José Manuel Hernández Ramírez

Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
915/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • José Manuel Hernández Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1 en su numeral 1, 8.1.1 numeral 2 inciso a) y 8.1.2 numeral 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de depuración, ya que se otorgó el amparo solicitado, y destruible el original del incidente, pues se negó la suspensión provisional y definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devolución de anexos Derivado de lo anterior, devuélvanse a la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, los anexos que remitió en auto de catorce de marzo de dos mil veintidós (foja 161), consistentes en: ************************************************************************************************************************ Asimismo, se le requiere para que dentro del término de tres días a partir de su recepción, acuse recibo de dichas constancias; en virtud de contener actuaciones originales. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, a la persona física que ostente el cargo de su titular, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad dentro del término legal, contra la resolución que declaró infundado el incidente de repetición del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Valoración Ahora bien, toda vez que con motivo de la tramitación del incidente de repetición del acto reclamado no se había realizado el pronunciamiento respectivo al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: 1. El quejoso José Manuel Hernández Ramírez, por propio derecho, promovió juicio de amparo donde reclamó de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 440/2021, a través de la cual quedaron intocados los resolutivos primero, tercero y cuarto de la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintiuno, en el incidente de liquidación de pensión alimenticia adeudada, derivado del expediente 280/2013; y que a su vez modificó el resolutivo segundo condenando al quejoso a pagar la cantidad de $110,907.46 (ciento diez mil novecientos siete pesos 46/100 m.n.), por concepto de pensión alimenticia a favor de sus acreedores alimentarios, correspondiente al periodo del tres de febrero del año dos mil quince al treinta de abril de dos mil veintiuno; de (2) Juez y del (3) Ejecutor adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México la ejecución de la resolución indicada en el párrafo precedente. 2. Una vez radicado el sumario constitucional, y seguido en sus etapas procesales, mediante sentencia firmada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal otorgó la protección constitucional solicitada por la peticionario del amparo, bajo los efectos siguientes: NOVENO. Efectos de la tutela constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, deberá realizar lo siguiente: A. Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado. B. Dicte otra determinación en la, reitere los pronunciamientos que se estimaron constitucionales en esta sentencia, asimismo, con libertad de jurisdicción proceda al análisis de los medios de prueba, así como del cúlmulo de todas las actuaciones que obran en autos, con la finalidad de determinar si el pequeño J.M.H.R. durante el periodo del tres de febrero al diecinueve de mayo de dos mil quince, se encontró bajo el cuidado del quejoso, y en caso de ser procedente, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, justificando razonadamente el monto de la obligación alimentaria a cargo del quejoso por todo el periodo solicitado en la planilla de pensiones vencidas. Por cuanto a las autoridades ejecutoras, deberán estarse a lo que resuelva la ordenadora en acatamiento a este fallo". 3. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, causó firmeza la sentencia de mérito y se solicitó su cumplimiento. 4. Previa petición de prórroga para el cumplimiento, a través de los oficios con folios 2411, 2788 y 2917, la Sala responsable remitió las constancias con las cuales acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen valor probatorio, se advierte que se atendió a los efectos del fallo protector, ya que la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizó lo siguiente: Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejó insubistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca 440/2021. En determinación de veintiocho de febrero del año en curso, procedió a analizar las constancias de autos, precisando que los agravios eran parcialmente fundados, pues si bien dentro de la sentencia emitida en el juicio de origen se podía desprender que se condenó al ahora quejoso a hacer la entrega del menor de edad a su progenitora, no menos cierto era que ello no había ocurrido en la realidad, lo que había prevalecido hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, periodo que se encontraba comprendido dentro del reclamo del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. Todo ello, porque del análisis del caudal probatorio, la Sala responsable con plenitud de jurisdicción estimó que en el mundo fáctico no se llevó a cabo la entrega del menor de edad a su madre; hechos que relacionó con las pruebas desahogadas en la incidencia de origen, a los cuales conforme a sus atribuciones les otorgó valor probatorio, cuestiones que permitían arribar a la presunción de que el apelante (aquí quejoso) era quien se había hecho cargo de satisfacer las necesidades del menor de edad, con lo cual se tenía por satisfecha la obligación alimentaria del deudor; y en consecuencia, acorde con la naturaleza del recurso de apelación, procedió a regular la planilla de liquidación de pensiones alimenticias a favor de su diversa hija, por el periodo del tres de febrero de dos mil quince al treinta y uno de abril de dos mil veintiuno. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Trámite del incidente. Mediante escrito presentado por el quejoso el siete de marzo pasado, promovió incidente de denuncia de repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable. SEGUNDO. Admisión del incidente. