José Manuel Márquez Sereno
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Manuel Márquez Sereno
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la actuaria adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que comunica el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente Q.A. 49/2022, del índice del órgano colegiado en mención mediante el cual informa que ordenó remitir al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el recurso de queja de mérito, por conocimiento previo del asunto, de lo que este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 7899/2022 del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Sonora, con Hermosillo, mediante el cual transcribe el acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en los autos principales del juicio de amparo 295/2022 de su índice, en el cual en la parte que interesa, refiere lo siguiente: "se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables suspendan inmediatamente cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional (marcas, azotes, palos y tormentos de cualquier especie), y asimismo para el efecto de que les brinden la atención medica que requieran, y en su caso les proporciones los medicamentos que le sean prescritos." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, vía informe, en atención a las suspensiones de plano decretada por el homólogo federal oficiante; y dígasele que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa con relación a los actos de los que pueda ser objeto el quejoso en el interior del centro preventivo en que se encuentra recluido, así como de los demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, toda vez que esta autoridad Federal no ha emitido acto alguno en los términos apuntados. De lo anterior, se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 3642/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1198/2020, en un tomo, así como el testimonio de la resolución dictada el diez de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión R.A. 140/2021, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a LUIS MANUEL MUÑOZ NAVARRO y MAXIMINA MARTÍNEZ GUADARRAMA, por propio derecho y en representación de su menor nieto de iniciales E.M.M., así como a BETZABÉ ROCHA MARTÍNEZ (sic), por propio derecho, contra la omisión de integrar el expediente y elaborar el proyecto de dictamen correspondiente de compensación subsidiaria de reparación del daño, atribuida al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la omisión de emitir la resolución definitiva en el expediente respectivo atribuida al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.". Acúsese recibo de estilo al tribunal oficiante por así solicitarlo; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: "(.)se concede el amparo a Luis Manuel Muñoz Navarro, Maximina Martínez Guadarrama y Betzabé Rocha Martínez, para el efecto de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del Comité Interdisciplinario Evaluador, integre inmediata y debidamente el expediente CEAV/CIE/172/2020, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y su reglamento; y formule un proyecto de dictamen debidamente fundado y motivado. Asimismo, para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante el Pleno, emita la resolución definitiva en el expediente de mérito, una vez que se encuentre debidamente integrado. En el entendido de que las actuaciones referidas deben hacerse, en conjunto, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, pues este juzgador estima que es un plazo prudente para que se termine de integrar el expediente y se pueda emitir la determinación correspondiente, si se toma en consideración que desde que se presentaron las solicitudes de acceso a los recursos del Fondo a la fecha ya se han ordenado diversas diligencias. Con la precisión de que el plazo otorgado puede prorrogarse, siempre que la autoridad responsable justifique y acredite la necesidad de dicha prórroga, además de que los requerimientos que formule a diversas autoridades y organismos para el cumplimiento se realicen con la fijación de un plazo, o bien, se insista para procurar su desahogo cuando exista dilación.". En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a través del Comité Interdisciplinario Evaluador autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de seis días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también a la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su carácter de superior jerárquico, de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de seis días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero y 194, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa Verónica Martínez Zaragoza, por el que realiza diversas manifestaciones respecto de la atención médica que se le proporcionó por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión definitiva, a saber: Hospital de Ginecopediatría 3ª D.F. Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entre otras cuestiones, señala que su seguimiento debe ser monitoreado por un hospital de tercer nivel, es decir, en el Centro Médico Nacional La Raza. Ahora bien, a fin de dar total cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos y vista la incidencia relativa, misma que se consideró fundada, ya que a la quejosa no se le ha proporcionado el servicio de salud que requiere, específicamente otorgarle el tratamiento necesario, citas médicas y cualquier otro acto relacionado con el padecimiento oncológico que refiere. Por lo anterior, tomando en consideración sus manifestaciones, y a fin de procurar una mayor efectividad de la suspensión aquí concedida se estima pertinente requerir el cumplimiento de la medida antes ordenada al Director del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien tiene facultades para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa; ello con independencia de que no haya sido señalada como responsable. Lo anterior, deberá informarlo del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 209 de la Ley de Amparo; haciéndole de su conocimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la citada ley, que dice: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]" Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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