Jose Manuel Lorenzo Tovia

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Jose Manuel Lorenzo Tovia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE enero DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia certificada con la que da cuenta el Secretario, relativa a las constancias que obran en el juicio de amparo 1026/2017-D del índice de este juzgado, las cuales guardan estrecha relación con el presente sumario constitucional, y al respecto se provee: De las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto de formal prisión o preventiva de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 372/2015, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Ahora bien, del informe justificado que rindió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla (fojas 37 a 54), y de las constancias con las que se da cuenta, las cuales tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se aprecia que el acto que se combate en la presente instancia constitucional, se emitió en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 1026/2017-D de la estadística de este juzgado; en la que, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, en contra del auto de formal prisión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 372/2015 del índice del referido juez responsable. Sin embargo, por acuerdo dictado el once de enero del actual, dictado en el diverso juicio de amparo, la suscrita Jueza de Distrito, se pronunció respecto al cumplimiento emitido por el juez responsable, considerando que no se cumplió con todos los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y se requirió nuevamente al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho auto, diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Por lo que, en cumplimiento al citado requerimiento, el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con fecha dieciocho de enero dos mil dieciocho, emitió una nueva resolución en la que, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 372/2015 (acto reclamado), y declaró extinta por prescripción la acción persecutoria ejercida en contra del quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, como probable responsable en la comisión del delito de Fraude Especifico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social del Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos). De lo expuesto, se advierte que el Juez de la causa, dejó sin efectos el auto de formal prisión que aquí se combate, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 1026/2017-D, del índice de este juzgado Federal. Por tanto, es evidente que, se han destruido todos los efectos en forma total e incondicional del auto de formal prisión que reclama el quejoso en esta instancia, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, actualizándose la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. En ese sentido, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes)..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia certificada con la que da cuenta el Secretario, relativa a las constancias que obran en el juicio de amparo 1026/2017-D del índice de este juzgado, las cuales guardan estrecha relación con el presente sumario constitucional, y al respecto se provee: De las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, acude a esta instancia constitucional a reclamar el auto de formal prisión o preventiva de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 372/2015, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Ahora bien, del informe justificado que rindió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla (fojas 37 a 54), y de las constancias con las que se da cuenta, las cuales tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se aprecia que el acto que se combate en la presente instancia constitucional, se emitió en cumplimiento a la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 1026/2017-D de la estadística de este juzgado; en la que, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, en contra del auto de formal prisión de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 372/2015 del índice del referido juez responsable. Sin embargo, por acuerdo dictado el once de enero del actual, dictado en el diverso juicio de amparo, la suscrita Jueza de Distrito, se pronunció respecto al cumplimiento emitido por el juez responsable, considerando que no se cumplió con todos los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y se requirió nuevamente al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho auto, diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Por lo que, en cumplimiento al citado requerimiento, el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con fecha dieciocho de enero dos mil dieciocho, emitió una nueva resolución en la que, dejó sin efectos el auto de formal prisión dictado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 372/2015 (acto reclamado), y declaró extinta por prescripción la acción persecutoria ejercida en contra del quejoso José Manuel Lorenzo Tovia, como probable responsable en la comisión del delito de Fraude Especifico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción XVII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social del Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos). De lo expuesto, se advierte que el Juez de la causa, dejó sin efectos el auto de formal prisión que aquí se combate, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 1026/2017-D, del índice de este juzgado Federal. Por tanto, es evidente que, se han destruido todos los efectos en forma total e incondicional del auto de formal prisión que reclama el quejoso en esta instancia, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, actualizándose la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. En ese sentido, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados José Luis Lorenzo Tovia y Alejandro Lorenzo Tovia, mediante auto de nueve de enero pasado, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Puebla o en esta ciudad, en virtud de que ese acuerdo les fue notificado por lista el quince de enero del actual, dicha notificación surtió efectos el dieciséis siguiente, y transcurrió del diecisiete al diecinueve de enero del presente año, sin que los antes citados hayan presentado promoción al respecto. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizarle todas las notificaciones por lista de acuerdos a los terceros interesados José Luis Lorenzo Tovia y Alejandro Lorenzo Tovia, aun las de carácter personal.

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