José Manuel Jiménez Santiago

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Jiménez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrita.

  3. Principal

    ACTUARIO: SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al que anexa el acta de comparecencia del aquí quejoso José Manuel Jiménez Santiago, en la que recibe cuatro constancias de vigencia, en atención a las solicitudes 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, correspondientes al trámite SEDATU-04-051; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó. En ese tenor, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que el quejoso José Manuel Jiménez Santiago, señaló como acto reclamado lo siguiente:  La omisión de darle contestación y/o respuesta y/o entregarle certificado parcelario respecto de las solicitudes de trámite número 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Ahora, la autoridad responsable Encargada de la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: 1. Destacó que era no era cierto el acto reclamado, toda vez que las solicitudes 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, correspondientes al trámite SEDATU-04-051, relativas a la expedición de constancia de inscripción y de vigencia de derechos, presentadas por la parte quejosa, siguieron su procedimiento registral y se generaron las mismas. 2. De igual forma, en esta data acreditó la responsable que el veintiséis de los actuales, ya se le entregó a la parte quejosa la constancia original de vigencia de derechos. En ese contexto, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio contestación a las solicitudes de trámite número 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, e hizo entrega de las constancias de vigencia de derechos al aquí quejoso José Manuel Jiménez Santiago, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la parte quejosa fue que diera contestación a las solicitudes de trámite número 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, y en su caso se le expidiera la constancia de vigencia de derechos, lo que quedó acreditado en autos; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,3 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,4 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrita. Así lo proveyó la ciudadana licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien firma ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular de este Juzgado, a fin de que dentro del término de tres días, puedan manifestar lo que a sus intereses convenga, toda vez que por oficio número SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el veinte del referido mes y año, la Comisión de Adscripción, a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción de la Licenciada Daniela María León Linarte, a este Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, a partir del dieciséis de noviembre de la presente anualidad. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Encargada de la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora, la autoridad responsable en su informe refiere que no es cierto el acto reclamado, toda vez que las solicitudes 30210004943, 30210004844, 30210004845 y 30210004848, correspondientes al trámite SEDATU-04-051, relativas a la expedición de constancia de inscripción y de vigencia de derechos, presentadas por la parte quejosa, siguieron su procedimiento registral y se generaron las mismas, las cuales refiere que se ponen a disposición del quejoso José Manuel Jiménez Santiago, en el módulo de atención de trámites de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas de lunes a viernes, debiendo acatar las medidas sanitarias correspondientes; lo anterior, hágase de conocimiento de la parte quejosa, para que esté en posibilidad de apersonarse ante las oficina de la autoridad responsable. Finalmente, respecto a la causa de improcedencia que señala la autoridad responsable, provéase lo conducente al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso, por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la autoridad responsable.

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