José Manuel García Valdéz

Expediente 77/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
77/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
19/01/2018

Partes del expediente

  • José Manuel García Valdéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en el presente cuaderno incidental no existe diligencia pendiente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente...

  2. Principal

    se declara que la aludida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. NOTIFICADO QUE SEA EL PRESENTE ACUERDO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  3. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JAVIER BECERRA IBARRA ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN DE SOLUCIONES DE LIQUIDEZ DOMÉSTICA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE NO HABER ACUDIDO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUENTES SEÑALADOS EN LA CONSTANCIA DE AVISO; LA CUAL ES LA SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 77/2017-8-XV; y, R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, resulta legalmente competente ...SEGUNDO.- Especificación del acto reclamado (materia de la litis). Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión, con base en la demanda, y demás constancias que conforman el sumario, el acto combatido a la autoridad responsable, para lo cual se procede de la siguiente manera: Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado: a) El auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en el Estado de Aguascalientes, en el que se admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil, promovida por el endosatario en procuración de Soluciones de Liquidez Domestica Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Margarita Vázquez Castillo entre otras, el cual se dictó con efectos de mandamiento en forma y se facultó al ministro ejecutor para requerir el pago de la suerte principal y de no hacerse se llevaría a cabo el embargo de bienes suficientes para garantizar la deuda. Del Ministro Ejecutor o Actuario del Poder Judicial del Estado: a) La diligencia de embargo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en el Estado de Aguascalientes, en donde se efectúo trabo real y formal sobre bienes muebles de la parte demandada, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas....TERCERO.- Existencia de los Actos. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ...El Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado (foja 49 del cuaderno de amparo) y la Ministra Ejecutora adscrita a la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado (foja 93 ídem), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye. ...CUARTO.- Antecedentes de los actos reclamados. ...QUINTO.- Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Previo a atender las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se aboca al estudio oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible el estudio de la litis. ..."Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte quien sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo podrá seguirse por el directamente agraviado. Visto así, para promover el juicio de amparo, el gobernado debe resentir un agravio que debe ser actual para justificar la acción de amparo, así como una afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Por interés jurídico, debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, que deben estar protegido por alguna norma objetiva y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda, informe justificado y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Se cita la tesis I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 217651, consultable en la página 35, número 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por otra parte, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. ...En este sentido, de las constancias que remitió el Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado, al rendir su informe justificado se advierte la existencia del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 60 a 62 ídem), emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, a través del cual se dictó auto con efectos de mandamiento en forma y se facultó a la autoridad ejecutora para que se constituyera en el domicilio de los demandados y los requiriera por el pago de la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, sus anexidades legales y demás pretensiones, y al no hacerlo en el momento de la diligencia se les embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas. De lo anterior se advierte que el referido auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, no afecta el interés jurídico o legítimo del solicitante del amparo aun en el supuesto de que el quejoso se presentara en esta contienda constitucional con el carácter de tercero extraño al juicio natural, dado que el auto en el que se ordena a la autoridad ejecutora constituirse en el domicilio de los demandados en el juicio de origen y requerir por el pago inmediato de la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y de no hacerlo en el momento de la diligencia se embargarían bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, refiriéndose tal orden, a bienes propiedad de la parte demandada en el juicio ejecutivo 2664/2017 (foja 62 ídem), María Elena Díaz Huerta, y no del quejoso José Manuel García Valdez. Por tanto, el referido auto de requerimiento de pago y/o embargo, al no dictarse en contra del promovente del amparo, por sí mismo no afecta su interés jurídico o legítimo; en consecuencia, por ello, es que se sostiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, página 336, Tomo IV, Parte TCC, tesis 481, Séptima Época, del rubro y texto siguientes: ...En otras palabras para tener por existente la afectación de la esfera jurídica del promovente, es necesario que se demuestre el derecho jurídicamente tutelado que estima afectado precisamente en la fecha en que se emitieron o verificaron los actos de autoridad y con los medios probatorios necesarios, y para ello, no basta justificar que tiene derecho sobre determinados bienes, sino que debe comprobarse también que ese derecho es vigente desde la fecha en que realizaron tales actos de autoridad, así como que es coincidente con el bien afectado en el juicio de origen; por tanto, se reitera que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, y esto sólo lo puede lograr comprobando, con pruebas idóneas y eficaces, el interés jurídico con que se ostenta el quejoso, pues, de no acreditarlo, es clara la conclusión de que ese derecho no puede encontrarse tutelado en nuestro país, toda vez que se encuentran establecidas las leyes que regulan la propiedad y tenencia de los bienes, y su acatamiento es lo que acredita el interés jurídico. Luego, al no haberse colmado ese supuesto en el caso concreto, es que se estima que se ha actualizado la diversa causal de improcedencia examinada, por lo que; con fundamento en lo dispuesto por el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución del acto combatido al no reclamarse por vicios propios, atribuido a la Ministra Ejecutora adscrita a la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado. ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Manuel García Valdez, contra actos de la autoridad responsable, por los motivos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de esta sentencia, la publicación respectiva que de este fallo se realice deberá ser con supresión de datos. ..."

