José Manuel Martínez Hernández
Expediente 1463/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1463/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Manuel Martínez Hernández
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al quejoso ***********, interponiendo recurso de queja contra el proveído del quince de noviembre de este año; en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito esa interposición para que en el plazo de tres días señale las constancias que deberán remitirse al órgano colegiado que tenga que resolver ese medio de impugnación. Una vez transcurrido el plazo que se concede, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por derecho propio, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Tlalnepantla de Baz; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1463/2023-III. En este asunto la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo del ******************** dictado por la Presidenta responsable en el juicio laboral ********************, en la que se le negó la solicitud de trabar formal embargo respecto del domicilio ubicado en ********************. En consecuencia, es procedente desechar la presente demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos: Ahora, respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en la fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal: c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. De dicho precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Tlalnepantla de Baz. Respecto al inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, pueden ser recurridas mediante el recurso de revisión, por lo que la resolución de ******************** dictado por en el juicio laboral ********************, en la que se le negó la solicitud de trabar formal embargo respecto del domicilio ubicado en ********************, que fue emitida por la mencionada Presidenta, es procedente mediante dicho medio de impugnación, el cual se encuentra establecido el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso concreto, al haberse iniciado el juicio natural, previo a la reforma de la ley en cita, publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Con relación al inciso c), también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso de revisión debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Ahora, se encuentra solventado el requisito mencionado en el inciso d), habida cuenta que con la resolución o auto que se dicte, se ordenará revocar o no la resolución recurrida. Sin que en el caso exista excepción al principio de definitividad, dado que el auto reclamado no implica un peligro de privación de la libertad, deportación o destierro ni se trata de los actos referidos en el artículo 22 de la Carta Magna; y por otro lado, la promovente del amparo es parte dentro en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, lo que determina que al tener intervención en el juicio natural, está en aptitud de recurrir del acto combatido anteriormente identificado, interponiendo en su contra el medio de defensa correspondiente. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, en consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia de trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, página 350, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En esa tesitura, se afirma que se actualiza la causa de improcedencia citada, porque la quejosa no agotó el principio de definitividad, previo a acudir al presente juicio de amparo, no obstante que es obligación de las partes -salvo las excepciones que la propia ley establece, las que no se actualizan en el caso-, agotar los medios ordinarios de defensa previo a la promoción del juicio de amparo, pues este último únicamente procede, por regla general, contra actos definitivos. Se sostiene que la quejosa no agotó el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo, porque omitió interponer revisión de actos de ejecución prevista en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de ejecución del laudo de donde deriva el acto reclamado, el cual es el medio ordinario de defensa procedente contra la resolución de ******************** dictada en el juicio laboral de origen, en la que la presidenta de la junta negó la solicitud de trabar formal embargo respecto del domicilio ubicado en ********************. En efecto, contra dicho acto procede la revisión, conforme a lo establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de ejecución del laudo de donde deriva lo reclamado, que establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Dicho precepto establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos emitidos por los presidentes de las juntas, en los supuestos de ejecución de los laudos. De ahí que, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los artículos 617 y 618 de la referida ley obrera, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Esta determinación se sustenta en la jurisprudencia 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, de rubro y texto: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, como se adelantó, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es procedente desechar de plano la demanda de amparo. Se tienen las listas para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, dado que el indica se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Por única ocasión notifíquese la presente determinación. Se tienen por autorizada a la profesionista que menciona en su escrito de demanda, en los términos que refiere, para el caso de ser en amplios términos deberá contar con el registro correspondiente. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta de este expediente. Se tiene al quejoso oponiéndose a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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