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de repetición del acto reclamado y, se ordenó dar vista a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días rindieran el informe respectivo. TERCERO. Informe de la responsable. Por oficios recibidos en este Juzgado el once y diecisiete de marzo pasado, las responsables rindieron su respectivo informe; una vez fenecido el término establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo se procede a dictar resolución; y, Por otra parte, en esta fecha téngase por recibido el oficio signado por la Ejecutora Adscrita al Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Lerma, México, con el que rinde su informe del incidente de repetición del acto reclamado; de lo que únicamente se toma conocimiento, en virtud de que ya obra en autos. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de repetición del acto reclamado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. A fin de una mejor comprensión del presente asunto, se impone relatar la génesis de la controversia. 1. El quejoso José Manuel Hernández Ramírez, por propio derecho, promovió juicio de amparo donde reclamó de la Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 440/2021, a través de la cual quedaron intocados los resolutivos primero, tercero y cuarto de la interlocutoria de trece de julio de dos mil veintiuno, en el incidente de liquidación de pensión alimenticia adeudada, derivado del expediente 280/2013; y que a su vez modificó el resolutivo segundo condenando al quejoso a pagar la cantidad de $110,907.46 (ciento diez mil novecientos siete pesos 46/100 m.n.), por concepto de pensión alimenticia a favor de sus acreedores alimentarios, correspondiente al periodo del tres de febrero del año dos mil quince al treinta de abril de dos mil veintiuno; de (2) Juez y del (3) Ejecutor adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México la ejecución de la citada resolución. 2.- Una vez radicado el sumario constitucional, y seguido en sus etapas procesales, mediante sentencia firmada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal otorgó la protección constitucional solicitada por la peticionario del amparo, bajo los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la tutela constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, deberá realizar lo siguiente: A. Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado. B. Dicte otra determinación en la, reitere los pronunciamientos que se estimaron constitucionales en esta sentencia, asimismo, con libertad de jurisdicción proceda al análisis de los medios de prueba, así como del cúlmulo de todas las actuaciones que obran en autos, con la finalidad de determinar si el pequeño J.M.H.R. durante el periodo del tres de febrero al diecinueve de mayo de dos mil quince, se encontró bajo el cuidado del quejoso, y en caso de ser procedente, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, justificando razonadamente el monto de la obligación alimentaria a cargo del quejoso por todo el periodo solicitado en la planilla de pensiones vencidas. Por cuanto a las autoridades ejecutoras, deberán estarse a lo que resuelva la ordenadora en acatamiento a este fallo". 3. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, causó firmeza la sentencia de mérito y se solicitó su cumplimiento. 4. Previa petición de prórroga para el cumplimiento, a través de los oficios con folios 2411, 2788 y 2917, la Sala responsable remitió las constancias de las que se advierte que realizó lo siguiente: Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejó insubistente la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dentro del toca 440/2021. En determinación de veintiocho de febrero del año en curso, procedió a analizar las constancias de autos, precisando que los agravios eran parcialmente fundados, pues si bien dentro de la sentencia emitida en el juicio de origen se podía desprender que se condenó al ahora quejoso a hacer la entrega del menor de edad a su progenitora, no menos cierto era que ello no había ocurrido en la realidad, lo que había prevalecido hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno, periodo que se encontraba comprendido dentro del reclamo del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. TERCERO. Fundamento de la pretensión. El quejoso argumenta que la responsable, incurre en repetición del acto reclamado, pues refiere que lo volvió a condenar al pago de una pensión alimenticia por determinado monto y periodo. CUARTO. Informe de la Sala. La Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, México, al momento de rendir su informe con motivo de la denuncia de repetición del acto reclamado, señaló que no es cierto que hubo repetición del acto reclamado, ello en razón de que el veintiocho de febrero del año en curso, emitió una nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que observó todos los puntos indicados. QUINTO. Es infundado el incidente. Ahora bien, para orientar la solución del asunto, cabe precisar que la figura de la repetición del acto reclamado se encuentra regulada en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 199 de la Ley de Amparo, la cual se configura cuando, una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto autoritario, que se consideró inconstitucional por estar viciado uno de sus elementos, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado con un acto u omisión ulterior en los mismos términos que el primero, con el mismo sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos protegidos en el fallo constitucional. Así, el objeto de la institución en comento consiste en salvaguardar los efectos de la cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo, porque el propósito que se persigue con este procedimiento consiste en compeler a la autoridad responsable para que quede insubsistente el acto denunciado como repetitivo y en el caso de ser procedente, previa la secuela procesal, separar de su cargo a la responsable y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda para la instrucción del proceso respectivo. Ahora, para la existencia de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de derechos que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones que el órgano jurisdiccional tomó en consideración y declaró inconstitucionales al otorgar la protección solicitada por la parte quejosa. Conviene destacar que el fin de la figura de la repetición del acto reclamado es impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional. Además, para que se configure la aludida repetición se requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: Objeto de la decisión; Fundamento jurídico; y, Sujetos Sustenta la anterior determinación, la tesis I.4o.A.62 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, registro electrónico 177476, de título, subtítulo y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c) Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren, habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe repetición del acto reclamado." En este sentido, para determinar si existe repetición del acto reclamado es necesario comparar el acto que dio origen al juicio de derechos con el nuevo que se acusa de reiterativo, considerando, de manera fundamental, los efectos vinculatorios de la sentencia que otorgó el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 68/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 195588, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 412, de subtítulo y texto siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUÉLLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." En consecuencia, para determinar si existe repetición del acto reclamado, debe efectuarse un análisis comparativo entre la nueva resolución denunciada como repetición y aquella que fue materia del fallo protector. En efecto, de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, se advierte que se sostuvo en las consideraciones siguientes: Que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, habida cuenta que la Sala no analizó si efectivamente el menor de edad se encontraba materialmete con el peticionario del amparo durante el periodo del tres de febrero al diecinueve de mayo, ambos de dos mil quince, con independencia de si existía o no consentimiento de la madre y de quien ostentaba la guarda y custodia; para con ello poder dilucidar sobre el grado de incumplimiento al pago de las pensiones alimenticias que le fueron reclamadas. En otros términos, si bien procesalmente con motivo de la sentencia emitida en el procedimiento de origen, se le condenó al quejoso a entregar al menor de edad a su madre, no menos verídico es que, existen probanzas que no valoró la responsable y que apuntan a que el menor permaneció durante todo el periodo por el que se solicita el pago de las pensiones alimenticias vencidas, al lado del padre; de ahí que, para poder realizar el cálculo correcto por los periodos que se reclaman -del tres de febrero al diecinueve de mayo, ambos de dos mil quince y a partir del veinte de mayo de dos mil quince y hasta el treinta de abril de dos mil veintiuno-, es necesario dilucidar al cuidado de quién se encontraba el menor, para con ello, proceder a la cuantificación de la planilla correspondiente. Así, el amparo se otorgó para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la tutela constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, por lo que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, la Sala Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, deberá realizar lo siguiente: A. Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado. B. Dicte otra determinación en la, reitere los pronunciamientos que se estimaron constitucionales en esta sentencia, asimismo, con libertad de jurisdicción proceda al análisis de los medios de prueba, así como del cúlmulo de todas las actuaciones que obran en autos, con la finalidad de determinar si el pequeño J.M.H.R. durante el periodo del tres de febrero al diecinueve de mayo de dos mil quince, se encontró bajo el cuidado del quejoso, y en caso de ser procedente, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, justificando razonadamente el monto de la obligación alimentaria a cargo del quejoso por todo el periodo solicitado en la planilla de pensiones vencidas. Por cuanto a las autoridades ejecutoras, deberán estarse a lo que resuelva la ordenadora en acatamiento a este fallo". Por su parte, la Sala responsable, en la resolución que a criterio del quejoso dieron pie a la repetición del acto reclamado estableció lo siguiente: ".Consecuentemente, fue incorrecto, que el A quo no hubiese tomado en consideración, la contribución alimentaria que realiza el señor JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, para con su menor hijo, al tenerlo incorporado a su lado, y que por tanto, aquél ha cubierto directamente las necesidades alimentarias de su menor hijo. En esa tesitura, a fin de estar en posibilidad de reparar el agravio causado al inconforme, este Tribunal se substituye al de Primer Grado, para regular la liquidación planteada, atento a las consideraciones vertidas en el desarrollo de este fallo sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro y texto literal siguiente: "No. Registro: 177,094 Jurisprudencia Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Octubre de 2005 Tesis: XI.20.J/29 Página: 2075 AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. AL NO EXISTIR REENVÍO EL AD QUEM DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN Y ABORDAR OFICIOSAMENTE SU ANÁLISIS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SUPLENCIA DE AQUÉLLOS. Si bien es cierto que en la apelación contra el fallo definitivo de primer grado el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, a través de los agravios, las acciones, excepciones y defensas que se hayan hecho valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo sería incongruente, también lo es que esa regla es general dado que en la apelación no existe reenvío, por lo que el órgano jurisdiccional de segundo grado no puede devolver las actuaciones para que el a quo subsane las omisiones en las que hubiera incurrido, en aras de respetar ese principio de congruencia y no dejar inaudito a ninguno de los contendientes por lo que, a fin de resolver la litis natural en todos sus aspectos, el ad quem debe reasumir jurisdicción y abordar oficiosamente el análisis correspondiente, sin que ello implique suplencia de los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. [.] Conforme a lo antes expuesto, se procede a realizar la cuantificación correspondiente en los términos siguientes: I. Temporalidad a liquidar. Del tres de febrero del dos mil quince al treinta de