José Manuel Marentes Soto

Expediente 1485/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1485/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
23/06/2017

Partes del expediente

  • Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California
  • José Manuel Marentes Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN. SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA....

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el oficio remitido por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y anexo consistente en copia certificada del expediente E-028/CSPC/2016, del índice de la autoridad remitente, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (foja 32); por tanto, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y atención a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, a efecto que manifiesten lo que a su interés legal convenga.Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la cual se advierte que a la fedataria judicial no le fue posible entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable que en ella cita, por el motivo que expone; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso-fojas 13 a 15-, y se tiene a la referida responsable como inexistente para los efectos de este asunto, salvo prueba en contrario o que el quejoso José Manuel Marentes Soto, corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que al promovente de amparo es a quien le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto, mientras tanto, suspéndase toda comunicación con ella. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1485/2016, promovido por José Manuel Marentes Soto, por su propio derecho, contra actos del Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de otra autoridad. Resultando I. Por escrito recibido en este juzgado de distrito, José Manuel Marentes Soto, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de otra autoridad que hizo consistir en: "IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. De La Autoridad: Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California La El (sic) contenido y consecuencias jurídicas y materiales del contenido del acuerdo de fecha 05 de Septiembre de 2016, dictado dentro del procedimiento de separación definitiva, instaurado en contra del suscrito por la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California El apercibimiento consistente en la privación de la libertad del suscrito, imponiéndome 10 horas de arresto en caso de comparecer sin abogado a la audiencia señalada para el día 03 de octubre de 2016. De La Autoridad: Dirección General de Policía y Tránsito Municipal y Subdirector Adminsitrativo de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de (sic) Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California La orden, ejecución y/o inminente ejecución de arresto en contra del suscrito, ordenado por las autoridades señaladas como ordenadoras." Por considerarlos violatorios del artículo 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitaron los informes previos y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. Es cierto el acto reclamado al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, lo que hace prueba plena de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La diversa autoridad Directora General de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Baja California, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, resulta procedente desvirtuar dicha negativa, toda vez que al tener el carácter de autoridad ejecutora, y al haber admitido los actos que se reclaman a la autoridad responsable ordenadora, en cualquier momento puede recibir la orden para ejecutar el acto que se le atribuye. Tercero. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables, entre otros actos, la orden de arresto dictada en su contra y su ejecución; por tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de arresto emitida en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por la autoridad responsable; lo anterior, dado que la ejecución de dicha medida de aseguramiento podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J. 75/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 18, agosto de 2000, tomo XII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento." Medida suspensional que se decreta, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente; debiendo puntualizar que esta medida cautelar no paraliza el procedimiento, toda vez que su continuidad es de orden público y por tanto insuspendible; lo anterior, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y sin que en el caso se le den efectos restitutorios Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144, de la Ley de Amparo vigente, se; R e s u e l v e Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Manuel Marentes Soto, por su propio derecho contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por las razones ahí expuestas.

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