José Manuel García Félix
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Manuel García Félix
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la autoridad oficiante cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió por incompetencia del juicio de amparo en que se actúa e informa que se avoca al conocimiento del mismo, mismo que registró con el número de amparo directo 1170/2022, de su índice. En consecuencia, archívese este cuadernillo como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se declinó la competencia a diverso órgano jurisdiccional; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, se ordena su destrucción, de conformidad en el artículo 20, inciso a), del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental, así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos a través de los cuales, ********************, apoderado legal de ********************, pretende cumplir con la prevención formulada mediante auto de radicación; así como, solicita la realización de notificaciones a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal y acceso al expediente electrónico. Incompetencia. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para su conocimiento, como se explica a continuación. Al respecto, debe establecerse como premisa de partida que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el amparo, por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Ello fue así interpretado en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. Sobre el tema, los artículos 33, 34, 47 y 170, fracción I y II de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales colegiados de apelación; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley. Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De la anterior transcripción, se puede advertir que los Tribunales Colegiados de Circuito, son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos en contra de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en la misma, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entendiéndose por éstas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido. Se afirma que en la especie se actualiza tal hipótesis, en virtud de que la quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el toca de apelación ********************, del índice de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en la cual se confirmó la diversa emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de lo Familiar de Colima, en el expediente ********************, que declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria y ordenó remitir los autos originales del juicio a la autoridad jurisdiccional competente en París, Francia, la cual cuenta con los resolutivos siguientes: (.) PRIMERO. La personalidad de las partes y el trámite que se siguió para resolver la excepción de incompetencia por declinatoria es el correcto, en términos de lo dispuesto por los artículos 44, 162 y 165, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. SEGUNDO. La personalidad de la incidentista **************, se encuentra debidamente acreditada en autos, en los términos del artículo 46 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, ya que compareció en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de ********************, así como la personalidad de ****************, en su carácter de Apoderado Legal de ***************, de conformidad con el artículo 46 del Código Procesal Civil vigente en el Estado. TERCERO. Se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la incidentista ********************, en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de ******************** en contra del incidentado ********************, por lo que este Órgano Jurisdiccional se abstiene de seguir conociendo del presente asunto. CUARTO. Remítanse una vez que quede firme la presente resolución, mediante Carta Rogatoria con los insertos necesarios al Secretario de Relaciones Exteriores en el Estado de Colima, mediante el oficio correspondiente, para que éste a su vez remita dicha carta rogatoria al Cónsul de Paris, Francia, o a la autoridad diplomática correspondiente, a fin de enviarle los autos originales al Juez Familiar y/o autoridad jurisdiccional especializada en asuntos de familia de dicho lugar, en virtud de que este Juzgado no es competente para conocer ni resolver el presente litigio. (.) (énfasis añadido) En esa tesitura, en contra de la resolución reclamada es procedente el juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se prevé que éste procede en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, que deciden el juicio en lo principal o lo dan por concluido; como lo es el acto objeto de reclamo en el presente sumario en el que se confirmó la resolución que declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria, hecha valer dentro del expediente de origen; lo anterior, en virtud de que del material probatorio ofertado por las partes dentro de dicho juicio, es evidente que tanto la menor como su progenitora, radican en París, Francia desde dos mil dieciocho, por lo que, se dijo, una vez firme dicha interlocutoria, se remitirá al Secretario de Relaciones Exteriores en Colima, carta rogatoria a la autoridad que se estimara propia, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de enviar los autos del expediente de origen, a efecto de que una autoridad jurisdiccional especializada en asuntos familiares en dicha demarcación, resolviera lo correspondiente. Ciertamente, el acto que en la especie se reclama encuadra en los supuestos que establece el precepto legal invocado y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, fracción V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues respecto de la resolución reclamada se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 170, fracción I, de la ley de la materia, que prevé la competencia legal de los Tribunales Colegiados de Circuito. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 30/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Materia Civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 166416, de rubro y texto siguientes: INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA FUNDADA POR ESTIMAR QUE EL COMPETENTE ES UN JUEZ EXTRANJERO PONE FIN AL JUICIO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Cuando al tenor del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se cuestiona la falta de competencia del juez que conoce del juicio por considerar que ésta se surte a favor de un juzgador extranjero, el juez ante quien se plantea la incompetencia debe remitir los autos a su superior jerárquico para que resuelva lo conducente, y si bien éste puede acoger la pretensión del impugnante, su decisión no puede vincular al juzgador foráneo, en tanto que no ejerce jurisdicción sobre él, sino que el único efecto de estimar fundada la excepción de incompetencia es hacer que cese la competencia del juez primigenio y con ella, el juicio, que no podrá continuar al amparo de las leyes mexicanas. En efecto, en la hipótesis referida el tribunal de alzada no puede ordenar a un juez extranjero que conozca del negocio, pero sí puede determinar que conforme a la legislación mexicana el juicio no puede tramitarse, concluir ni ejecutarse, y que ninguno de los jueces respecto de los que ejerce jurisdicción podría darle cauce. Así, se concluye que la resolución dictada al tenor del artículo 167, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria en la que se sostiene que el juez nacional debe abstenerse de conocer de un litigio por estimar que la competencia se surte a favor de un juez extranjero, constituye un acto que pone fin al juicio y, por ende, en su contra procede el amparo directo; máxime que la mencionada resolución es de carácter firme (pues en su contra no procede algún recurso ordinario que pueda modificarla o revocarla), no decide el juicio en lo principal (la materia del litigio) y da por concluida la jurisdicción de los tribunales nacionales. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 fracción I de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, en razón que el acto reclamado constituye una sentencia definitiva; lo anterior, en virtud de que el quejoso reclama la resolución dictada en el toca apelación ******************** del índice de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Colima, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que confirmó la diversa emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de origen ********************, del índice del Juzgado Tercer de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Colima. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el original del presente juicio de amparo, así como las copias de la demanda anexadas por la parte quejosa, para que determine conforme con sus atribuciones lo que en derecho corresponda, solicitando atentamente, que de no existir inconveniente legal alguno, una vez que provea lo conducente, tenga a bien hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional; a fin de estar en posibilidad de proveer el destino del presente cuadernillo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 6/2015 (10a), Del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2008791, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Finalmente, se hace del conocimiento de la superioridad que desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta. Asimismo, que en el presente expediente únicamente obra de manera física el escrito inicial de demanda de amparo, mientras que las diversas actuaciones, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico formulado por este juzgado, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre del año en curso, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que el presente asunto no se encuentra comprendido en el supuesto normativo a que se refiere el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo. Acuse de recepción. Se solicita a la superioridad que, de no existir inconveniente legal alguno, una vez allegadas las actuaciones del presente sumario, tenga a bien acusar la recepción correspondiente. Formación del cuaderno de antecedentes. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio (revisión de cuaderno de antecedentes) emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acceso al expediente y notificaciones electrónicas. Ahora bien, respecto al segundo de los documentos de cuenta, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva. Notifíquese en términos de ley.
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