Jose Manuel Mayoral Hernández
Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Manuel Mayoral Hernández
- Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Secretario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 712/2020-IX, en un tomo y una copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 1/2022. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes y se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Queda sin materia el incidente de inejecución de sentencia." Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. De lo resuelto por el tribunal revisor, conviene destacar lo siguiente: "18. De la revisión que se hace a las constancias que integran el expediente de amparo, se obtiene que, tal y como lo resolvió el ente juzgador, está probado que la parte quejosa dejó de ser elemento de la Policía Federal en la posibilidad de integrar la Guardia Nacional, esto es, dejó de pertenecer por mutuo acuerdo con la responsable a la categoría para la cual se determinó revisar las evaluaciones y, por ello, existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora, dado que al dejar de pertenecer a esa categoría bajo su propio consentimiento, el acto reclamado ya no le afecta. 19. Se sostiene lo anterior, toda vez que mediante oficio SSPC/UGAJT/DGCPC/03266/2021 signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, se remitió copia certificada, completa y legible del acuerdo de conclusión celebrado entre la parte quejosa y la otrora Policía Federal, del que se observan las constancias siguientes: 21. Esos hechos son suficientes para estimar que la parte quejosa ya no pertenece por consentimiento propio a la categoría conformada por los elementos de la Policía Federal que integrarían la Guardia Nacional, de manera que es intrascendente que se obligue a la autoridad responsable a fundar y motivar el oficio por el cual había causado baja de dicha corporación y, por tanto, también resulta innecesario recabar las evaluaciones que no aprobó José Manuel Mayoral Hernández, por lo cual existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora, dado que resulta notorio y manifiesto la existencia de un convenio entre las partes como parte de la renuncia expresa de la parte quejosa al resultar conveniente a sus intereses. 22. De tal forma, las autoridades obligadas a dar cumplimiento acreditaron que la ejecutoria no puede cumplirse debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, en virtud de que hubo un cambio de situación jurídica respecto de la que existía al momento en que se presentó la demanda de amparo y se otorgó el fallo protector, 24. Tampoco es el caso de solicitar u ordenar la apertura del incidente de cumplimiento sustituto ante la imposibilidad de cumplir el fallo protector, ya que no en todos los casos en que se presente una imposibilidad de ese tipo se debe tramitar aquel incidente. En efecto, el máximo tribunal del país ha establecido que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo es improcedente cuando existe imposibilidad de restituir a la parte quejosa en los derechos objeto del acto reclamado, como acontece en la especie, dadas las consideraciones que quedaron establecidas en la presente ejecutoria. 25. En ese tenor la determinación de cumplimiento sustituto debe fundarse en un análisis de la sentencia de amparo que corresponda estrictamente a su sentido y alcance y, por tanto, se afirma que no da lugar a abrir el incidente en comento pues se insiste que en la presente ejecutoria quedó demostrado que existe imposibilidad para restituir a la persona quejosa en los derechos objeto del acto reclamado, cuya titularidad era incierta e indefinida con anterioridad a la violación del derecho fundamental afectado por el acto reclamado, pues de lo contrario, esto es, de conceder el cumplimiento sustituto a la parte solicitante del amparo, se reconocería su derecho personal o real, y así se extendería la protección del juicio de amparo en perjuicio de la aquí parte quejosa, lo que debe verificarse a través de los medios legales conducentes (como así se realizó de las constancias que remitió la autoridad y que nuevamente aquí fueron justipreciadas) y no por virtud de una sentencia de amparo." En atención a lo resuelto por el órgano colegiado en comento, sin mayor análisis de las presentes constancias, existe una manifiesta imposibilidad material de las autoridades responsables para llevar a cabo cumplimiento a la sentencia dictada en autos, por lo que al no haber materia sobre la cual las autoridades responsables concreticen la concesión del amparo y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, e informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, quedando registrado con el número 01/2022. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación a las partes del proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se ordenó remitir los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que proceda resolver lo que en derecho corresponda respecto de la imposibilidad que existe para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, en términos del artículo 196, párrafo quinto, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, por lo que advirtiéndose que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, en consecuencia y en acatamiento a lo ordenado en el proveído citado, se remite el juicio de amparo 712/2020-IX, promovido por José Manuel Mayoral Hernández, por propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, ambos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio del cual, en atención al requerimiento de veinticuatro de noviembre del año en curso, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas, con las cuales pretende acreditar que el aquí José Manuel Mayoral