  4. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ MANUEL GARCÍA VALDÉZ LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE NO HABER ACUDIDO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUENTES SEÑALADOS EN LA CONSTANCIA DE AVISO; LA CUAL ES LA SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 77/2017-8-XV; y, R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, resulta legalmente competente ...SEGUNDO.- Especificación del acto reclamado (materia de la litis). Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión, con base en la demanda, y demás constancias que conforman el sumario, el acto combatido a la autoridad responsable, para lo cual se procede de la siguiente manera: Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado: a) El auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en el Estado de Aguascalientes, en el que se admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil, promovida por el endosatario en procuración de Soluciones de Liquidez Domestica Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Margarita Vázquez Castillo entre otras, el cual se dictó con efectos de mandamiento en forma y se facultó al ministro ejecutor para requerir el pago de la suerte principal y de no hacerse se llevaría a cabo el embargo de bienes suficientes para garantizar la deuda. Del Ministro Ejecutor o Actuario del Poder Judicial del Estado: a) La diligencia de embargo de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en el Estado de Aguascalientes, en donde se efectúo trabo real y formal sobre bienes muebles de la parte demandada, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas....TERCERO.- Existencia de los Actos. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. ...El Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado (foja 49 del cuaderno de amparo) y la Ministra Ejecutora adscrita a la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado (foja 93 ídem), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye. ...CUARTO.- Antecedentes de los actos reclamados. ...QUINTO.- Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Previo a atender las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se aboca al estudio oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible el estudio de la litis. ..."Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte quien sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo podrá seguirse por el directamente agraviado. Visto así, para promover el juicio de amparo, el gobernado debe resentir un agravio que debe ser actual para justificar la acción de amparo, así como una afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Por interés jurídico, debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, que deben estar protegido por alguna norma objetiva y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda, informe justificado y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Se cita la tesis I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 217651, consultable en la página 35, número 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por otra parte, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. ...En este sentido, de las constancias que remitió el Juez Cuarto de lo Mercantil del Estado, al rendir su informe justificado se advierte la existencia del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 60 a 62 ídem), emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 2664/2017, a través del cual se dictó auto con efectos de mandamiento en forma y se facultó a la autoridad ejecutora para que se constituyera en el domicilio de los demandados y los requiriera por el pago de la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, sus anexidades legales y demás pretensiones, y al no hacerlo en el momento de la diligencia se les embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas. De lo anterior se advierte que el referido auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, no afecta el interés jurídico o legítimo del solicitante del amparo aun en el supuesto de que el quejoso se presentara en esta contienda constitucional con el carácter de tercero extraño al juicio natural, dado que el auto en el que se ordena a la autoridad ejecutora constituirse en el domicilio de los demandados en el juicio de origen y requerir por el pago inmediato de la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y de no hacerlo en el momento de la diligencia se embargarían bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, refiriéndose tal orden, a bienes propiedad de la parte demandada en el juicio ejecutivo 2664/2017 (foja 62 ídem), María Elena Díaz Huerta, y no del quejoso José Manuel García Valdez. Por tanto, el referido auto de requerimiento de pago y/o embargo, al no dictarse en contra del promovente del amparo, por sí mismo no afecta su interés jurídico o legítimo; en consecuencia, por ello, es que se sostiene que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, página 336, Tomo IV, Parte TCC, tesis 481, Séptima Época, del rubro y texto siguientes: ...En otras palabras para tener por existente la afectación de la esfera jurídica del promovente, es necesario que se demuestre el derecho jurídicamente tutelado que estima afectado precisamente en la fecha en que se emitieron o verificaron los actos de autoridad y con los medios probatorios necesarios, y para ello, no basta justificar que tiene derecho sobre determinados bienes, sino que debe comprobarse también que ese derecho es vigente desde la fecha en que realizaron tales actos de autoridad, así como que es coincidente con el bien afectado en el juicio de origen; por tanto, se reitera que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, y esto sólo lo puede lograr comprobando, con pruebas idóneas y eficaces, el interés jurídico con que se ostenta el quejoso, pues, de no acreditarlo, es clara la conclusión de que ese derecho no puede encontrarse tutelado en nuestro país, toda vez que se encuentran establecidas las leyes que regulan la propiedad y tenencia de los bienes, y su acatamiento es lo que acredita el interés jurídico. Luego, al no haberse colmado ese supuesto en el caso concreto, es que se estima que se ha actualizado la diversa causal de improcedencia examinada, por lo que; con fundamento en lo dispuesto por el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución del acto combatido al no reclamarse por vicios propios, atribuido a la Ministra Ejecutora adscrita a la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado. ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Manuel García Valdez, contra actos de la autoridad responsable, por los motivos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En términos del último considerando de esta sentencia, la publicación respectiva que de este fallo se realice deberá ser con supresión de datos. ..."

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