abril del dos mil veintiuno. A razón de medio salario mínimo, por lo que hace únicamente a favor de AZUL NATALY HERNÁNDEZ REYES. II. Diferencia entre la cantidad que se adeuda y la cantidad aportada. Del periodo reclamado el señor JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, debió aportar la cantidad de $107,386.20 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), como se desprende del recuadro que se emplea para una mejor ilustración: (IMAGEN) Sin que de actuaciones, se advierta, que el señor JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, hubiera cumplido cabalmente con su obligación alimentaria. Por lo antes expuesto, es procedente regular la planilla formulada por la actora, y se aprueba únicamente a favor de la menor AZUL NATALY HERNÁNDEZ REYES, por la cantidad de $107,386.20 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), por concepto de pensión alimenticia del período comprendido del tres de febrero del dos mil quince, al treinta de abril del dos mil veintiuno. No pasa inadvertido para este Tribunal de Alzada, que la señora ROGELIA REYES PEÑA, exhibió como pruebas supervenientes, diversas documentales relacionadas con gastos que ha realizado en razón al padecimiento de su menor hija AZUL NATALY HERNÁNDEZ REYES; sin embargo, el hecho de que se le haya considerado como pago alimentario de su menor hijo, el que el deudor alimentario lo tenga incorporado, en nada afecta a los derechos de la citada menor, habida totalidad, cuenta que se ha liquidado en su pensión alimenticia que a ésta corresponde. Consecuentemente lo que procede es modificar el fallo apelado. IV. El presente caso no se encuentra dentro de lo previsto en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que no debe de hacerse condena al pago de gastos y costas judiciales en esta Segunda Instancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1.366 y 1.391 del Código de Procedimientos Civiles es procedente resolver y se: RESUELVE PRIMERO.- Los argumentos de agravio que expresa el apelante JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, resultan parcialmente fundados; consecuentemente, se modifica el fallo apelado, en su resolutivo SEGUNDO, para quedar en los términos siguientes: "SEGUNDO. Se condena al señor JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ, a pagar la cantidad de $107,386.20 (CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.), por concepto de pensión alimenticia a favor de su acreedora alimentara AZUL NATALY HERNÁNDEZ REYES, a través de la actora incidentista ROGELIA REYES PEÑA, correspondiente al periodo que comprende del tres de febrero del año dos mil quince, al día treinta de abril del año dos mil veintiuno." SEGUNDO. Quedan intocados los resolutivos PRIMERO, TERCERO y CUARTO, por no haber sido motivo de agravio. TERCERO. No se hace condena en costas judiciales en esta Segunda Instancia." Como se puede ver, al contrario de lo sustentado por el incidentista, la Sala responsable, si bien vuelve dictar una sentencia en la que lo condena, también lo es, que precisó que la condena es únicamente por cuanto hace a la menor de iniciales A.N.H.R., no así por el menor J.M.H.R. Además, determinó procedente regular la planilla formulada por la actora y aprobarla únicamente a favor de la menor de iniciales A.N.H.R., condenándolo únicamente por lo que refiere a la citada menor, razón por la que modificó el fallo apelado. Atento a lo anterior, a juicio de quien resuelve, no existe repetición del acto reclamado, pues como quedó evidenciado, en el nuevo acto, contrario a lo que alude el quejoso, se atendieron los efectos de la concesión del amparo, lo cual es suficiente para determinar que no existe repetición del acto reclamado, pues, se insiste, la actualización de esta figura jurídica requiere que el acto denunciado en el incidente respectivo reitere las mismas violaciones y motivos por los que se otorgó la protección constitucional, de suerte que reproduzca las características básicas de lo que fue materia del amparo; circunstancias que en la especie no aconteció. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 25/94, de la entonces Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no reñir con el contenido de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, con registro 206579, publicada en Octava Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 81, Septiembre de 1994, página 15, de título y contenido: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo." Sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que el acto denunciado tenga el mismo sentido de afectación para el disconforme, pues se insiste, para determinar si hay o no repetición del acto reclamado debe examinarse el elemento o elementos del acto que se declaró inconstitucional, para saber si entre ambos existe o no identidad, lo que no sucede en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 30/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VII, Mayo de 1998, página 337, de registro 196209, de rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." En consecuencia, procede declarar infundada la denuncia de repetición del acto reclamado pretendida por el quejoso. En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Es infundada la denuncia de repetición del acto reclamado hecha valer por el quejoso José Manuel Hernández Ramírez.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, intégrese el oficio de la Ejecutora adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por medio del cual rinde informe en relación al incidente de repetición del acto reclamado, para ser tomado en cuenta al momento de resolver el citado incidente; atento a ello, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada Rogelia Reyes Peña, a través del cual, se apersona al juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados. APERSONAMIENTO En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al sumario. DOMICILIO En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, fracción II, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del amparista el usuario electrónico "9604845"; mismo que se autoriza para la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) la dirección electrónica que proporciona.

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