José Manuel Loya Albarrán
Expediente 919/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Manuel Loya Albarrán
Actuaciones
- Principal
...CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...m-iii
- Principal
Notifíquese personalmente... m-III
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el auto/resolución de DOCE de NOVIEMBRE de 2020, en el/la que se determinó:...Vista la demanda promovida por José Manuel Loya Albarrán, contra un acto del Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 919/2020-III-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla... De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107, este último aplicado contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación sistemática de los preceptos normativos transcritos se obtiene la regla de procedencia del amparo indirecto respecto de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido. Además, en lo que aquí interesa, estatuye que en el procedimiento de remate sólo podrá promoverse el juicio constitucional contra la última resolución, pudiéndose reclamar hasta ese momento las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; lo cual implica que no se puede entorpecer la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada. Por tanto, es posible que las violaciones cometidas durante éste se puedan analizar cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción constitucional y por ello se dejó sin defensa al quejoso, se deberá reponer el procedimiento a partir de tal violación; pero, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, lo cual equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento dilatorio de la administración de justicia. Luego, a fin de poder precisar el alcance de la hipótesis de procedencia en comento, se considera pertinente acudir a la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de claridad y certeza, precisó que la última resolución del procedimiento de remate, puede ser: a) La que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; o bien, b) La entrega de bienes rematados. El referido criterio jurisprudencial es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, y es del tenor siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así, son únicamente las actuaciones judiciales antes señaladas las que permiten la procedencia del juicio de amparo biinstancial; por lo que de no reclamarse alguna de ellas, se tornaría improcedente. En el caso particular, el accionante del amparo, José Manuel Loya Albarrán, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes de acto reclamado, que en el juicio de origen ya se dictó sentencia, misma que se encuentra totalmente ejecutoriada. El quejoso refiere haber presentado una promoción ante la responsable solicitando se proceda al remate del bien embargado; en esa virtud, medularmente se duele de la contestación otorgada; es decir, de auto de dieciséis de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1597/2013, del índice de la responsable, mismo en el que el Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, determinó remitirlo al diverso de trece de enero del año en curso, proveído en el que le reseñó que como el juicio de donde emana el acto reclamado es del año dos mil trece, será menester aplicar el Código de Comercio que se encontraba en vigor en esa época, situación por la que el accionante del amparo aduce se le origina un perjuicio pues refiere que durante la tramitación del asunto, se había venido aplicando el Código de Comercio vigente; de lo anterior, se advierte no constituye la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento (remate), dado que la última resolución en el procedimiento de referencia será aquella que, indistintamente, en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de la posesión del bien rematado; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De lo expuesto, se evidencia que lo reclamado no es susceptible de impugnarse de inmediato en el juicio de amparo, pues no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, ya que la determinación dictada por el juez señalado como responsable sólo es un acto con el que inicia el procedimiento y no es aquella en la que se ordena la escrituración o la entrega de los bienes. Por tanto, al tener el acto reclamado la naturaleza de una actuación dentro del procedimiento de remate, el quejoso tiene expedito su derecho para, en su caso, promover contra la última resolución del mismo, donde podrá hacer valer todas las violaciones que se hubiesen cometido en el auto que ahora pretende combatir. De modo que al no existir resolución que en definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien inmueble rematado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo; de ahí que procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por José Manuel Loya Albarrán. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en edificio Cedro, departamento 6, conjunto Hacienda la Concepción, fraccionamiento Pachoacan, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Ismael Juárez Ángeles, Hugo Alberto Falcón Porras y Gabino Azpeitia Cruz, por así haberlo solicitado expresamente en el escrito que se atiende; sin que haya lugar a tener al quejoso como autorizado, dado que es el titular de la acción constitucional que ejercita. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...III
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