan de su conocimiento por las partes como base del dictado de la resolución de término constitucional, a fin de justificar los requisitos constitucionales para su emisión, según la naturaleza y complejidad (objetiva y subjetiva) del hecho delictuoso de que se trate en cada caso. Por ende, el argumento del "estándar probatorio" propio de la etapa procesal, no puede usarse como pretexto para que el juez de instancia incumpla su deber como verdadero juez de Control que garantice la supremacía constitucional en cuanto al respeto de los derechos humanos involucrados con el tipo de resolución preprocesal, pues una cosa es el carácter preliminar de la resolución propia de esa etapa y otra muy diversa el deber de cumplir con el estudio integral de las constancias existentes para resolver lo conducente. En ese entendido, acorde a ese estándar de análisis, se pondrá que, es desacertada la decisión concerniente al incidente de nulidad de actuaciones, pues no se garantiza una racionalidad aceptable, esto es, el aludido estándar no debe apelar a las creencias o al convencimiento personal del Juzgador, ni a criterios sumamente indeterminados, sino que resulta ineludible recurrir a la doctrina del razonamiento probatorio. Máxime que la materialización conjunta de los criterios que componen la indicada formulación, esto es, el referente a la mayor probabilidad, así como el que atañe al peso del acervo probatorio, por una parte, no se traduce en establecer exigencias tan elevadas como las que integran los estándares de prueba propios para el dictado de sentencias y, por otra, garantiza que, para esa fase procesal, una hipótesis fáctica no se dé por probada, aunque cuente con un nivel de confirmación ínfimo, sólo porque es la más probablemente verdadera frente a sus hipótesis rivales. Aserto que es así, porque el indicado reconocimiento de persona por fotografía, no cumplió con las formalidades exigidas en la norma, específicamente, lo dispuesto en los numerales 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya literalidad es: "Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su Defensor. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial. [.]" "Artículo 279. Identificación por fotografía Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica." Los normativos en cita dejan patente los siguientes presupuestos: Que el reconocimiento de personas, procederá aun sin el consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su defensor. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. Que también podrá reconocerse una persona por fotografía, legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del Defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano, o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la Policía y está disponible para participar en la diligencia. Así, de la audiencia inicial de tres de agosto de dos mil veintitrés, se desprende que para la formulación de imputación, el agente investigador refirió como datos de prueba dos diligencias de identificación por fotografía del hoy quejoso, realizada por un diverso agente llamado Ángel Azael Luna Delgado (minuto 14:20). De manera que, dichos datos de prueba se obtuvieron al margen de las formalidades legales, esto es, no fue desahogada por el Ministerio Público, quien acorde con el tercer acápite del numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es quien debe llevar a cabo dicho reconocimiento; circunstancia que incluso, fue aceptada en la resolución que se analiza, pues como se pudo advertir de la multicitada audiencia de formulación de imputación, fueron varios agentes los que intervinieron en la investigación. Asimismo, las imágenes fotográficas en las que se identifica al aquí quejoso, no fueron obtenidas de manera legal, en virtud de que el agente investigador de referencia, no dejó patente la fuente de donde fueron extraídas, aunado a que sólo se tiene el dato de que le mostraron a las víctimas cinco placas fotográficas, según su dicho. Además, se advierte que el imputado hoy quejoso, ya se encontraba recluído por diversa causa, por lo que la juez responsable debió pronunciarse en cuanto a si el imputado se encontraba disponible para participar en la citada diligencia de reconocimiento de fotografía, tal como lo dispone numeral 279 de la legislación nacional penal aplicable. De ahí que, el propósito de esas disposiciones normativas, no se alcanza si quien realizó esa diligencia fue un policía de investigación y no un agente del Ministerio Público distinto al encargado de llevar a cabo la investigación, virtud de la trascendencia de dicho acto y por ser el representante social un órgano técnico especializado en derecho. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro y texto dicen: "IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POSIBLEMENTE INVOLUCRADAS EN HECHOS DELICTIVOS. REQUISITOS PARA QUE LA EXHIBICIÓN DE SUS FOTOGRAFÍAS SE ESTIME CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE EN LOS CASOS DE TESTIGOS PROTEGIDOS. El hecho de mostrar a los testigos fotografías de personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos será constitucional siempre que, como lo ha establecido este Alto Tribunal -sin distinción tratándose de testigos protegidos-, la toma de fotografías cumpla con las formalidades dentro de la averiguación previa por el Ministerio Público y no se induzca de forma alguna a las terceras personas a reconocer a alguien, lo cual puede darse si la muestra de una fotografía se hace de forma aislada, es decir, si se muestra únicamente una fotografía y no se hace junto con un grupo de otras." Así como la Jurisprudencia IX.P. J/1 P (11a.) del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, de siguiente epígrafe: "RECONOCIMIENTO DE PERSONAS POR FOTOGRAFÍA. COMO ACTO DE INVESTIGACIÓN, SU REALIZACIÓN CORRESPONDE A UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DISTINTO DEL QUE DIRIGE LA INDAGATORIA (INTERPRETACIÓN LITERAL, SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL DEL ENUNCIADO "POR UNA AUTORIDAD MINISTERIAL DISTINTA A LA QUE DIRIGE LA INVESTIGACIÓN", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Como dato de prueba relevante para hacer probable la participación de una persona en el hecho delictivo por el cual se le vinculó a proceso, el Juez de Control se apoyó en el reconocimiento por fotografía establecido en los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque ese acto fue realizado por un policía de investigación. El Juez de Control desestimó la objeción planteada por la defensa en el sentido de que dicha diligencia debió efectuarse por una autoridad ministerial distinta del agente del Ministerio Público que dirige la investigación y, en respaldo de su decisión, se apoyó en un precedente de este