Jose Manuel Lopez Robledo

Expediente 138/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
138/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Jose Manuel Lopez Robledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que aparece que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de fecha quince de febrero del dos mil dieciocho, dictado en este expediente; en el que se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y remítase el presente expediente al archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    SE AGREGA EL PEDIMENTO FORMULADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Titular de La Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado. Luego, de los informes justificados de cuenta, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo prevenido en acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho y al efecto aclaró que sí tuvo en sus separos a Joel Antonio López Gutiérrez, persona que en data trece de los actuales, ratificó la demanda promovida en su favor por Jerónimo de la O López, quien inicialmente proporcionó el nombre del primero, únicamente como Antonio. Ahora, del estado que guardan los autos, se tiene que el acto destacado que dio origen al trámite de este asunto, fue la detención de que fueron objeto los aquí quejosos. Reclamando simultáneamente como actos derivados la posible incomunicación, malos tratos y tortura. Entre tanto, de los informes justificados de cuenta, se desprende que con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, José Manuel López Robledo e Isabel Berenice Martínez Salazar y/o Isabel, fueron puestos en libertad; mientras que Joel Antonio López Gutiérrez y/o Antonio, también obtuvo su libertad el trece de los actuales a las diecisiete horas con diez minutos. Lo anterior está corroborado con los anexos que para tal efecto se acompañaron a los informes de ley, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. La fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.- - - Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esto es así, ya que al haberse reclamado en forma destacada la privación de la libertad de los agraviados, pero como ha quedado reseñado, estos ya obtuvieron su correspondiente libertad, por ende, la suscrita estima que en el caso se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Así, como actualmente la situación jurídica de los quejosos corresponde a la libertad que obtuvieron, ello determina la improcedencia del presente juicio de amparo en términos de la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". También da sustento a lo aquí expuesto, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades responsables, al no reclamarse por vicios propios. Se cita como apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este juicio. No se soslaya que por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se previno a Jerónimo de la O López para que aclarara los términos en que pretende ampliar su demanda, empero, en principio debe decirse que su representación ha cesado a la fecha, pues de constancias se evidencia que los directamente agraviados ratificaron el escrito de demanda promovido en su favor, sin que le hubieren designado autorización alguna para seguir actuando por ellos, al menos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, dada la causa de improcedencia aquí actualizada, a ningún fin práctico conduciría esperar al desahogo de tal prevención; siendo que si en el caso, pretende promover una demanda en favor de persona diversa, cuenta con el derecho para así efectuarlo. Pues respecto de los que aquí se promovió juicio de amparo, ha quedado de manifiesto lo improcedente del mismo, a virtud del cambio de situación jurídica antes referido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Titular de La Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado. Luego, de los informes justificados de cuenta, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo prevenido en acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho y al efecto aclaró que sí tuvo en sus separos a Joel Antonio López Gutiérrez, persona que en data trece de los actuales, ratificó la demanda promovida en su favor por Jerónimo de la O López, quien inicialmente proporcionó el nombre del primero, únicamente como Antonio. Ahora, del estado que guardan los autos, se tiene que el acto destacado que dio origen al trámite de este asunto, fue la detención de que fueron objeto los aquí quejosos. Reclamando simultáneamente como actos derivados la posible incomunicación, malos tratos y tortura. Entre tanto, de los informes justificados de cuenta, se desprende que con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, José Manuel López Robledo e Isabel Berenice Martínez Salazar y/o Isabel, fueron puestos en libertad; mientras que Joel Antonio López Gutiérrez y/o Antonio, también obtuvo su libertad el trece de los actuales a las diecisiete horas con diez minutos. Lo anterior está corroborado con los anexos que para tal efecto se acompañaron a los informes de ley, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. La fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.- - - Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esto es así, ya que al haberse reclamado en forma destacada la privación de la libertad de los agraviados, pero como ha quedado reseñado, estos ya obtuvieron su correspondiente libertad, por ende, la suscrita estima que en el caso se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Así, como actualmente la situación jurídica de los quejosos corresponde a la libertad que obtuvieron, ello determina la improcedencia del presente juicio de amparo en términos de la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". También da sustento a lo aquí expuesto, la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades responsables, al no reclamarse por vicios propios. Se cita como apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este juicio. No se soslaya que por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se previno a Jerónimo de la O López para que aclarara los términos en que pretende ampliar su demanda, empero, en principio debe decirse que su representación ha cesado a la fecha, pues de constancias se evidencia que los directamente agraviados ratificaron el escrito de demanda promovido en su favor, sin que le hubieren designado autorización alguna para seguir actuando por ellos, al menos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, dada la causa de improcedencia aquí actualizada, a ningún fin práctico conduciría esperar al desahogo de tal prevención; siendo que si en el caso, pretende promover una demanda en favor de persona diversa, cuenta con el derecho para así efectuarlo. Pues respecto de los que aquí se promovió juicio de amparo, ha quedado de manifiesto lo improcedente del mismo, a virtud del cambio de situación jurídica antes referido. Notifíquese personalmente.

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