José Manuel Hernandez Cárdenas

Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
932/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Hernandez Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con residencia en la Ciudad de Torreón, Coahuila, con el que acusa recibo del diverso oficio número 34715 del índice de este Juzgado, con el que se le remitieron los autos originales del juicio de garantías 28151/2021promovido por ----------, en favor de -------------, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, por motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto ----, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente cuadernillo, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso j) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo en el cual este Juzgado careció de competencia legal por razón de territorio para seguir conociendo del presente asunto. Notifíquese.-

  2. Principal

    agréguese el oficio terminación 12420/2021 y anexo, del encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango; resérvese acordar lo que corresponda una vez que se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, que tocó conocer de la incompetencia planteada por este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por -----------, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 932/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Incompetencia. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la demanda en trato, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo" La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución; así, de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también por acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Se debe tener presente, además, el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Las formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" Ahora, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, se tiene que la primera parte del artículo en mención hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Un criterio que interpreta el citado precepto es el realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" La anterior tesis interpreta que el motivo para establecer como competente al juez de Distrito en donde materialmente se realice, trate de realizarse o se haya ejecutado el acto reclamado, es porque redunda en beneficio de una impartición pronta y expedita de la justicia, dado que si conoce del presente asunto el juez que radica en el lugar donde tendrá ejecución o haya tenido ejecución el acto reclamado, contará con más facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas, sino especialmente en lo relativo al cumplimiento de los fallos que se dicten en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar este juzgado. Es por ello que es juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer la litis entre las autoridades y el promovente, y en aras de respetar los derechos de defensa de éste y otorgarle las mayores facilidades para llevarla al cabo. Establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó, como autoridad responsable y acto destacado, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señaló como autoridad responsable: Al ciudadano Director del CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 14 "CPS DURANGO", con domicilio perfectamente conocido y ubicado en Carretera Jiménez Chihuahua Kilometro treinta, Ejido, seis de Octubre, Santa Clara, Gómez Palacio, Durango" "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la FALTA DE INFORMACIÓN, DATOS, INGRESO A DICHO CENTRO FEDERAL, A QUE AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN, CAUSA PENAL, a darme cualquier tipo de informe, dejándolo en estado de indefensión, en virtud de que al no poder acceder y tener comunicación de SU ESTATUS PROCESAL y del porque fue detenido, se le ha visto impedido el derecho de nombrar un defensor particular, ello al desconocer su número de causa penal y autoridad que lo tiene a disposición" En el caso, el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el quejoso Jesús Manuel Hernández Cárdenas, está interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, ya que menciona que el doce de julio del año dos mil veintiuno, se enteraron de que se encontraba interno en dicho Centro Federal. Con base en las premisas anteriores se desprende que al existir dicha manifestación de la parte promovente, de que los actos reclamados se ejecutan en aquella entidad federativa, porque ahí es donde actualmente está interno el quejoso, se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por ende, el Tribunal que tiene jurisdicción territorial para conocer del presente juicio, es el Juez de Distrito en Turno en La Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Lo anterior es así, toda vez que en esa localidad de Gómez Palacio, Durango, tienen imperio los Juzgados de Distrito de La Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, de conformidad con lo que establece el punto primero, fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto señala: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente:. VIII. OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los Municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del gallo y Tlahualilo del Estado de Durango". En suma, no se puede estar en el supuesto contemplado en la norma en cita, el cual refiere que cuando un acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el que haya prevenido; esto, porque como lo refiere el promovente en su demanda, bajo protesta de decir verdad, el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO" con residencia en Gómez Palacio. Bajo esa perspectiva, es de considerarse que este órgano jurisdiccional no puede conocer del juicio de amparo en que se actúa y, por consiguiente, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, relativa a que, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, surtiéndose por ende la competencia para conocer del presente juicio de garantías a favor del juzgado competente en La Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse el presente expediente al Juzgado de Distrito en La Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila, en turno, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada en su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. IV. Suspensión de plano. Por otro lado, del contenido integral de la demanda de garantías, en específico, del capítulo de suspensión, se advierte que el promovente reclama la incomunicación que está siendo objeto el directo quejoso, esto es, un acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, con apoyo en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, únicamente se señala como responsable a autoridad administrativa, teniendo tal carácter el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, sin que de la lectura de la demanda derive la intervención de la autoridad judicial rectora del proceso; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO RECLAMADO para el efecto de que cese de inmediato, debiendo además informar la autoridad responsable dentro de veinticuatro horas, el cumplimiento dado a dicha suspensión, en virtud de la naturaleza de ese tipo de reclamo, lo que deberá comunicar mediante vía telegráfica. Comuníquese lo anterior al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, girándose el oficio respectivo, en razón que el quejoso se encuentra interno en dicho centro federal, a efecto de que proceda a cumplir la suspensión otorgada. En el entendido de que la presente suspensión surtirá sus efectos de inmediato y estará vigente hasta en tanto la autoridad competente para conocer el presente juicio, se pronuncie sobre su admisión o desechamiento, así como si ratifica la presente suspensión de plano. V. Notifíquese por medio de lista. Notifíquese el presente auto por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia, aplicada por analogía, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE" Lo anterior también se apoya en el hecho de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese por medio de lista.

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