Hernández causó baja por renuncia con compensación económica a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que aduce se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que obren como corresponda. Ahora bien, en atención a la imposibilidad manifestada por la autoridad oficiante para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, en primer término conviene precisar que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada el veintinueve de enero del año en curso, en la que se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] procede conceder la protección constitucional, para el efecto de que dentro del término de veinte días, contados a partir de la notificación del auto que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable, deje insubsistente el oficio SSPC/UT/1678/2020, de dos de marzo de dos mil veinte, y de considerarlo procedente, en su lugar, emita otro con plenitud de jurisdicción pero fundado y motivado, ponderando si existe una Evaluación de Control de Confianza de la Policía Federal, las ponga a la vista del quejoso para que conozca su contenido, otorgue un término al quejoso para poder impugnar dichas pruebas, y hecho lo anterior, las analice y resuelva lo conducente a la solicitud de alta del quejoso a la Guardia Nacional, atendiendo lo dispuesto en esta sentencia y determine lo que conforme a derecho proceda, sin agravar la situación jurídica del quejoso. En ese sentido, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debía: 1.- Dejar insubsistente el oficio SSPC/UT/1678/2020, de dos de marzo de dos mil veinte, y en su lugar, emitir otro con plenitud de jurisdicción pero fundado y motivado, ponderando si existe una Evaluación de Control de Confianza de la Policía Federal, y 2.- Poner lo a la vista del quejoso para que conozca su contenido y le otorgue un término para poder impugnar dichas pruebas; y, hecho lo anterior, las analice y resuelva lo conducente a la solicitud de alta del quejoso a la Guardia Nacional. En ese orden de ideas, y seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, registrado con el número de promoción 4866, el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, remitió el original del diverso oficio SSPC/UT/AATEV/315/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual la Servidora Pública en la Unidad de Transición del Área de Apoyo Técnico, Enlace y Vinculación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, manifestó la imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, toda vez que el quejoso causó baja por renuncia con compensación económica a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Derivado de la manifestación realizada por la autoridad vinculada al cumplimiento de sentencia, mediante auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, éste juzgado de distrito dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad referida, sin que el quejoso hubiere hecho manifestación alguna al respecto, no obstante encontrarse debidamente notificado de dicho auto. En consecuencia, considerando que el quejoso fue omiso en manifestarse al respecto y mediante diverso auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional requirió a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que remitiera copia simple de las constancias con las que acreditara que el quejoso causó baja por renuncia, lo cual desahoga en el oficio que se atiende, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, a saber: - Acuerdo de conclusión de servicio celebrado entre la entonces Policía Federal y el aquí quejoso José Manuel Mayoral Hernández, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. - Plantilla de Compensación Económica por Término de la Relación Laboral. - Escrito de renuncia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. - Acuse de recibido del cheque número 27895357, del cual se advierte el nombre y firma del quejoso, así como la fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte. - Copia de la credencial para votar del quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral. De lo anterior, se colige que el Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que se concedió el amparo para el efecto de que se deje insubsistente el oficio SSPC/UT/1678/2020, de dos de marzo de dos mil veinte, y en su lugar, emitir otro con plenitud de jurisdicción pero fundado y motivado, ponderando si existe una Evaluación de Control de Confianza de la Policía Federal, ponga a la vista del quejoso para que conozca su contenido y le otorgue un término para poder impugnar dichas pruebas y, hecho lo anterior, las analice y resuelva lo conducente a la solicitud de alta del quejoso a la Guardia Nacional; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que el quejoso causó baja por renuncia desde el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que resulta imposible materializar dichos efectos; en consecuencia, se DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, comuníquese a las partes la presente determinación y una vez que obren en autos las constancias de notificación de éste acuerdo, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos del artículo 196, párrafo quinto, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo. Ahora, a fin de contribuir al ahorro de recursos materiales y humanos con que cuenta éste juzgado, en pro de una protección al medio ambiente, y toda vez que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, obra el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese el cuaderno de antecedentes únicamente con el presente acuerdo, y entiéndanse glosadas las constancias relativas a las actuaciones previas a ésta fecha. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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