José Manuel Hernández Aguilar
Expediente 1234/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Manuel Hernández Aguilar
- José Manuel Hernández Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1609, procedente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 208/2022-IV, número de orden 288/2022-IV, del índice de este juzgado, mismo que quedó registrado en su estadística bajo el diverso 488/2022-I; en consecuencia, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Cuatro de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente toda vez que así lo refirió. No pasa desapercibido que el quejoso José Manuel Hernández Aguilar, en el acto de la notificación manifestó que se desistía de la presente demanda de amparo; sin embargo, dado que el exhorto fue enviado para efecto de notificar al citado quejoso el proveído de doce de julio de dos mil veintidós, donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, motivo por el cual no se hace necesario hacer mayor pronunciamiento sobre su manifestación.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 58381/2022, procedente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, por medio del cual mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 194/2022-IV, número de orden 271/2022-IV, del índice de este juzgado, mismo que quedó registrado en su estadística bajo el diverso 461/2022-I; en consecuencia, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Cuatro de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente toda vez que así lo refirió.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, doce de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales de la referida responsable, las constancias que anexó a su informe. Ahora, una vez que fueron analizadas las constancias de cuenta, a las que se les concede plena eficacia demostrativa al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y el estado procesal que guarda el presente expediente, se puede advertir lo siguiente: Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, José Manuel Hernández Aguilar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: La omisión de enviar la causa penal 125/2016, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en contra del aquí quejoso. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, contra el mencionado acto reclamado; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado (con el que se da cuenta), manifestó que no es cierto el acto reclamado, porque desde nueve de junio de dos mil veintidós, envió el original de la causa penal 125/2016, consistente en cinco tomos, al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado, a través del oficio 1516/2022, a fin de sustanciar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en contra del aquí quejoso de referencia; cuya omisión se reclama en el presente juicio de amparo. De lo antes narrado, es inconcuso que, a la fecha en que se promovió el juicio de amparo (veinticuatro de junio de dos mil veintidós), no existía el acto reclamado, consistente en: La omisión de enviar la causa penal 125/2016, al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada en contra del aquí quejoso, en virtud de que desde el nueve de junio del año en curso, el Juez responsable envió al tribunal de Alzada la causa penal de origen, para la substanciación del citado medio de impugnación; razón por la cual, en términos de la última parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente la omisión reclamada, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, al actualizarse un motivo de sobreseimiento, tal como se expondrá a detalle enseguida. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dispone que es procedente sobreseer en el juicio de amparo que en su caso se tramite, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Asimismo, es necesario establecer una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1, fracción I y 75. El artículo 1, fracción I, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en armonía con los diversos mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en la fracción IV del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto que nos ocupa, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que está claramente demostrado que no existía el acto reclamado, como ya quedó asentado en líneas que anteceden. Máxime que la causa de improcedencia que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: La jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronto, completa e imparcial". (Registro 184572; Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue aprobada en sesión privada de catorce de Febrero de dos mil tres, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Y la tesis II. 1o. C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que señala: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no exista la solicitud, o bien, que antes de imponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". (Registro 210237; Tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 313, de la Parte XIV-Octubre de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación). Por otra parte, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, con residencia en Tepic, Nayarit, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y el diverso 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto vía sise al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: Notifique personalmente al quejoso José Manuel Hernández Aguilar, y el presente proveído, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro Noreste, en Tepic, Nayarit. Solicitando al Juez que le toque conocer la presente comunicación oficial que una vez que la misma sea diligenciada, se sirva ordenar devolverla por la misma vía de inmediato. Sin que sea el caso solicitarle el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera al enviarse. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles para que los Actuarios de su adscripción, lleven a cabo las diligencias encomendadas; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese, y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a José Manuel Hernández Aguilar, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable indicada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en tercer considerativo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.
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