José Manuel López Martínez

Expediente 2020/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2020/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • José Manuel López Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimento al requerimiento formulado por auto de uno de diciembre de dos mil quince, remitiendo copia certificada de lo ahí solicitado; por tanto, se tiene por satisfecho tal requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra del Tribunal en cita, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, al expediente laboral ** De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil quince, se dictó el laudo respectivo e incluso se notificó a la parte actora perosnalmente. Luego, si el peticionario de garantías reclamó la omisión por parte de la responsable en dictar el laudo correspondiente dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente del tribunal correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AVISO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA, ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimento al requerimiento formulado por auto de uno de diciembre de dos mil quince, remitiendo copia certificada de lo ahí solicitado; por tanto, se tiene por satisfecho tal requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra del Tribunal en cita, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, al expediente laboral ** De las constancias remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el veintitrés de noviembre de dos mil quince, se dictó el laudo respectivo e incluso se notificó a la parte actora perosnalmente. Luego, si el peticionario de garantías reclamó la omisión por parte de la responsable en dictar el laudo correspondiente dentro del juicio natural, y éste ya se dictó y se notificó; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Cabe precisar que no es el caso en que se pudiera llegar a conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente asunto, para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a ejecutar el laudo dictado dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado, ya que este Juzgado Federal considera que ello no es procedente, pues si bien es cierto, corresponde a los Presidentes de los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que, el actuar de dichos funcionarios está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo que, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa, para la autoridad responsable, según lo establece el artículo 950 del código obrero. De tal manera que corresponde a ella, en su carácter de parte trabajadora dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero, para que el fallo laboral sea acatado. Máxime que el cumplimiento del laudo o convenio corresponde al presidente del tribunal correspondiente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo o convenio, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que no se le haya dado vista a la parte quejosa, en términos del artículo 111 de la ley de la materia, al efecto de que si era su deseo ampliar la demanda de garantías con la contestación de las solicitudes realizadas ante la responsable; esto es así, ya que esto sólo encaminaría a dar un trámite ocioso, pues dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Ello, en atención a que el concepto "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, contra la cual procede el amparo indirecto en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se identifica con aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento "total" de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que traería consigo que la ampliación de demanda resultara improcedente. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa". N.P.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de uno de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.

  4. Principal

    AGREGUESE A LOS AUTOS EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA...NOTIF.

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