José Manuel Lugo Álvarez

Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
451/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Lugo Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en Xalapa, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en los autos los autos originales del toca 854/2022, de su índice, así como un disco versátil digital que contiene las audiencias celebradas en el proceso penal 110/2022 del índice del Juzgado de Control de Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Dado que se tratan de los autos originales del toca 854/2022, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica; regístrese el disco de mérito en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por********************, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia constatada del proceso penal 110/2022, de su índice, así como un disco versátil digital que dice contener las audiencias celebradas en dicho asunto; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Regístrese el disco de mérito en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, se advierte que el delito que se le imputa al aquí quejoso es el de incumplimiento de la obligación de dar alimentos cometido en agravio de una menor de edad identificada con el número 374/2021-A, cuya identidad se encuentra resguardada con apego al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representada por Marina Vianey Pérez Ríos. Recapitulando lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión que le resulta el carácter de tercera interesada a Marina Vianey Pérez Ríos, en representación de la menor de identidad reservada identificada con el número 374/2021-A. Ahora bien, toda vez que de las constancias del citado proceso penal, se advierte que dicha parte señaló como domicilio procesal el ubicado en calle Concha Nácar, entre Lindero y Tlacotalpan, colonia Agustín Lara, en esta ciudad; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que la emplace al presente juicio en el domicilio de mérito, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, impresión electrónica con evidencias criptográficas del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, a fin de que pueda comparecer a este procedimiento, si a su interés conviene. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio que se trata, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que la tercera interesada puede ser encontrada en otro lugar distinto ubicado en esta misma ciudad, se constituya de inmediato en ese domicilio a fin de que practique la diligencia encomendada, debiendo asentar la razón correspondiente. Finalmente, tomando en consideración que del informe justificado rendido por el juzgador responsable, se advierte que la Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, niñas y niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad, fue quien realizó la imputación directa al hoy quejoso José Manuel Lugo Álvarez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le tiene como tercera interesada. En esas condiciones, gíresele atento oficio que deberá estar acompañado de una copia de la demanda de amparo y de una impresión electrónica con evidencias criptográficas del auto admisorio, para el único efecto de que si a su interés legal conviene, formule alegaciones por escrito en relación con los actos reclamados, en la inteligencia que al no tener calidad de responsable no tiene que rendir algún tipo de informe. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2002386 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 87/2012 (10a.) Página: 464 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 155, último párrafo y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la omisión de notificar al Ministerio Público que actúe en el proceso penal sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que pueda formular alegatos por escrito, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, motivo por el cual ante esa circunstancia procede que la autoridad revisora ordene la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el Ministerio Público de referencia fue incorporado a la sustanciación del juicio de garantías, con la finalidad de garantizar su intervención, en vista de que dicha institución es la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene, es decir, se integró sólo en la fase de tramitación de la audiencia constitucional, con derecho a ser oída en el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", que capture a la mencionada fiscal como tercera interesada, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; emplácese a la tercera interesada; y por oficio a la fiscal tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (citatorio) emplazamiento por lista a la parte tercera interesada Marina ... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 451/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la ley de la materia y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; con copia del escrito de demanda y por separado, tramítese el incidente de suspensión, sin necesidad de formar duplicado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se leS impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Con independencia a lo anterior, se significa a las autoridades responsables que cualquier comunicación que se remita a este órgano jurisdiccional deberá ser mediante oficio y no por correo electrónico, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, pues es menester que la comunicación oficial conste por escrito y contenga una firma que demuestre la voluntad de su signatario, que puede ser firma autógrafa o firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además de que el artículo 26 de la ley de la materia, establece específicamente que las notificaciones en los juicios de amparo, se harán de forma: personal, por oficio, por lista y por vía electrónica. Sin que obste que los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establecen que las partes pueden proporcionar correos electrónicos a fin de agregarse al sumario como información de contacto; empero, únicamente es con la finalidad