mismo Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de que era legal recabar ese dato por conducto de la policía, con fundamento en el artículo 277, tercer párrafo, mencionado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, en una nueva reflexión a partir de la interpretación literal, sistemática y funcional del enunciado normativo que dispone la obligación de que dicho acto de investigación sea realizado "por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación", establecido en el tercer párrafo del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina que, por su naturaleza, procedimiento, peso probatorio y objeto, ese acto de investigación es de tal manera relevante que, si bien debe ser encomendado a una autoridad ministerial diferente de la que dirige la investigación, el propósito que esa disposición normativa persigue no se alcanza si quien lo realiza es un policía de investigación y no un agente del Ministerio Público distinto al encargado de encabezar la investigación, en virtud de la trascendencia de dicho acto y por ser el representante social un órgano técnico especializado en derecho. Justificación: A partir de una nueva reflexión sobre el tema, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en el precedente que validaba esa diligencia a pesar de que hubiese sido realizada por un policía de investigación; en su lugar, ahora sostiene que el enunciado "autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación", contenido en el tercer párrafo del artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inequívocamente se refiere a otra autoridad de igual jerarquía que preserve los principios de objetividad, profesionalismo y especialización, que se encuentran fuera del ámbito de facultades y funciones de la policía, pues su actuación, conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra bajo la conducción y mando del Ministerio Público, sobre todo si se considera que se trata de una diligencia compleja que requiere una cuidadosa selección de fotografías de fuente, condición y características idóneas que aseguren su fiabilidad y, en su realización, la garantía de que el servidor público que la conduce se encuentra cualificado para establecer y hacer constar el resultado, pues de esa manera alcanzará el rango de dato de prueba apto y suficiente en torno a la probable participación de determinada persona en el hecho considerado como delito, que eventualmente conducirá no sólo a su vinculación, sino a una posible medida cautelar de prisión preventiva. Lo cual es conforme con los artículos 20, apartado A, fracción I y 21 constitucionales, así como 127 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En el mismo tenor, se realiza la precisión de que, el hecho de haberse realizado un reconocimiento de persona por fotografía al margen de las formalidades legales, no alcanza la metáfora del "fruto del árbol envenenado", pues no constituye una prueba contaminada que pudiera extender sus efectos viciosos a otros datos, sino que resulta imperfecta al no cumplir las formas procesales previstas en los normativos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, su trascendencia sobre diversos datos, amerita un escrutinio dependiendo de sus particularidades. Consecuentemente, al resultar imperfecto el aludido dato de prueba, no puede ser considerado para resolver la situación jurídica del imputado (vinculación a proceso), por lo cual, procede conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso. Las circunstancias precedentes y los efectos de la protección constitucional que líneas subsecuentes se dejarán patentes, imposibilitan a este Juzgador de amparo examinar los aspectos de fondo del auto de vinculación a proceso pronunciado el tres de agosto de dos mil veintitrés dictado en el proceso penal 860/2022 del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora. VI. Efectos del fallo protector De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV y diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que el Juez de Control responsable, se ciña a lo siguiente: Deje insubsistente las determinaciones pronunciadas en la audiencia inicial desahogada el tres de agosto de dos mil veintitrés -auto de vinculación a proceso y medida cautelar impuesta-; Emita otra resolución en la cual, al establecer la situación jurídica del imputado observe lo considerado en esta determinación. Acatamiento del fallo protector que debe acontecer una vez que cause ejecutoria esta decisión, al tenor del último parágrafo del numeral 77 de la Ley de Amparo. Aplica por identidad de razón, el criterio XVII.1o.P.A.67 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, de siguiente rubro: "SENTENCIA DE AMPARO QUE DEJA INSUBSISTENTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO POR SUSTENTARSE EN EL RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, POR MEDIO DE UNA FOTOGRAFÍA SIN OBSERVAR LAS FORMAS LEGALES (PRUEBA IMPERFECTA). NO IMPIDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL EMITIR POSTERIORMENTE UNA DIVERSA ORDEN DE APREHENSIÓN SI EN ÉSTA ABANDONÓ DICHA DILIGENCIA." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio por el acto reclamado marcado en el inciso a) del considerando segundo, por las razones expuestas en el cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto de la autoridad responsable marcado con el inciso b) del considerando segundo, por los motivos precisados en el quinto y para los efectos señalados en el sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 30/OCTUBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año.********************Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las once horas con ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.********************Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y personalmente a las demás partes.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA TALIA RODRIGUEZ PEREZ, TALIA ESTEFANIA JAIME RODRIGUEZ Y GUADALUPE CASTELLEDA ESPINOZA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 30/OCTUBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año.********************Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las once horas con ocho minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.********************Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y personalmente a las demás partes.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, toda vez que no transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada se imponga del contenido del auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia constitucional y se fijan las once horas con dieciocho minutos del veintisiete de octubre del dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.JavierD.
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