José Manuel Martinez Rabelo
Expediente 2690/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- José Manuel Martinez Rabelo
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de su esfera jurídica los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el tres de agosto de dos mil veinte, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que el veintitrés de marzo del presente año realizó una transferencia bancaria SPEI al impetrante valiosa por $26,644.60 (veintiséis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), la cual fue efectuada el veintitrés de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, y que ordenó la devolución de la cantidad el veinticinco de febrero de dos mil veinte, la cual se realizó mediante la transferencia bancaria precisada en el párrafo que antecede, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil diecinueve al mes de febrero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes octubre del año próximo pasado entre el mes de enero de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503 y para el mes de enero del presente año fue de 106.447, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.018602336775021. Al respecto, es pertinente mencionar que la cantidad que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa consiste en el remanente que exceda la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) por concepto de inscripción de documento público, respecto de la cantidad de $26,448.00 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho centavos moneda nacional), da como resultado el importe de $26,158.00 (veintiséis mil ciento cincuenta y ocho pesos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización (1.018602336775021), por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $26,158.00 (veintiséis mil ciento cincuenta y ocho pesos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $26,644.59 (veintiséis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $486.59 (cuatrocientos ochenta y seis pesos con cincuenta y nueve centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el proveído de cinco de noviembre del año en curso (foja 121), a través del cual se requirió a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de diez días, diera cumplimiento al fallo protector concedido en autos, sin que hasta la fecha haya dado acatamiento con el mismo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 121). Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, ha sido omisa en acreditar que ya informó dentro del juicio de amparo 2500/2018 del índice de este juzgado, la presentación de la demanda laboral formulada por Milton Rodríguez Arredondo. En consecuencia, de conformidad a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, acreditar que ya informó dentro del juicio de amparo 2500/2018 del índice de este juzgado, la presentación de la demanda laboral formulada por Milton Rodríguez Arredondo, lo anterior por así haberse solicitado en la petición formulada el once de marzo del año que transcurre y que fue materia el acto reclamado. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta determinación, atribuido al Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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