de que los actuarios puedan entablar comunicación no procesal a fin de acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia; sin embargo, no sustituye las formas de notificación expresamente señaladas por la ley de la materia. De ahí que, se les instruye para que se abstengan de enviar correos electrónicos relacionados con el presente asunto, en virtud de que cualquier comunicación remitida por esa vía, no se tendrá por presentada y se hará efectivo el apercibimiento, que en su caso, se hubiese decretado. Asimismo, cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024510 Instancia: Pleno Época: Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro: 12, Abril de 2022 Tomo: I Página: 12 Tipo: Jurisprudencia PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, tercer párrafo, inciso e), de la Ley de Amparo, mediante oficio y con copia simple de la demanda, notifíquese al Fiscal adscrito a la Sala señalada como responsable, la presentación de la demanda de amparo, toda vez que le reviste el carácter de tercero interesado y no fue señalado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por lo que se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que lo capture como tercero interesado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. TERCERO INTERESADO El quejoso señala como tercero interesado a ********************, de ahí que, atendiendo a la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2010, en sesión de veintitrés de marzo de dos mil once, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN.", es que se considera que el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de amparo con el carácter de tercero interesado, y en su caso, llevar a cabo el llamamiento. Sin embargo, resérvese proveer lo conducente sobre el llamamiento de la parte tercera interesada, una vez que sea allegado el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora de donde se pueda advertir su domicilio a fin de emplazarlos a la presente instancia judicial e integrar debidamente la litis. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe...Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia constatada del proceso penal 110/2022, de su índice, así como un disco versátil digital que dice contener las audiencias celebradas en dicho asunto; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Regístrese el disco de mérito en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, se advierte que el delito que se le imputa al aquí quejoso es el de incumplimiento de la obligación de dar alimentos cometido en agravio de una menor de edad identificada con el número 374/2021-A, cuya identidad se encuentra resguardada con apego al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representada por Marina Vianey Pérez Ríos. Recapitulando lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión que le resulta el carácter de tercera interesada a Marina Vianey Pérez Ríos, en representación de la menor de identidad reservada identificada con el número 374/2021-A. Ahora bien, toda vez que de las constancias del citado proceso penal, se advierte que dicha parte señaló como domicilio procesal el ubicado en calle Concha Nácar, entre Lindero y Tlacotalpan, colonia Agustín Lara, en esta ciudad; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que la emplace al presente juicio en el domicilio de mérito, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, impresión electrónica con evidencias criptográficas del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, a fin de que pueda comparecer a este procedimiento, si a su interés conviene. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio que se trata, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que la tercera interesada puede ser encontrada en otro lugar distinto ubicado en esta misma ciudad, se constituya de inmediato en ese domicilio a fin de que practique la diligencia encomendada, debiendo asentar la razón correspondiente. Finalmente, tomando en consideración que del informe justificado rendido por el juzgador responsable, se advierte que la Fiscal Tercera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, niñas y niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad, fue quien realizó la imputación directa al hoy quejoso José Manuel Lugo Álvarez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le tiene como tercera interesada. En esas condiciones, gíresele atento oficio que deberá estar acompañado de una copia de la demanda de amparo y de una impresión electrónica con evidencias criptográficas del auto admisorio, para el único efecto de que si a su interés legal conviene, formule alegaciones por escrito en relación con los actos reclamados, en la inteligencia que al no tener calidad de responsable no tiene que rendir algún tipo de informe. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2002386 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 87/2012 (10a.) Página: 464 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 155, último párrafo y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la omisión de notificar al Ministerio Público que actúe en el proceso penal sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que pueda formular alegatos por escrito, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, motivo por el cual ante esa circunstancia procede que la autoridad revisora ordene la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el Ministerio Público de referencia fue incorporado a la sustanciación del juicio de garantías, con la finalidad de garantizar su intervención, en vista de que dicha institución es la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene, es decir, se integró sólo en la fase de tramitación de la audiencia constitucional, con derecho a ser oída en el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", que capture a la mencionada fiscal como tercera interesada, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; emplácese a la tercera interesada; y por oficio a la fiscal tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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