Jose Manuel Miguel Santiago
Expediente 1716/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1716/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Moises Martinez Abrica
- Jose Manuel Miguel Santiago
- Luis Torta Arias
- Jose Manuel Miguel Santiago y Otros.
- Fanny Davila Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario Técnico Adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, en representación del Consejo de la Judicatura Federal, del Presidente, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección de Nómina, y de la Secretaria Ejecutiva de Administración, todas del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de las autoridades responsables; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señalan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial levantada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar a la autoridad "ADMINISTRADOR REGIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO" el oficio 157127, girado en los presentes autos, por los motivos que expone. Ahora bien, visto el estado procesal de autos se advierte que está transcurriendo el plazo para desahogar la prevención formulada respecto a la ampliación de la demanda en que la autoridad referida en el párrafo que precede fue señalada como responsable. En consecuencia, se reserva acordar lo conducente en relación a la razón actuarial de cuenta hasta en tanto se provea la que en derecho corresponda respecto a la admisión de dicha ampliación de la demanda. Notifíquese.
- Principal
EN SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, anexo al cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 1804/2019, de su índice. Acúsese recibo de estilo. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó, en la parte de interés, lo siguiente: "ÚNICO. Son INFUNDADOS los presentes recursos de queja interpuestos por las representaciones de la Cámara de Diputados y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las razones, fundamentos y motivos expuestos en el séptimo considerando de la presente resolución." Realícense las anotaciones respectivas. Dado que el legajo devuelto se trata de copias certificadas de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se ordena su destrucción a efecto de evitar el duplicado innecesario de constancias. SE REANUDA PROCEDIMIENTO Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, este juzgado ordenó suspender el procedimiento con motivo de con motivo de los recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin embargo, dado que éstos ya han sido resueltos, se ordena reanudar el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO De la lectura integral realizada al escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa, si bien señaló a la autoridad responsable al Presidente de la República, no se advierte de manera precisa cuál es el acto que le reclama a dicha autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: a) Precise si a su interés legal conviene atribuirle al Presidente de la República como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. b) En caso de que sí señale el acto referido, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de desahogo a fin de correr el traslado correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento que se formula dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrán como actos reclamados y autoridades responsables tal y como fueron señalados en el escrito de demanda. Al respecto, cabe aclarar que tal requerimiento se efectúa de dicha manera, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene llamar a dicha autoridad y atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." SE LEVANTAN RESERVAS En otro orden, del estado procesal que guardan los autos se observa que se encuentra reservado el acuerdo de diversas promociones con motivo, tanto del impedimento planteado por el titular del juzgado de origen como de los recursos de queja antes referidos, los cuales, se advierte ya han sido resueltos; en consecuencia y ya que en párrafos anteriores se ordenó reanudar el procedimiento, se levantan las reservas precisadas y al respecto se provee: A) INFORMES JUSTIFICADOS Vistos los oficios que obran agregados en autos con números de folios 34539, 34985 y 320, del índice del juzgado auxiliado; y 12249, 12751, 14079 y 14096 del índice de esta órgano jurisdiccional, remitidos por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el Presidente, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Nómina, la Coordinación de Administración Regional y la Secretaría Ejecutiva de Administración, las últimas cinco del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, por medio de los cuales rinden su informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido dicho informe, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. B) CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN Respecto a la constancia de notificación registrada con el número de folio 218, del índice del juzgado de origen, glósese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. C) ACUSE DE IMPEDIMENTO Por otro lado, visto el oficio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que admitió el impedimento planteado en autos, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que dicho impedimento ya se ha recibido la resolución al mismo y se proveyó lo conducente. D) AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Visto el oficio que obra agregado en los presentes autos con número de folio 14082, del índice del órgano jurisdiccional de origen, a través del cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el escrito de ampliación de la demanda promovida por la aquí quejosa CUESTIÓN PREVIA El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el numeral 110 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción anterior, se desprende que la promovente de la demanda de amparo deberá exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse esa medida cautelar, así también un tanto para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular adscrito). Esta formalidad tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son: pedir los informes justificados a cada una de las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, si lo hubiere, dar la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, integrar el original y duplicado del cuaderno relativo al incidente de suspensión, si esta medida fue solicitada y proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir a la promovente que aclare la demanda en los siguientes casos: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, al igual que los anexos que la acompañan, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN Visto el escrito de ampliación de la demanda con número de folio 9685, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se advierte que la parte quejosa en el apartado actos reclamados y de autoridades responsables señala como autoridad ordenadora y ejecutora, a la siguiente: h) Fiscal General de la República Asimismo, señala como autoridades ejecutoras a las siguientes: i) Consejo de la Judicatura Federal. j) Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. k) Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. l) Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal. m) Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal. n) Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y; o) Jefe del Servicio de Administración Tributaria En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: a) Deberá precisar de manera clara los actos reclamados que atribuye a cada una de las señaladas como autoridades responsables ejecutoras Consejo de la Judicatura Federal; Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal; Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal; Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal; Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y; Jefe del Servicio de Administración Tributaria, dado que si bien refiere a las mismas como autoridades ejecutoras, la forma en que lo plantea en el capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda no resulta clara, precisa ni directa. b) Manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a que órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo, y deberá indicar el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. c) Deberá precisar de manera clara el acto reclamado que le atribuye a la señalada como autoridad en su carácter de ordenadora y ejecutora respecto al Fiscal General de la República, dado que la forma en que lo plantea en el capítulo correspondiente del escrito de la demanda de amparo de cuenta no lo hace de manera clara, precisa ni directa. d) Deberá adjuntar copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las autoridades que señale como responsables en términos de la presente prevención, agregarlas a los incidentes de suspensión respectivos y la del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular adscrito). e) Precise en qué consisten los actos de aplicación que atribuye a las autoridades responsables y la fecha en que éstos tuvieron efectos sobre su esfera jurídica. Se apercibe al promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias de los escritos aclaratorios necesarios para correr traslado, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo de la presente prevención debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 1716/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, anexo al cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 1804/2019, de su índice. Acúsese recibo de estilo. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó, en la parte de interés, lo siguiente: "ÚNICO. Son INFUNDADOS los presentes recursos de queja interpuestos por las representaciones de la Cámara de Diputados y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las razones, fundamentos y motivos expuestos en el séptimo considerando de la presente resolución." Realícense las anotaciones respectivas. Dado que el legajo devuelto se trata de copias certificadas de las constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se ordena su destrucción a efecto de evitar el duplicado innecesario de constancias. SE REANUDA PROCEDIMIENTO Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, este juzgado ordenó suspender el procedimiento con motivo de con motivo de los recursos de queja interpuestos por las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin embargo, dado que éstos ya han sido resueltos, se ordena reanudar el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO De la lectura integral realizada al escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa, si bien señaló a la autoridad responsable al Presidente de la República, no se advierte de manera precisa cuál es el acto que le reclama a dicha autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: a) Precise si a su interés legal conviene atribuirle al Presidente de la República como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. b) En caso de que sí señale el acto referido, deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de desahogo a fin de correr el traslado correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento que se formula dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrán como actos reclamados y autoridades responsables tal y como fueron señalados en el escrito de demanda. Al respecto, cabe aclarar que tal requerimiento se efectúa de dicha manera, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene llamar a dicha autoridad y atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." SE LEVANTAN RESERVAS En otro orden, del estado procesal que guardan los autos se observa que se encuentra reservado el acuerdo de diversas promociones con motivo, tanto del impedimento planteado por el titular del juzgado de origen como de los recursos de queja antes referidos, los cuales, se advierte ya han sido resueltos; en consecuencia y ya que en párrafos anteriores se ordenó reanudar el procedimiento, se levantan las reservas precisadas y al respecto se provee: A) INFORMES JUSTIFICADOS Vistos los oficios que obran agregados en autos con números de folios 34539, 34985 y 320, del índice del juzgado auxiliado; y 12249, 12751, 14079 y 14096 del índice de esta órgano jurisdiccional, remitidos por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el Presidente, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Nómina, la Coordinación de Administración Regional y la Secretaría Ejecutiva de Administración, las últimas cinco del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, por medio de los cuales rinden su informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido dicho informe, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. B) CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN Respecto a la constancia de notificación registrada con el número de folio 218, del índice del juzgado de origen, glósese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. C) ACUSE DE IMPEDIMENTO Por otro lado, visto el oficio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que admitió el impedimento planteado en autos, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que dicho impedimento ya se ha recibido la resolución al mismo y se proveyó lo conducente. D) AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA Visto el oficio que obra agregado en los presentes autos con número de folio 14082, del índice del órgano jurisdiccional de origen, a través del cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el escrito de ampliación de la demanda promovida por la aquí quejosa CUESTIÓN PREVIA El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Asimismo, el numeral 110 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio." De la transcripción anterior, se desprende que la promovente de la demanda de amparo deberá exhibir copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse esa medida cautelar, así también un tanto para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular adscrito). Esta formalidad tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo, como son: pedir los informes justificados a cada una de las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, si lo hubiere, dar la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, integrar el original y duplicado del cuaderno relativo al incidente de suspensión, si esta medida fue solicitada y proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por otro lado, en términos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir a la promovente que aclare la demanda en los siguientes casos: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, al igual que los anexos que la acompañan, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN Visto el escrito de ampliación de la demanda con número de folio 9685, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se advierte que la parte quejosa en el apartado actos reclamados y de autoridades responsables señala como autoridad ordenadora y ejecutora, a la siguiente: h) Fiscal General de la República Asimismo, señala como autoridades ejecutoras a las siguientes: i) Consejo de la Judicatura Federal. j) Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. k) Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. l) Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal. m) Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal. n) Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y; o) Jefe del Servicio de Administración Tributaria En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracción II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: a) Deberá precisar de manera clara los actos reclamados que atribuye a cada una de las señaladas como autoridades responsables ejecutoras Consejo de la Judicatura Federal; Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal; Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal; Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal; Delegado Regional de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y; Jefe del Servicio de Administración Tributaria, dado que si bien refiere a las mismas como autoridades ejecutoras, la forma en que lo plantea en el capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda no resulta clara, precisa ni directa. b) Manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a que órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo, y deberá indicar el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. c) Deberá precisar de manera clara el acto reclamado que le atribuye a la señalada como autoridad en su carácter de ordenadora y ejecutora respecto al Fiscal General de la República, dado que la forma en que lo plantea en el capítulo correspondiente del escrito de la demanda de amparo de cuenta no lo hace de manera clara, precisa ni directa. d) Deberá adjuntar copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las autoridades que señale como responsables en términos de la presente prevención, agregarlas a los incidentes de suspensión respectivos y la del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (hoy Fiscal Ejecutivo Titular adscrito). e) Precise en qué consisten los actos de aplicación que atribuye a las autoridades responsables y la fecha en que éstos tuvieron efectos sobre su esfera jurídica. Se apercibe al promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias de los escritos aclaratorios necesarios para correr traslado, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo de la presente prevención debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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