Jose Manuel Guerrero Servin
Expediente 270/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Manuel Guerrero Servin
Actuaciones
- Principal
III... Téngase recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 158/2022-III, librado a fin de notificar a la parte quejosa el auto por el cual se efectuaron diversos requerimientos.
- Principal
III... Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refieren los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
III... Agréguese el escrito signado por el quejoso, a través del cual desahoga la prevención formulada en autos, para lo cual relata los antecedentes del acto que se reclama. DESECHA DEMANDA. Vista nuevamente la demanda de que se trata, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto, es menester señalar que el supuesto normativo restringe la procedencia del juicio de amparo cuando el acto refutado de inconstitucional provenga de autoridades diversas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que por su naturaleza sean susceptibles de revisarse de oficio de acuerdo a los ordenamientos legales que los regulen o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse. Sin embargo, para concretizar la citada causa de improcedencia, es requisito indispensable que las leyes que regulen aquellos juicios, recursos o medios de defensa, también estén en aptitud de suspender los efectos de los actos reclamados, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin que se exijan mayores requisitos a los establecidos en la referida legislación para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor para resolver lo concerniente a la medida cautelar de carácter provisional. Lo anterior con independencia de que el acto de autoridad -por su naturaleza jurídica- pueda o no ser paralizado. En la especie están constituidos los requisitos que contempla la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que los actos reclamados son susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa que se contempla en el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues los actos reclamados y su ejecución son atribuidos a autoridades adscritas a una empresa que trabaja con una concesión extendida por el Gobierno del Estado de México, esto es Grúas Pegaso, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ende, se colige que los actos reclamados provienen de autoridades diversas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así las cosas, se estima actualizada la hipótesis normativa en estudio, pues por una parte, los actos reclamados que se consideran violatorios de derechos fundamentales se atribuyen a autoridades diversas a los tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo y, por otra, son susceptibles de modificarse, revocarse o nulificarse mediante el juicio contencioso administrativo, a través del cual pueden suspenderse. De ahí que el peticionario de amparo debe hacer valer dicho proceso previo acudir ante esta instancia a denunciar la posible transgresión de sus derechos humanos. Además, a través del procedimiento contencioso administrativo es factible suspender la ejecución de los actos reclamados en los mismos términos previstos por la ley de la materia, pues el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece requisitos para conceder la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, ya que en el juicio de nulidad (como en el proceso de amparo) la solicitud debe presentarse por el promovente en cualquier etapa del juicio y podrá concederse si no hay afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que lo daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución sean de difícil reparación. Incluso, el plazo para resolver sobre la medida cautelar es de un día hábil (veinticuatro horas). A título de abundamiento, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1 y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad. Desde esta perspectiva, es inconcuso que los actos reclamados son de aquellos en contra de los cuales es factible promover el juicio contencioso administrativo, por lo que el demandante de amparo estuvo en aptitud de instaurarlos antes de acudir a esta instancia constitucional a denunciar la transgresión de sus derechos sustantivos. Luego, al no haberse promovido el juicio en mención como medio de impugnación para destruir los actos de autoridad combatidos, es claro que se incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo cual es procedente desechar de plano la demanda, con apoyo en el ordinal 113 del mismo ordenamiento. Finalmente, no es inadvertido que no se ha devuelto el exhorto que se giró para notificar a la parte quejosa el acuerdo de nueve del mes en curso, por el cual se efectuaron diversas prevenciones al quejoso; sin embargo, esperar a que se devuelva dicha comunicación no variara el sentido de la presente determinación.
- Principal
IX... Visto el estado procesal de autos, se advierte que no obra el exhorto 101/2022, de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual se turnó al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico registrándolo con el número 70/2022, de su índice. Por tanto, solicítese de manera atenta y respetuosa al Titular del citado órgano jurisdiccional, informe el resultado de la diligencia encomendada, a efecto de continuar con la integración del presente asunto.
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