José Manuel Jiménez Mendoza

Expediente 17/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
17/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • José Manuel Jiménez Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidos que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por **** mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de lo informado por la autoridad responsable en el sentido de que le era imposible señalar una hora y fecha más próximas para resolver el incidente de liquidación promovido dentro del contradictorio laboral de origen, en razón de que la carga de trabajo no se lo permitía, asimismo, porque que las partes del juicio natural ya habían sido debidamente notificadas de dicha data, por lo que concluyó que continuaban fijadas las diez horas con treinta minutos del veintidós de febrero del presente año, para el desahogo de la aludida audiencia. Es por lo anterior que el ocursante expresa que el tribunal laboral responsable se encuentra actuando de una manera contumaz, toda vez que considera que dicha fecha es distante y por tanto, ha dejado de observar los lineamientos indicados en el fallo protector, así como lo establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo que, en esencia, prevé que cuando la realización o práctica de un acto procesal no tenga fijado un término, éste será de tres días hábiles, por lo que solicita a este juzgado federal requiera a la responsable de mérito a fin de que señale una data más próxima donde se pronuncie en relación a la planilla de liquidación de sentencia; manifestaciones de las que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad a su solicitud, pues de autos se advierte que la petición que realiza ya le fue requerida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, quien informó el impedimento legal que tiene para señalar una fecha más próxima para que tenga verificativo la audiencia en la que se resolverá la planilla de liquidación de sentencia, esto es: Las carga de trabajo con la que cuenta el tribunal responsable. Que ya notificó a las partes la fecha programada para dicha diligencia. Entonces, si bien es cierto que, por una parte, de conformidad con el dispositivo 192 de la Ley de Amparo, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas y, por otra, que el ordinal 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, establece que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. No obstante lo anterior, la autoridad responsable citada se encuentra justificando los motivos por los que señaló dicha fecha, así como el impedimento que tiene para cambiarla, por tanto, se concluye que ésta no es contraria a derecho ni se transgrede la pronta impartición de justicia al existir una dilación procesal, o en su caso, una paralización del procedimiento, toda vez que tomando en consideración que para precisar el plazo razonable en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. En ese sentido, contrariamente a lo argumentado por el ocursante la carga de trabajo de la junta laboral sí constituye un elemento que debe tomarse en consideración al momento de determinar los plazos en que se tramiten y resuelvan los asuntos y concluir en si existe o no una dilación procesal. En efecto, los elementos que deben de ponderarse al momento de establecer el plazo razonable, son los siguientes: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En conclusión, en el caso en concreto se advierte que el tribunal laboral responsable no se encuentra actuando de manera contumaz, pues, por una parte se le requirió a fin de que cambiara la fecha propuesta por una diversa más próxima y, por otro lado, informó que no le era posible, entonces se deduce que se encuentre realizando los actos tendientes a agilizar la pronta impartición de justicia, pero atendiendo a sus cargas de trabajo.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe con justificación rendido respecto de la ampliación de demanda de amparo, por la Síndico, Tesorero y Jefe de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, Nayarit. De igual forma, con fundamento en el ordinal 9 de dicha ley, téngase a la autoridad aludida, designando delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, de conformidad con los numerales 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del arábigo 2. Finalmente, la autoridad oficiante refiere que las documentales y el ordenamiento legal impugnado por la parte quejosa, pueden ser consultados en la página oficial del Congreso del Estado de Nayarit, entonces, se tienen por formuladas dichas manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, nueve de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra actos del Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Sesenta y Uno en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 17/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se tramite incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó ni el acto reclamado se encuentra en los supuestos del precepto 127 de la Ley de Amparo para su tramitación oficiosa. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual se le remite copia fotostática simple del escrito de demanda, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las persona que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto de que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con éstas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la Ley de la Materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el impetrante de amparo, ténganse únicamente como autorizados para recibir notificaciones a su nombre a los licenciados ***, , respectivamente, toda vez que no fueron autorizados en los amplios términos que prevé el artículo 12 de la ley de la materia; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Sauces, número cuatrocientos cincuenta y dos (452), entre Pino y Jacarandas, colonia los Sauces en esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales.

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